Jalisco
Concesionarios de playas deben 12 MDP a municipios
Pese a su falta de recursos, los ayuntamientos costeros son omisos en cobrar los derechos
GUADALAJARA, JALISCO (29/JUL/2012).- El adeudo del pago de derechos por el uso de la zona federal de la Costa de Jalisco es de 12 millones 68 mil 219 pesos, dinero que podrían utilizar los municipios para infraestructura y mantenimiento de las playas, especialmente en municipios como Tomatlán, donde apenas destinan alrededor de 10 millones de pesos de su presupuesto anual para obras hidráulicas, culturales, deportivas y pavimentación de calles.
Lo contradictorio es que, aunque los recursos que pagan los titulares de las concesiones son para beneficio de los municipios, éstos no presionan a los deudores —ni siquiera a aquellos que han privatizado playas— para que vayan al corriente con sus pagos.
La manera en que los ayuntamientos pueden presionar es entregar puntualmente los informes semestrales de deudores a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y solicitar que se inicie un proceso administrativo para revocar los títulos de concesión.
Un ejemplo de que estos procedimientos pueden ser exitosos si hay voluntad del ayuntamiento es el caso de la playa Tenacatita: La Huerta pidió que se revocara la concesión a la Inmobiliaria Rodenas por incumplimiento de la concesión y la Semarnat se la entregó al ayuntamiento para uso y disfrute público.
La fracción IV del artículo 47 del Reglamento de la Zona Federal Marítimo-Terrestre dice que la falta de dos pagos de los derechos señalados en la concesión son causa de revocación. Impedir el libre acceso a las playas marítimas también es considerado incumplimiento de la concesión.
Los ayuntamientos tienen convenios con la Semarnat para ser los encargados de cobrar el pago de derechos. Esto los obliga a entregar un reporte de ingresos el día 5 de cada mes. Los informes de los morosos tienen que ser semestrales, pero casi todos los municipios van retrasados.
Los montos de los adeudos fueron reflejados por los ayuntamientos en sus informes; La Huerta informó a Semarnat en 2009 que la morosidad era de nueve millones de pesos, pero este municipio entregó a este diario —vía la nueva Ley de Información Pública— un reporte de deudores de 2012 que maneja una cifra de cinco millones 35 mil pesos. Para la suma total se eligió esta última cifra, aunque aún no esté reportada.
El subdelegado de Gestión Ambiental de la Semarnat Jalisco, Isidro Lucio, señala que han estado requiriendo a los municipios para que cumplan con la entrega de informes “y, si siguen sin cumplir, analizaremos si dejamos de autorizarles los proyectos”. Hay un consejo que autoriza en qué se gasta el dinero del fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
En municipios como La Huerta, los montos a pagar por concesiones para protección, administración, de uso general y de ornato varían entre dos mil y casi 90 mil pesos anuales.
El alcalde Carlos Román Ramírez ha señalado (EL INFORMADOR, 23/JUL/2012) que los municipios deben comenzar a solicitar que se revoquen las concesiones que incumplen con los pagos y los que han privatizado el litoral. De 36 playas en La Huerta, sólo quedan tres con acceso público.
Para el funcionario, estos grandes desarrollos turísticos, que han sido el pretexto para permitir que las autoridades sean omisas en asegurar el libre acceso a las playas, no dejan realmente mucha derrama a los municipios. Por ejemplo, la mayoría tiene residencias de lujo que se rentan en el extranjero para turistas de alto poder adquisitivo o para reality shows, pero no pagan impuestos en México porque aseguran que son invitados especiales.
Uno de los principales deudores es Blue Bay por el uso de la playa Los Ángeles Locos de Tenacatita. La cifra es de más de tres millones de pesos y la concesión se vence el próximo año, por lo que las autoridades locales consideran que la próxima administración priista debe pedir que se retire la concesión y vuelva a ser de acceso público.
El manejo del dinero
El fondo del pago de derechos de la Zona Federal Marítimo-Terrestre lo maneja un comité conformado por Secretaría de Finanzas del Estado, el municipio, la Semarnat y la Secretaría de Hacienda. De lo que pagan los titulares de las concesiones, 70% es para uso de los ayuntamientos y 30% entra a una bolsa para proyectos de administración, limpieza, vigilancia y conservación de playas.
Para utilizar ese 30% es necesario que el comité le dé el visto bueno a los proyectos que presente el municipio.
Isidro Lucio Virrueta reflexiona que en México es común que los municipios no cobren a los deudores que utilizan las zonas federales marítimo-terrestres, “pero hay una serie de inconsistencias en la legislación, por lo que urge que se modifique la Ley de Bienes Nacionales y que los municipios cambien la ley de urbanismo o algo que les asegure el cumplimiento de las concesiones”.
Lo más urgente es que se estipule para cada concesionario y propietario que limita con las zonas federales marítimo-terrestres cómo deberán ser los caminos de acceso a las playas. “Que se especifiquen metros, longitud, si pueden entrar o no vehículos. Porque, en los hechos, lo que hacen es dejar únicamente el acceso pero por la playa; ahí no lo limitan, pero sólo puede entrarse por mar, no por tierra. Y la Semarnat puede llegar a acuerdos como no cobrarles un año la concesión a cambio del terreno que pierden por abrir la servidumbre de paso”.
CONTEXTO
Derechos y dinero
La deuda del pago de derechos del uso de zonas federales marítimo terrestres es de 12 millones 068 mil 019 pesos.
Los municipios de la Costa son Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta.
A excepción de este último, los otros ayuntamientos manejan presupuestos de menos de entre 70 y 100 millones de pesos, de acuerdo con información obtenida en la página de Inegi.
Tomatlán es un ejemplo de la situación raquítica que viven los municipios de la Costa. En 2010 tuvo un presupuesto de poco más de 70 millones de pesos, de los cuales 30 fueron para nómina, prestaciones, salarios caídos, etcétera. Sólo 10 millones de pesos pudieron utilizarse para infraestructura de agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles y construcción de redes de comunicación.
DATOS DE SEMARNAT
Adeudos de los concesionarios
Pto. Vallarta Dos millones 937 mil 742 pesos.
Cabo Corrientes 385 mil 636 pesos.
Tomatlán 542 mil 900 pesos.
Cihuatlán Tres millones 166 mil 680 pesos.
La Huerta Cinco millones 36 mil pesos (de 143 deudores).
Lo contradictorio es que, aunque los recursos que pagan los titulares de las concesiones son para beneficio de los municipios, éstos no presionan a los deudores —ni siquiera a aquellos que han privatizado playas— para que vayan al corriente con sus pagos.
La manera en que los ayuntamientos pueden presionar es entregar puntualmente los informes semestrales de deudores a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y solicitar que se inicie un proceso administrativo para revocar los títulos de concesión.
Un ejemplo de que estos procedimientos pueden ser exitosos si hay voluntad del ayuntamiento es el caso de la playa Tenacatita: La Huerta pidió que se revocara la concesión a la Inmobiliaria Rodenas por incumplimiento de la concesión y la Semarnat se la entregó al ayuntamiento para uso y disfrute público.
La fracción IV del artículo 47 del Reglamento de la Zona Federal Marítimo-Terrestre dice que la falta de dos pagos de los derechos señalados en la concesión son causa de revocación. Impedir el libre acceso a las playas marítimas también es considerado incumplimiento de la concesión.
Los ayuntamientos tienen convenios con la Semarnat para ser los encargados de cobrar el pago de derechos. Esto los obliga a entregar un reporte de ingresos el día 5 de cada mes. Los informes de los morosos tienen que ser semestrales, pero casi todos los municipios van retrasados.
Los montos de los adeudos fueron reflejados por los ayuntamientos en sus informes; La Huerta informó a Semarnat en 2009 que la morosidad era de nueve millones de pesos, pero este municipio entregó a este diario —vía la nueva Ley de Información Pública— un reporte de deudores de 2012 que maneja una cifra de cinco millones 35 mil pesos. Para la suma total se eligió esta última cifra, aunque aún no esté reportada.
El subdelegado de Gestión Ambiental de la Semarnat Jalisco, Isidro Lucio, señala que han estado requiriendo a los municipios para que cumplan con la entrega de informes “y, si siguen sin cumplir, analizaremos si dejamos de autorizarles los proyectos”. Hay un consejo que autoriza en qué se gasta el dinero del fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
En municipios como La Huerta, los montos a pagar por concesiones para protección, administración, de uso general y de ornato varían entre dos mil y casi 90 mil pesos anuales.
El alcalde Carlos Román Ramírez ha señalado (EL INFORMADOR, 23/JUL/2012) que los municipios deben comenzar a solicitar que se revoquen las concesiones que incumplen con los pagos y los que han privatizado el litoral. De 36 playas en La Huerta, sólo quedan tres con acceso público.
Para el funcionario, estos grandes desarrollos turísticos, que han sido el pretexto para permitir que las autoridades sean omisas en asegurar el libre acceso a las playas, no dejan realmente mucha derrama a los municipios. Por ejemplo, la mayoría tiene residencias de lujo que se rentan en el extranjero para turistas de alto poder adquisitivo o para reality shows, pero no pagan impuestos en México porque aseguran que son invitados especiales.
Uno de los principales deudores es Blue Bay por el uso de la playa Los Ángeles Locos de Tenacatita. La cifra es de más de tres millones de pesos y la concesión se vence el próximo año, por lo que las autoridades locales consideran que la próxima administración priista debe pedir que se retire la concesión y vuelva a ser de acceso público.
El manejo del dinero
El fondo del pago de derechos de la Zona Federal Marítimo-Terrestre lo maneja un comité conformado por Secretaría de Finanzas del Estado, el municipio, la Semarnat y la Secretaría de Hacienda. De lo que pagan los titulares de las concesiones, 70% es para uso de los ayuntamientos y 30% entra a una bolsa para proyectos de administración, limpieza, vigilancia y conservación de playas.
Para utilizar ese 30% es necesario que el comité le dé el visto bueno a los proyectos que presente el municipio.
Isidro Lucio Virrueta reflexiona que en México es común que los municipios no cobren a los deudores que utilizan las zonas federales marítimo-terrestres, “pero hay una serie de inconsistencias en la legislación, por lo que urge que se modifique la Ley de Bienes Nacionales y que los municipios cambien la ley de urbanismo o algo que les asegure el cumplimiento de las concesiones”.
Lo más urgente es que se estipule para cada concesionario y propietario que limita con las zonas federales marítimo-terrestres cómo deberán ser los caminos de acceso a las playas. “Que se especifiquen metros, longitud, si pueden entrar o no vehículos. Porque, en los hechos, lo que hacen es dejar únicamente el acceso pero por la playa; ahí no lo limitan, pero sólo puede entrarse por mar, no por tierra. Y la Semarnat puede llegar a acuerdos como no cobrarles un año la concesión a cambio del terreno que pierden por abrir la servidumbre de paso”.
CONTEXTO
Derechos y dinero
La deuda del pago de derechos del uso de zonas federales marítimo terrestres es de 12 millones 068 mil 019 pesos.
Los municipios de la Costa son Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta.
A excepción de este último, los otros ayuntamientos manejan presupuestos de menos de entre 70 y 100 millones de pesos, de acuerdo con información obtenida en la página de Inegi.
Tomatlán es un ejemplo de la situación raquítica que viven los municipios de la Costa. En 2010 tuvo un presupuesto de poco más de 70 millones de pesos, de los cuales 30 fueron para nómina, prestaciones, salarios caídos, etcétera. Sólo 10 millones de pesos pudieron utilizarse para infraestructura de agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles y construcción de redes de comunicación.
DATOS DE SEMARNAT
Adeudos de los concesionarios
Pto. Vallarta Dos millones 937 mil 742 pesos.
Cabo Corrientes 385 mil 636 pesos.
Tomatlán 542 mil 900 pesos.
Cihuatlán Tres millones 166 mil 680 pesos.
La Huerta Cinco millones 36 mil pesos (de 143 deudores).
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