Jalisco
Comerciantes promoverán juicio político contra Petersen Farah
Las obras en el Centro generaron despidos y cierres parciales o definitivos de negocios
GUADALAJARA, JALISCO.- Después de meses de oposición y quejas ante la Comisión Estatal de derechos Humanos en Jalisco (
CEDHJ) por afectaciones producto de las obras en el Cetro Histórico de Guadalajara, los comerciantes presentarán el próximo martes, un juicio político en contra del presidente municipal Alfonso Petersen Farah, y denuncias en cascada en contra de los integrantes de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública.
Ahora buscando la intervención del Poder Judicial, los locatarios que han señalado que desde enero sus ventas se desplomaron, generando despidos y cierres parciales o definitivos de negocios, pretenden presionar al municipio para que otorgue las indemnizaciones económicas que prometió desde que iniciaron las obras de rehabilitación, y que costarán en total, alrededor de 400 millones de pesos (MDP) al erario.
De acuerdo con el representante legal del grupo de quejosos, José Vázquez Villaseñor, los delitos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco ( PGJEJ) por los que podrían ser procesados, los funcionarios que encabezan las gestiones para las obras del Centro Histórico anunciadas para concluir en mayo, se podrían configurar como abuso de autoridad, daños a las cosas, y lesiones por comisión u omisión”.
Más allá de esto, advirtió que en contra el presidente municipal de Guadalajara se promoverá un juicio político interpuesto por los comerciantes afectados del Centro Histórico y que buscará la participación de los ciudadanos inconformes por el proceso y tiempo mediante el que fue desarrollada la obra pública anunciada por el municipio como “la más importante de los últimos 30 años” y que José Luis Sánchez, quien se afirma como líder de los comerciantes, califica de “electorera”.
Aunque aún se muestran dispuestos al diálogo, el representante de los locatarios y comerciantes del primer cuadro de la ciudad aseguró que la primera condición que debe cumplir el municipio para evitar el juicio político que se promoverá contra el alcalde, es “la justa indemnización de los afectados”.
Y es que, de acuerdo con los afectados aún sin cuantificar por el propio municipio, la situación actual es que varios de los negocios localizados en una de las zonas con mayor plusvalía de la ciudad, deberán cerrar debido a que se anuncian, en quiebra. “Nuestro deseo es resolver el aspecto económico para que la gente no se vaya a sus casas y reabra y recapitalice sus negocios”, sentenció.
Ahora buscando la intervención del Poder Judicial, los locatarios que han señalado que desde enero sus ventas se desplomaron, generando despidos y cierres parciales o definitivos de negocios, pretenden presionar al municipio para que otorgue las indemnizaciones económicas que prometió desde que iniciaron las obras de rehabilitación, y que costarán en total, alrededor de 400 millones de pesos (MDP) al erario.
De acuerdo con el representante legal del grupo de quejosos, José Vázquez Villaseñor, los delitos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco ( PGJEJ) por los que podrían ser procesados, los funcionarios que encabezan las gestiones para las obras del Centro Histórico anunciadas para concluir en mayo, se podrían configurar como abuso de autoridad, daños a las cosas, y lesiones por comisión u omisión”.
Más allá de esto, advirtió que en contra el presidente municipal de Guadalajara se promoverá un juicio político interpuesto por los comerciantes afectados del Centro Histórico y que buscará la participación de los ciudadanos inconformes por el proceso y tiempo mediante el que fue desarrollada la obra pública anunciada por el municipio como “la más importante de los últimos 30 años” y que José Luis Sánchez, quien se afirma como líder de los comerciantes, califica de “electorera”.
Aunque aún se muestran dispuestos al diálogo, el representante de los locatarios y comerciantes del primer cuadro de la ciudad aseguró que la primera condición que debe cumplir el municipio para evitar el juicio político que se promoverá contra el alcalde, es “la justa indemnización de los afectados”.
Y es que, de acuerdo con los afectados aún sin cuantificar por el propio municipio, la situación actual es que varios de los negocios localizados en una de las zonas con mayor plusvalía de la ciudad, deberán cerrar debido a que se anuncian, en quiebra. “Nuestro deseo es resolver el aspecto económico para que la gente no se vaya a sus casas y reabra y recapitalice sus negocios”, sentenció.
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