Jalisco
Concesionarios y usuarios de playas deben 11 MDP a los ayuntamientos
La falta de dos pagos señalados en la concesión es causa de revocación, también impedir el libre acceso a las zonas playeras
GUADALAJARA, JALISCO (14/ABR/2016).- En el papel, los municipios de la Costa de Jalisco tienen convenios con la Secretaría de Hacienda para realizar las funciones de recaudación y cobranza a los particulares por el uso o goce de la zona federal marítimo terrestre (Zofemat), pero en la práctica los ayuntamientos son omisos en el cobro de los derechos.
Según solicitudes de información vía Ley de Transparencia, 379 particulares adeudan hasta 11.1 millones de pesos (MDP) a los ayuntamientos de Puerto Vallarta, La Huerta, Cabo Corrientes y Tomatlán.
De todos, el más omiso en el cobro es La Huerta, pues 152 concesionarios y permisionarios adeudan 7.3 millones. En segundo lugar está Puerto Vallarta: 1.5 MDP de 137 morosos; en Tomatlán: cuatro particulares adeudan 1.7 millones; mientras que en Cabo Corrientes, 88 concesionarios deben cerca de 500 mil pesos.
En Cihuatlán, el tesorero Rafael Hernández Velázquez evadió responder: “Esa información es considerada como confidencial”.
El dinero que se adeuda podría ser utilizado por los municipios para infraestructura y mantenimiento de las playas. Lo contradictorio es que, aunque los recursos que pagan los titulares de las concesiones y permisos irregulares son para beneficio de los municipios, éstos no presionan a los deudores para que estén al corriente de sus obligaciones.
La manera en que los ayuntamientos pueden presionar es entregar puntualmente los informes semestrales de deudores a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y solicitar que se inicie un proceso administrativo para revocar los títulos de concesión. Sin embargo, no existen procedimientos para revocar concesiones en la última década.
La fracción IV del artículo 47 del Reglamento de la Zona Federal Marítimo Terrestre dice que la falta de dos pagos de los derechos señalados en la concesión es causa de revocación. Impedir el libre acceso a las playas marítimas también es considerado incumplimiento de la concesión.
En La Huerta, Juan Carlos Ramírez, encargado de la zona federal, responde que los morosos irregulares son un verdadero problema para el municipio. La causa, admite, es que no hay personal que alcance para realizar las gestiones de cobro, “no tenemos el personal para ponernos a sacar en cada playa a los morosos”.
¿Entonces cómo se va a recuperar la cartera vencida?, responde: “Una empresa va a trabajar con nosotros para capacitar al personal en la realización de los cobros tanto de la Zofemat como del predial, para llevar un procedimiento legal porque no se está llevando y hacer la entrega de apercibimientos… nos interesa levantar la recaudación porque está un poco caída”.
El otro problema es que el Ayuntamiento de La Huerta acepta que no tiene un censo actualizado de la Zofemat, “solamente tenemos los nombres, pero no tenemos el dato de a dónde ir a cobrarles”. Adelanta que el municipio, en coordinación con la Semarnat, ya trabaja en la delimitación del área para ubicar físicamente a cada usuario.
Cabo Corrientes se encuentra en una situación similar, pues tampoco tiene un deslinde de la zona federal. Carlos Rubio Carrillo, jefe de Ingresos y Catastro, detalla que este año se hará el deslinde para saber cuántos usuarios tienen concesión y permiso para uso general, ornato y pesca, y cuántos hacen el uso de acuerdo con el tipo de permiso, “queremos darnos cuenta, queremos acabar con que estén dados de alta con un uso y estén haciendo otro”.
Explica que el municipio ya entregó un padrón de morosos a la Semarnat, aunque no se ha iniciado ningún procedimiento para revocar un título de concesión.
En Tomatlán, el tesorero José de Jesús García informó que se han enviado requerimientos de pago a los deudores y tampoco han iniciado procedimientos administrativos para revocar las concesiones.
SABER MÁS
Prevén recaudar 41 millones este año
Según respondieron los municipios costeros de Jalisco, Puerto Vallarta, La Huerta, Cabo Corrientes, Tomatlán y Cihuatlán esperan recaudar hasta 41.5 millones de pesos (MDP) este año por el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre (Zofemat). El año pasado los cuatro ayuntamientos recaudaron 41.6 millones.
Con 212 títulos de concesiones, 99 permisionarios y 133 concesiones vencidas, el municipio de Puerto Vallarta es el que espera recaudar más recursos en este año: 34.2 millones de pesos.
Hay 11 mil 200 kilómetros de litoral en el país
Según los registros de la Semarnat, a nivel nacional se tienen 17 mil 935 títulos de concesión otorgados para el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o a cualquier depósito formado con agua marítima en los municipios costeros de los 17 estados que cuentan con litoral a lo largo de 11 mil 200 kilómetros.
En Jalisco, la dependencia federal registra 658 títulos de concesión vigentes otorgados para el uso y aprovechamiento de la Zofemat.
Concesiones y usuarios de playas en Jalisco
* 210 no están vigentes. Fuente: Ayuntamientos.
Deben a los ayuntamientos
Recaudación de alcaldías por concesiones o permisos
PROFEPA
Ocultan sanciones y datos de inspecciones
La verificación del uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre (Zofemat) es atribución de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa); sin embargo, la dependencia no informó sobre las acciones de inspección en el último lustro. Se solicitó una entrevista con la delegada en Jalisco, pero evadió responder.
En este contexto, los ayuntamientos costeros coinciden en que la falta de inspectores es una problemática recurrente en el litoral. “Aquí en Cabo Corrientes no tenemos inspectores de zona federal, esto nos afecta porque no nos damos cuenta si la gente está usando como debe de usar sus permisos (el tipo de uso y metros permitidos)”, señala Carlos Rubio Carrillo, jefe de Ingresos y Catastro.
Aunque se solicitó el número de inspectores de la Zofemat en Jalisco, un informe detallado de las acciones de vigilancia e inspecciones llevadas a cabo en los últimos cinco años en cada municipio, así como un informe de las irregularidades detectadas, la delegación de la Profepa tampoco proporcionó la información.
Ni siquiera compartió estadísticas sobre los delitos, denuncias y sanciones por el aprovechamiento indebido de la zona federal.
El aprovechamiento, la explotación, el uso y la realización de actividades no autorizadas; sin título de concesión, permiso o autorización, es un delito previsto y sancionado en la Ley General de Bienes Nacionales.
La zona federal marítimo terrestre es la franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa. Esta zona resulta estratégica por la gran extensión de litorales con que cuenta el país, así como por la riqueza de sus recursos naturales y la importancia de los ecosistemas que alberga.
AUTORIZACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL
Gozan de privilegios y no pagan
Las concesiones otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el litoral costero de Jalisco y los permisos “irregulares” tienen destinatarios con nombres y apellidos políticos, como Ismael Orozco Loreto, ex alcalde de Zapopan, y Humberto Chavira Martínez, quien fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.
Según una base de datos proporcionada por la Semarnat, a través de una solicitud de información, el ex alcalde de Zapopan adeuda desde 2009 a la fecha la cantidad de 100 mil pesos al municipio de La Huerta por explotar dos mil 150 metros cuadrados de la zona federal. El Ayuntamiento refiere que el político tiene un permiso “irregular” en La Manzanilla.
Orozco Loreto, ahora director de Vinculación de la Secretaría de Energía, explica que intentó renovar su concesión por 10 años, pero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le respondió que era improcedente porque ya existía otra autorización similar en la zona. “¿Cómo me otorgaron una concesión 10 años anteriores y ahora me dicen que está encimada?... Metí un reclamo, presenté una serie de pruebas, pero ya no me contestaron y ya no le seguí insistiendo”.
De momento, asegura, no hace ningún uso del lugar. ¿Por qué no paga su adeudo?, se le cuestiona: “Nos ponen en la categoría de irregulares porque no pagamos, pero tampoco tenemos la concesión, pero nos siguen marcando como deudores porque en un momento dado les conviene a ellos (el municipio). Tengo entendido que solamente pagan los que tienen concesión”.
Hasta la SNTE debe
Otro moroso es la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ( SNTE), que también goza de privilegios pues adeuda 87 mil 426 pesos por la concesión que tiene desde el 18 de enero de 2011, con una vigencia de 15 años, para hacer uso de su club vacacional en el estero Salinas de Chamela, carretera federal 200 kilómetro 66. El sindicato ya fue requerido por Tesorería y tampoco ha pagado. Se buscó una entrevista con el líder sindical Miguel Rodríguez Noriega, pero a través de Manuel Rodríguez, de la oficina de prensa, jamás se concretó.
Además de los políticos y sindicatos, existen hoteles exclusivos que tampoco están al corriente de sus pagos. Un ejemplo es el hotel boutique Boca de Iguanas, localizado en la Costa Alegre, que debe 661 mil pesos desde 2009 a la fecha; sin embargo, el hotel sigue ofreciendo “alojamiento lujoso y con estilo, que garantizan unas vacaciones súper relajantes bajo un entorno natural ecológico inalterado”, según presume en su sitio web.
El municipio lo clasifica en el listado de permisionarios irregulares. Carlos Fernández, gerente del hotel, desmiente el adeudo de 661 mil pesos y aclara que sólo deben 70 mil: “Algún día lo vamos a pagar, pero no por el momento porque estamos en una crisis económica, casi a punto de cerrar el hotel… no tenemos los fondos para pagar”. La concesión del hotel se venció en 2014, y se decidió no renovarla “porque hubo una división de las propiedades y ya no tenemos el acceso a la playa, no estábamos haciendo uso y decidimos ya no pagarla”.
Las Alamandas es otro exclusivo resort que también aparece en el listado de permisionarios irregulares del Ayuntamiento. Según su sitio web, el hotel se encuentra en 700 hectáreas de reserva natural virgen de la Costa Alegre, cuenta con cuatro playas vírgenes privadas (aunque la ley señala que todas son públicas) y pista de aterrizaje privada. En este lujoso hotel, la suite más cara cuesta cerca de 30 mil pesos por noche. El contador del hotel, Fernando Araiza, responde que Las Alamandas sí tiene su concesión vigente, aunque no quiso mostrar a este medio una copia del documento: “Es información confidencial… pero si el municipio considera que estamos como irregulares que vengan y aquí les mostramos la concesión vigente de la Semarnat… quizá el municipio no tiene actualizados sus expedientes”.
Hoteles de lujo, en la lista
En la lista de concesionarios también hay un hotel presuntamente señalado por lavado de dinero del narcotráfico. Se trata del Hotelito Desconocido (en Tomatlán), que fue asegurado por la Procuraduría General de la República en agosto pasado, “tras comprobarse” nexos con el operador financiero del cártel Nueva Generación.
La empresa encargada de la supervisión de la construcción del Hotelito Desconocido todavía tiene una concesión vigente en la zona, pese a que el reglamento de las zonas federales considera la revocación del área concesionada si se “propicia, permiten o realizan actos delictuosos dentro del área concesionada”. Hasta la fecha, el municipio reporta un adeudo de 609 mil pesos por parte de la concesionaria W&G Arquitectos.
También en Tomatlán, la cooperativa Pescadores de Jalisco Roca Negra adeuda un millón 176 mil pesos, pero el tesorero José de Jesús García responde que no se ha ejecutado ningún proceso administrativo porque la zona está en posesión de un grupo de pescadores de “muy bajos recursos… estamos trabajando en una negociación provechosa para ambas partes”. Destaca que no fue posible contactar al líder de la cooperativa al no existir un domicilio o número telefónico para hacer contacto.
En Puerto Vallarta, entre los casos más emblemáticos sobresale el de Operadora de desarrollos turísticos Cabo Vallarta, que adeuda 777 mil pesos. En agosto de 2013, el pleno del Ayuntamiento ordenó a la Tesorería regresar a la empresa 13 millones de pesos por cobros indebidos de licencias de construcción, tras una sentencia del Tribunal de lo Administrativo (TAE). Se buscó al gerente de la empresa en la Ciudad de México pero su asistente Cristina Solano dijo que no fue posible contactarlo.
El Ayuntamiento también reporta que el Club de Yates Marina Vallarta opera con una concesión vencida desde junio del 2003, “se informó la situación a la Dirección de Zonas Federales de la Semarnat según oficio 830/13 el 15 de mayo del 2013, a la fecha sin contestación”, indica.
Enrique Ruíz, representante legal de la empresa, informó que debido a cambios en la legislación se firmó un convenio de cesión parcial de derechos de la concesión con la Administradora Portuaria Integral (API), concesionaria de todo el recinto portuario, por lo que aclara que su situación legal está en orden.
Hoteles e inmobiliarias figuran en el listado de las 133 concesiones vencidas de ese municipio: Operadora de Hoteles Buenaventura, Club Vacacional Cemex Marina Vallarta, Inmobiliaria Zig, Desarrollo Marina Vallarta, Hoteles Palo María, Corporativo Hotelero La Nogalera, Inmobiliaria Coral de Vallarta, la asociación de residentes de Bay View Grand y hasta la Comisión Federal de Electricidad.
Pese a que los ayuntamientos están facultados para iniciar un proceso administrativo ante la Semarnat para revocar los títulos de concesión, estos procedimientos brillan por su ausencia en la última década en Jalisco.
Frente a los morosos y permisionarios irregulares, los ayuntamientos son omisos. La Dirección jurídica de Puerto Vallarta respondió: “No se tiene registro de procesos administrativos iniciados por el municipio (para revocar concesiones)”. La Huerta, Cihuatlán, Tomatlán y Cabo Corrientes tampoco tienen registros de concesiones revocadas.
De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas y zona federal marítima terrestre, la falta de dos pagos de los derechos señalados en la concesión es causa de revocación de la misma.
GUÍA
Acuerdo entre ayuntamientos, Estado y Gobierno federal
El fondo del pago de derechos de la Zona federal marítimo terrestre (Zofemat) lo maneja un comité conformado por Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado, el Ayuntamiento costero, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Hacienda. De lo que pagan los titulares de las concesiones, 70% es para uso de los ayuntamientos y 30% entra a una bolsa para proyectos de administración, limpieza, vigilancia y conservación de playas.
Para utilizar ese 30% es necesario que el comité le dé el visto bueno a los proyectos que presenten los municipios. En 2015, por ejemplo, La Huerta recaudó 2.7 millones de pesos (MDP). El 30% se utilizó para un proyecto de bocacalles en Punta Pérula, mientras que en 2014 se compró equipo de topografía, cómputo y vehículos, “el resto del recurso entra a cuenta corriente del municipio”.
El año pasado, con el recurso recaudado el municipio comenzó a levantar, en coordinación con Semarnat, un censo de la Zofemat, aunque aún no tienen las cédulas censales digitales.
El único logro: liberación de Tenacatita
En noviembre pasado, elementos de la Fiscalía del Estado retiraron, mediante un operativo, a 20 elementos de seguridad privada que custodiaban la playa de Tenacatita en La Huerta.
Según el fiscal Eduardo Almaguer, los elementos estaban señalados por hostigamiento y abusos con ciudadanos que buscaban entrar a la playa, a pesar de ser pública.
El gobernador Aristóteles Sandoval anunció la noticia: “Cuando llegué a la administración tomamos la decisión de liberar la Playa de Tenacatita, pero después, grupos de seguridad privada decían a veces quién pasaba y quién no pasaba. Quiero decirles que esta mañana hemos retirado a la Policía privada y ahí se va a hacer cargo la Policía del Estado”, puntualizó ese día el mandatario estatal.
Después del operativo, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, anunció que no se permitiría otorgar ninguna concesión de negocio para asentarse en la playa: “Se hizo un convenio con el Gobierno de La Huerta, para hacer una playa libre, que la gente pueda entrar, y por lo pronto no hay ninguna concesión ni para vinos y licores, ni para restaurante o algún otro tipo de negocio. La concesión de la playa la tiene el municipio, y el compromiso que hizo el municipio fue no dar ni un sólo permiso de ningún tipo”, anunció López Lara.
El Artículo 7 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, Zofemat y terrenos ganados al mar, prohíbe obstaculizar el libre tránsito de esos bienes, pero hasta la fecha, éste ha sido el único esfuerzo por preservar el estado de derecho al liberar el acceso público a la zona federal marítima en la Entidad y permitir el libre paso de habitantes a las playas.
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Según solicitudes de información vía Ley de Transparencia, 379 particulares adeudan hasta 11.1 millones de pesos (MDP) a los ayuntamientos de Puerto Vallarta, La Huerta, Cabo Corrientes y Tomatlán.
De todos, el más omiso en el cobro es La Huerta, pues 152 concesionarios y permisionarios adeudan 7.3 millones. En segundo lugar está Puerto Vallarta: 1.5 MDP de 137 morosos; en Tomatlán: cuatro particulares adeudan 1.7 millones; mientras que en Cabo Corrientes, 88 concesionarios deben cerca de 500 mil pesos.
En Cihuatlán, el tesorero Rafael Hernández Velázquez evadió responder: “Esa información es considerada como confidencial”.
El dinero que se adeuda podría ser utilizado por los municipios para infraestructura y mantenimiento de las playas. Lo contradictorio es que, aunque los recursos que pagan los titulares de las concesiones y permisos irregulares son para beneficio de los municipios, éstos no presionan a los deudores para que estén al corriente de sus obligaciones.
La manera en que los ayuntamientos pueden presionar es entregar puntualmente los informes semestrales de deudores a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y solicitar que se inicie un proceso administrativo para revocar los títulos de concesión. Sin embargo, no existen procedimientos para revocar concesiones en la última década.
La fracción IV del artículo 47 del Reglamento de la Zona Federal Marítimo Terrestre dice que la falta de dos pagos de los derechos señalados en la concesión es causa de revocación. Impedir el libre acceso a las playas marítimas también es considerado incumplimiento de la concesión.
En La Huerta, Juan Carlos Ramírez, encargado de la zona federal, responde que los morosos irregulares son un verdadero problema para el municipio. La causa, admite, es que no hay personal que alcance para realizar las gestiones de cobro, “no tenemos el personal para ponernos a sacar en cada playa a los morosos”.
¿Entonces cómo se va a recuperar la cartera vencida?, responde: “Una empresa va a trabajar con nosotros para capacitar al personal en la realización de los cobros tanto de la Zofemat como del predial, para llevar un procedimiento legal porque no se está llevando y hacer la entrega de apercibimientos… nos interesa levantar la recaudación porque está un poco caída”.
El otro problema es que el Ayuntamiento de La Huerta acepta que no tiene un censo actualizado de la Zofemat, “solamente tenemos los nombres, pero no tenemos el dato de a dónde ir a cobrarles”. Adelanta que el municipio, en coordinación con la Semarnat, ya trabaja en la delimitación del área para ubicar físicamente a cada usuario.
Cabo Corrientes se encuentra en una situación similar, pues tampoco tiene un deslinde de la zona federal. Carlos Rubio Carrillo, jefe de Ingresos y Catastro, detalla que este año se hará el deslinde para saber cuántos usuarios tienen concesión y permiso para uso general, ornato y pesca, y cuántos hacen el uso de acuerdo con el tipo de permiso, “queremos darnos cuenta, queremos acabar con que estén dados de alta con un uso y estén haciendo otro”.
Explica que el municipio ya entregó un padrón de morosos a la Semarnat, aunque no se ha iniciado ningún procedimiento para revocar un título de concesión.
En Tomatlán, el tesorero José de Jesús García informó que se han enviado requerimientos de pago a los deudores y tampoco han iniciado procedimientos administrativos para revocar las concesiones.
SABER MÁS
Prevén recaudar 41 millones este año
Según respondieron los municipios costeros de Jalisco, Puerto Vallarta, La Huerta, Cabo Corrientes, Tomatlán y Cihuatlán esperan recaudar hasta 41.5 millones de pesos (MDP) este año por el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre (Zofemat). El año pasado los cuatro ayuntamientos recaudaron 41.6 millones.
Con 212 títulos de concesiones, 99 permisionarios y 133 concesiones vencidas, el municipio de Puerto Vallarta es el que espera recaudar más recursos en este año: 34.2 millones de pesos.
Hay 11 mil 200 kilómetros de litoral en el país
Según los registros de la Semarnat, a nivel nacional se tienen 17 mil 935 títulos de concesión otorgados para el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o a cualquier depósito formado con agua marítima en los municipios costeros de los 17 estados que cuentan con litoral a lo largo de 11 mil 200 kilómetros.
En Jalisco, la dependencia federal registra 658 títulos de concesión vigentes otorgados para el uso y aprovechamiento de la Zofemat.
Concesiones y usuarios de playas en Jalisco
| Puerto Vallarta | 212 | 232 |
| La Huerta | 221 | 172 |
| Cabo Corrientes | 124 | 92 |
| Cihuatlán | 297 | 0 |
| Tomatlán | 14 | 0 |
| Total | 868 | 496 |
* 210 no están vigentes. Fuente: Ayuntamientos.
Deben a los ayuntamientos
| Municipio | Deudores | Adeudos |
| Puerto Vallarta | 137 | 1’540,096 |
| La Huerta | 152 | 7’337,683 |
| Cabo Corrientes | 88 | 498,259 |
| Cihuatlán | Confidencial | Confidencial |
| Tomatlán | 2 | 1’785,942 |
| Total | 379 | 11’161,980 |
Recaudación de alcaldías por concesiones o permisos
| Municipio | Recaudación 2015 | Estimación 2016 |
| Puerto Vallarta | 35’807,612 | 34’250,000 |
| La Huerta | 2’751,270 | 3’295,057 |
| Cabo Corrientes | 286,000 | 1’000,000 |
| Cihuatlán | 2’696,303 | 2’820,107 |
| Tomatlán | 110,066 | 150,000 |
| Total | 41’651,251 | 41’515,164 |
PROFEPA
Ocultan sanciones y datos de inspecciones
La verificación del uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre (Zofemat) es atribución de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa); sin embargo, la dependencia no informó sobre las acciones de inspección en el último lustro. Se solicitó una entrevista con la delegada en Jalisco, pero evadió responder.
En este contexto, los ayuntamientos costeros coinciden en que la falta de inspectores es una problemática recurrente en el litoral. “Aquí en Cabo Corrientes no tenemos inspectores de zona federal, esto nos afecta porque no nos damos cuenta si la gente está usando como debe de usar sus permisos (el tipo de uso y metros permitidos)”, señala Carlos Rubio Carrillo, jefe de Ingresos y Catastro.
Aunque se solicitó el número de inspectores de la Zofemat en Jalisco, un informe detallado de las acciones de vigilancia e inspecciones llevadas a cabo en los últimos cinco años en cada municipio, así como un informe de las irregularidades detectadas, la delegación de la Profepa tampoco proporcionó la información.
Ni siquiera compartió estadísticas sobre los delitos, denuncias y sanciones por el aprovechamiento indebido de la zona federal.
El aprovechamiento, la explotación, el uso y la realización de actividades no autorizadas; sin título de concesión, permiso o autorización, es un delito previsto y sancionado en la Ley General de Bienes Nacionales.
La zona federal marítimo terrestre es la franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa. Esta zona resulta estratégica por la gran extensión de litorales con que cuenta el país, así como por la riqueza de sus recursos naturales y la importancia de los ecosistemas que alberga.
AUTORIZACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL
Gozan de privilegios y no pagan
Las concesiones otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el litoral costero de Jalisco y los permisos “irregulares” tienen destinatarios con nombres y apellidos políticos, como Ismael Orozco Loreto, ex alcalde de Zapopan, y Humberto Chavira Martínez, quien fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.
Según una base de datos proporcionada por la Semarnat, a través de una solicitud de información, el ex alcalde de Zapopan adeuda desde 2009 a la fecha la cantidad de 100 mil pesos al municipio de La Huerta por explotar dos mil 150 metros cuadrados de la zona federal. El Ayuntamiento refiere que el político tiene un permiso “irregular” en La Manzanilla.
Orozco Loreto, ahora director de Vinculación de la Secretaría de Energía, explica que intentó renovar su concesión por 10 años, pero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le respondió que era improcedente porque ya existía otra autorización similar en la zona. “¿Cómo me otorgaron una concesión 10 años anteriores y ahora me dicen que está encimada?... Metí un reclamo, presenté una serie de pruebas, pero ya no me contestaron y ya no le seguí insistiendo”.
De momento, asegura, no hace ningún uso del lugar. ¿Por qué no paga su adeudo?, se le cuestiona: “Nos ponen en la categoría de irregulares porque no pagamos, pero tampoco tenemos la concesión, pero nos siguen marcando como deudores porque en un momento dado les conviene a ellos (el municipio). Tengo entendido que solamente pagan los que tienen concesión”.
Hasta la SNTE debe
Otro moroso es la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ( SNTE), que también goza de privilegios pues adeuda 87 mil 426 pesos por la concesión que tiene desde el 18 de enero de 2011, con una vigencia de 15 años, para hacer uso de su club vacacional en el estero Salinas de Chamela, carretera federal 200 kilómetro 66. El sindicato ya fue requerido por Tesorería y tampoco ha pagado. Se buscó una entrevista con el líder sindical Miguel Rodríguez Noriega, pero a través de Manuel Rodríguez, de la oficina de prensa, jamás se concretó.
Además de los políticos y sindicatos, existen hoteles exclusivos que tampoco están al corriente de sus pagos. Un ejemplo es el hotel boutique Boca de Iguanas, localizado en la Costa Alegre, que debe 661 mil pesos desde 2009 a la fecha; sin embargo, el hotel sigue ofreciendo “alojamiento lujoso y con estilo, que garantizan unas vacaciones súper relajantes bajo un entorno natural ecológico inalterado”, según presume en su sitio web.
El municipio lo clasifica en el listado de permisionarios irregulares. Carlos Fernández, gerente del hotel, desmiente el adeudo de 661 mil pesos y aclara que sólo deben 70 mil: “Algún día lo vamos a pagar, pero no por el momento porque estamos en una crisis económica, casi a punto de cerrar el hotel… no tenemos los fondos para pagar”. La concesión del hotel se venció en 2014, y se decidió no renovarla “porque hubo una división de las propiedades y ya no tenemos el acceso a la playa, no estábamos haciendo uso y decidimos ya no pagarla”.
Las Alamandas es otro exclusivo resort que también aparece en el listado de permisionarios irregulares del Ayuntamiento. Según su sitio web, el hotel se encuentra en 700 hectáreas de reserva natural virgen de la Costa Alegre, cuenta con cuatro playas vírgenes privadas (aunque la ley señala que todas son públicas) y pista de aterrizaje privada. En este lujoso hotel, la suite más cara cuesta cerca de 30 mil pesos por noche. El contador del hotel, Fernando Araiza, responde que Las Alamandas sí tiene su concesión vigente, aunque no quiso mostrar a este medio una copia del documento: “Es información confidencial… pero si el municipio considera que estamos como irregulares que vengan y aquí les mostramos la concesión vigente de la Semarnat… quizá el municipio no tiene actualizados sus expedientes”.
Hoteles de lujo, en la lista
En la lista de concesionarios también hay un hotel presuntamente señalado por lavado de dinero del narcotráfico. Se trata del Hotelito Desconocido (en Tomatlán), que fue asegurado por la Procuraduría General de la República en agosto pasado, “tras comprobarse” nexos con el operador financiero del cártel Nueva Generación.
La empresa encargada de la supervisión de la construcción del Hotelito Desconocido todavía tiene una concesión vigente en la zona, pese a que el reglamento de las zonas federales considera la revocación del área concesionada si se “propicia, permiten o realizan actos delictuosos dentro del área concesionada”. Hasta la fecha, el municipio reporta un adeudo de 609 mil pesos por parte de la concesionaria W&G Arquitectos.
También en Tomatlán, la cooperativa Pescadores de Jalisco Roca Negra adeuda un millón 176 mil pesos, pero el tesorero José de Jesús García responde que no se ha ejecutado ningún proceso administrativo porque la zona está en posesión de un grupo de pescadores de “muy bajos recursos… estamos trabajando en una negociación provechosa para ambas partes”. Destaca que no fue posible contactar al líder de la cooperativa al no existir un domicilio o número telefónico para hacer contacto.
En Puerto Vallarta, entre los casos más emblemáticos sobresale el de Operadora de desarrollos turísticos Cabo Vallarta, que adeuda 777 mil pesos. En agosto de 2013, el pleno del Ayuntamiento ordenó a la Tesorería regresar a la empresa 13 millones de pesos por cobros indebidos de licencias de construcción, tras una sentencia del Tribunal de lo Administrativo (TAE). Se buscó al gerente de la empresa en la Ciudad de México pero su asistente Cristina Solano dijo que no fue posible contactarlo.
El Ayuntamiento también reporta que el Club de Yates Marina Vallarta opera con una concesión vencida desde junio del 2003, “se informó la situación a la Dirección de Zonas Federales de la Semarnat según oficio 830/13 el 15 de mayo del 2013, a la fecha sin contestación”, indica.
Enrique Ruíz, representante legal de la empresa, informó que debido a cambios en la legislación se firmó un convenio de cesión parcial de derechos de la concesión con la Administradora Portuaria Integral (API), concesionaria de todo el recinto portuario, por lo que aclara que su situación legal está en orden.
Hoteles e inmobiliarias figuran en el listado de las 133 concesiones vencidas de ese municipio: Operadora de Hoteles Buenaventura, Club Vacacional Cemex Marina Vallarta, Inmobiliaria Zig, Desarrollo Marina Vallarta, Hoteles Palo María, Corporativo Hotelero La Nogalera, Inmobiliaria Coral de Vallarta, la asociación de residentes de Bay View Grand y hasta la Comisión Federal de Electricidad.
Pese a que los ayuntamientos están facultados para iniciar un proceso administrativo ante la Semarnat para revocar los títulos de concesión, estos procedimientos brillan por su ausencia en la última década en Jalisco.
Frente a los morosos y permisionarios irregulares, los ayuntamientos son omisos. La Dirección jurídica de Puerto Vallarta respondió: “No se tiene registro de procesos administrativos iniciados por el municipio (para revocar concesiones)”. La Huerta, Cihuatlán, Tomatlán y Cabo Corrientes tampoco tienen registros de concesiones revocadas.
De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas y zona federal marítima terrestre, la falta de dos pagos de los derechos señalados en la concesión es causa de revocación de la misma.
GUÍA
Acuerdo entre ayuntamientos, Estado y Gobierno federal
El fondo del pago de derechos de la Zona federal marítimo terrestre (Zofemat) lo maneja un comité conformado por Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado, el Ayuntamiento costero, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Hacienda. De lo que pagan los titulares de las concesiones, 70% es para uso de los ayuntamientos y 30% entra a una bolsa para proyectos de administración, limpieza, vigilancia y conservación de playas.
Para utilizar ese 30% es necesario que el comité le dé el visto bueno a los proyectos que presenten los municipios. En 2015, por ejemplo, La Huerta recaudó 2.7 millones de pesos (MDP). El 30% se utilizó para un proyecto de bocacalles en Punta Pérula, mientras que en 2014 se compró equipo de topografía, cómputo y vehículos, “el resto del recurso entra a cuenta corriente del municipio”.
El año pasado, con el recurso recaudado el municipio comenzó a levantar, en coordinación con Semarnat, un censo de la Zofemat, aunque aún no tienen las cédulas censales digitales.
El único logro: liberación de Tenacatita
En noviembre pasado, elementos de la Fiscalía del Estado retiraron, mediante un operativo, a 20 elementos de seguridad privada que custodiaban la playa de Tenacatita en La Huerta.
Según el fiscal Eduardo Almaguer, los elementos estaban señalados por hostigamiento y abusos con ciudadanos que buscaban entrar a la playa, a pesar de ser pública.
El gobernador Aristóteles Sandoval anunció la noticia: “Cuando llegué a la administración tomamos la decisión de liberar la Playa de Tenacatita, pero después, grupos de seguridad privada decían a veces quién pasaba y quién no pasaba. Quiero decirles que esta mañana hemos retirado a la Policía privada y ahí se va a hacer cargo la Policía del Estado”, puntualizó ese día el mandatario estatal.
Después del operativo, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, anunció que no se permitiría otorgar ninguna concesión de negocio para asentarse en la playa: “Se hizo un convenio con el Gobierno de La Huerta, para hacer una playa libre, que la gente pueda entrar, y por lo pronto no hay ninguna concesión ni para vinos y licores, ni para restaurante o algún otro tipo de negocio. La concesión de la playa la tiene el municipio, y el compromiso que hizo el municipio fue no dar ni un sólo permiso de ningún tipo”, anunció López Lara.
El Artículo 7 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, Zofemat y terrenos ganados al mar, prohíbe obstaculizar el libre tránsito de esos bienes, pero hasta la fecha, éste ha sido el único esfuerzo por preservar el estado de derecho al liberar el acceso público a la zona federal marítima en la Entidad y permitir el libre paso de habitantes a las playas.
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