Jalisco
—Charada
¿Qué pueden tener en común Diego Fernández de Cevallos, Jesús Gudiño Pelayo y Felipe de Jesús Álvarez Cibrián...?
¿Qué pueden tener en común Diego Fernández de Cevallos, Jesús Gudiño Pelayo y Felipe de Jesús Álvarez Cibrián...?
Salvo su elección profesional en la vida —la carrera de derecho—, su vinculación (así fuera temporal en el caso del primero) con Jalisco, y el hecho de que los tres han estado en la palestra informativa, cualquiera diría que prácticamente nada...
Uno, secuestrado desde mayo pasado, vive actualmente la página más amarga y más dramática de una existencia que había sido pródiga en momentos cercanos a esa porción de la gloria —el poder, la fama, la fortuna...— que luego resulta accesible a algunos mortales; el segundo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (el grado más alto al que puede aspirar un jurista en México), falleció el domingo pasado en Londres; el tercero, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, está en la prensa, no precisamente por ninguna resolución, declaración o recomendación recientes, inherentes a su cargo, sino porque, en ejercicio de sus atribuciones, se autorizó un incremento salarial que lo coloca en un rango envidiable entre la llamada “burocracia dorada”.
—II—
El común denominador entre los tres personajes se localiza, paradójicamente, en la irritación general que suscitan las informaciones relacionadas con ellos; pero no, como pudiera pensarse, por la leyenda negra —dejémoslo de ese tamaño, a beneficio de inventario— acerca del tráfico de influencias que encumbró al primero, ni por la sospecha que cierto personajillo (inspirado por la máxima de “calumnia, que algo queda”) deslizó acerca de la honestidad y el compromiso con el derecho de los ministros de la Suprema Corte, a raíz de que el jefe de Gobierno capitalino supuestamente los había “maiceado” para que se pronunciaran como lo hicieron en el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ni por el protagonismo (en unos casos) y la tibieza (en otros) del “ombudsman” local. La irritación obedece a que todos ellos encarnan, en una u otra forma, al margen de prendas personales o méritos profesionales, la parte odiosa de la paradoja social en que vive México desde tiempo inmemorial: “Pueblo pobre, gobernantes (y similares, conexos y derivados) ricos”.
—III—
(Sabía de lo que hablaba Don Efraín González Morfín, ciertamente, cuando decía que “entran a la política los miembros del partido-gobierno, no para servir al pueblo, sino para obtener, a través de la política corrompida, lo que no pueden obtener a través del trabajo honrado”).
Salvo su elección profesional en la vida —la carrera de derecho—, su vinculación (así fuera temporal en el caso del primero) con Jalisco, y el hecho de que los tres han estado en la palestra informativa, cualquiera diría que prácticamente nada...
Uno, secuestrado desde mayo pasado, vive actualmente la página más amarga y más dramática de una existencia que había sido pródiga en momentos cercanos a esa porción de la gloria —el poder, la fama, la fortuna...— que luego resulta accesible a algunos mortales; el segundo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (el grado más alto al que puede aspirar un jurista en México), falleció el domingo pasado en Londres; el tercero, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, está en la prensa, no precisamente por ninguna resolución, declaración o recomendación recientes, inherentes a su cargo, sino porque, en ejercicio de sus atribuciones, se autorizó un incremento salarial que lo coloca en un rango envidiable entre la llamada “burocracia dorada”.
—II—
El común denominador entre los tres personajes se localiza, paradójicamente, en la irritación general que suscitan las informaciones relacionadas con ellos; pero no, como pudiera pensarse, por la leyenda negra —dejémoslo de ese tamaño, a beneficio de inventario— acerca del tráfico de influencias que encumbró al primero, ni por la sospecha que cierto personajillo (inspirado por la máxima de “calumnia, que algo queda”) deslizó acerca de la honestidad y el compromiso con el derecho de los ministros de la Suprema Corte, a raíz de que el jefe de Gobierno capitalino supuestamente los había “maiceado” para que se pronunciaran como lo hicieron en el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ni por el protagonismo (en unos casos) y la tibieza (en otros) del “ombudsman” local. La irritación obedece a que todos ellos encarnan, en una u otra forma, al margen de prendas personales o méritos profesionales, la parte odiosa de la paradoja social en que vive México desde tiempo inmemorial: “Pueblo pobre, gobernantes (y similares, conexos y derivados) ricos”.
—III—
(Sabía de lo que hablaba Don Efraín González Morfín, ciertamente, cuando decía que “entran a la política los miembros del partido-gobierno, no para servir al pueblo, sino para obtener, a través de la política corrompida, lo que no pueden obtener a través del trabajo honrado”).
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