Jalisco
Centralizar: ¿solución en materia electoral?
El Pacto por México podría implicar el fin de los institutos electorales estatales
GUADALAJARA, JALISCO (08/MAY/2013).- Se acabaron los años en que la palabra “federalismo” unía a la oposición. La transición política en México, que tuvo como características principales la dispersión de poder y la descentralización de atribuciones, generó un ecosistema que favoreció a los gobernadores y los poderes locales. Los estados aprovecharon la descentralización para llenar sus arcas y asumir pocas responsabilidades en materia recaudación y fiscalización. Jalisco no es la excepción en este contexto nacional. Ante el relanzamiento del Pacto por México este martes, con la presencia de los tres partidos mayoritarios en el Congreso, la posibilidad de crear un Instituto Nacional de Elecciones cobra fuerza como parte de la reforma electoral para los comicios intermedios de 2015.
El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han vuelto a la mesa de negociación del Pacto por México. Su retorno tiene dos costos que el Gobierno de Enrique Peña Nieto debe asumir si quiere que se mantengan los niveles de colaboración vistos: el blindaje de los programas sociales y recuperar el proyecto del Instituto Nacional de Elecciones (INE).
La propuesta, que aún no es revisada ni detallada, tendría la intención de consolidar un instituto nacional que se encargara de organizar y llevar a cabo los diferentes comicios federales, estatales y municipales y que dejara a los institutos locales como delegaciones de carácter administrativo y logístico. Es decir, el componente “político” de las decisiones sustanciosas en materia electoral pasaría a la Federación.
Los institutos electorales de los estados nacieron para garantizar la imparcialidad de los procesos electorales locales. Sin embargo, en la práctica se han vuelo políticamente dependientes de los gobernadores y la influencia del jefe del Ejecutivo estatal sobre la integración de los consejos es innegable. Así, se han convertido en instancias dominadas por las cuotas y la división partidista.
Es el caso de Jalisco, donde, en la elección de 2012, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) funcionó con base en el siguiente equilibrio: tres consejeros priistas, tres consejeros panistas y un consejero perredista. Sin embargo, ante la victoria electoral del PRI en la elección a gobernador, y su mayoría relativa en el Congreso del Estado, la renovación del Consejo seguramente dejará al PRI con mayoría en el órgano colegiado.
La iniciativa, que todo parece indicar que llegará al Poder Legislativo cuando ya se hayan celebrado los comicios estatales y municipales del 7 de julio, tiene posibles beneficios y algunos riesgos. De entrada, un consejo nacional bien articulado y con autonomía puede corregir los excesos que se han presentado en los comicios de estados y municipios. Como señalan en distintos estudios tanto el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) como Transparencia Mexicana, la Federación tiene que cumplir con más candados de rendición de cuentas que la mayoría de los estados del país. Ya sea por una prensa más independiente o por la fortaleza institucional de las instancias fiscalizadoras a escala nacional, el hecho es que los estados no cuentan con los mínimos en materia de transparencia y autonomía de los órganos descentralizados. Sin embargo, el riesgo es que se erija un instituto nacional sin contrapesos y sin eficiencia a escala local.
Los costos económicos resultan ser el argumento más esgrimido. El gasto de los institutos locales de elecciones es de considerarse. Por ejemplo, sólo en Estado de México el proceso electoral de 2012 costó más de tres mil 200 millones (dos mil para organizar los procesos locales y mil 200 los federales). Un instituto articulado y en coordinación con las delegaciones estatales evitaría duplicidades e ineficiencias en el gasto. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU, México es uno de los países que realiza algunas de las elecciones más caras del mundo.
También, detrás de la recentralización de los procesos electorales existe un argumento de corte político: debilitar a los grupos de poder locales. Mucha de la fuerza política tanto de los poderes no constituidos como de los grupos políticos electos reside en su influencia sobre los institutos que organizan las elecciones.
LOS PUNTOS CLAVE
ORDEN Los partidos que se han pronunciado por discutir una posible reforma electoral esperan que una sola institución, ajena a poderes locales, ponga orden. El PAN lo subrayó en febrero, cuando el Tribunal Electoral de Veracruz invalidó su alianza con el PRD.
AUTONOMÍA El IFE y la estructura de institutos electorales estatales provienen de las reformas constitucionales impulsadas entre los años ochenta y noventa. El IFE y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales fueron creados en 1990.
PROS
Más transparencia y fortaleza institucional a escala federal.
Menor costo.
Reducción de la influencia de los grupos de poder locales.
Implementación de una estructura flexible para los tiempos electorales. Menos burocracia.
Procesos electorales menos expuestos a las presiones locales.
Restarle poder a los gobernadores sobre los institutos electorales.
CONTRAS
Crear un instituto nacional sin contrapesos, demasiado poderoso.
Lejanía de las condiciones electorales locales.
Más fuerza al presidente de la República y al Congreso federal.
Reemplazar el federalismo maltrecho con la vuelta al centralismo.
No fortalecer las capacidades institucionales locales.
Que las delegaciones sigan siendo monopolio de los gobernadores.
Posibles efectos políticos
Fortalecimiento de las dirigencias nacionales de los partidos y reducción del peso de las cúpulas de los partidos locales.
El Gobierno de la República le restaría poder al grupo de gobernadores que constituyen una fuerza política muy robusta al interior del PRI.
Reducción de la capacidad de influir en los procesos electorales por parte de los grupos de interés locales.
Pérdida de control del gobernador sobre los procesos electorales y las decisiones de los consejos.
Aumento de la lucha interna entre partidos a escala nacional para elegir al presidente del nuevo organismo nacional de elecciones.
Hay elecciones en julio
Catorce estados mexicanos tendrán elecciones este año, para renovar a sus presidentes municipales o a sus diputados locales, o de ambos tipos en algunos casos.
El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han vuelto a la mesa de negociación del Pacto por México. Su retorno tiene dos costos que el Gobierno de Enrique Peña Nieto debe asumir si quiere que se mantengan los niveles de colaboración vistos: el blindaje de los programas sociales y recuperar el proyecto del Instituto Nacional de Elecciones (INE).
La propuesta, que aún no es revisada ni detallada, tendría la intención de consolidar un instituto nacional que se encargara de organizar y llevar a cabo los diferentes comicios federales, estatales y municipales y que dejara a los institutos locales como delegaciones de carácter administrativo y logístico. Es decir, el componente “político” de las decisiones sustanciosas en materia electoral pasaría a la Federación.
Los institutos electorales de los estados nacieron para garantizar la imparcialidad de los procesos electorales locales. Sin embargo, en la práctica se han vuelo políticamente dependientes de los gobernadores y la influencia del jefe del Ejecutivo estatal sobre la integración de los consejos es innegable. Así, se han convertido en instancias dominadas por las cuotas y la división partidista.
Es el caso de Jalisco, donde, en la elección de 2012, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) funcionó con base en el siguiente equilibrio: tres consejeros priistas, tres consejeros panistas y un consejero perredista. Sin embargo, ante la victoria electoral del PRI en la elección a gobernador, y su mayoría relativa en el Congreso del Estado, la renovación del Consejo seguramente dejará al PRI con mayoría en el órgano colegiado.
La iniciativa, que todo parece indicar que llegará al Poder Legislativo cuando ya se hayan celebrado los comicios estatales y municipales del 7 de julio, tiene posibles beneficios y algunos riesgos. De entrada, un consejo nacional bien articulado y con autonomía puede corregir los excesos que se han presentado en los comicios de estados y municipios. Como señalan en distintos estudios tanto el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) como Transparencia Mexicana, la Federación tiene que cumplir con más candados de rendición de cuentas que la mayoría de los estados del país. Ya sea por una prensa más independiente o por la fortaleza institucional de las instancias fiscalizadoras a escala nacional, el hecho es que los estados no cuentan con los mínimos en materia de transparencia y autonomía de los órganos descentralizados. Sin embargo, el riesgo es que se erija un instituto nacional sin contrapesos y sin eficiencia a escala local.
Los costos económicos resultan ser el argumento más esgrimido. El gasto de los institutos locales de elecciones es de considerarse. Por ejemplo, sólo en Estado de México el proceso electoral de 2012 costó más de tres mil 200 millones (dos mil para organizar los procesos locales y mil 200 los federales). Un instituto articulado y en coordinación con las delegaciones estatales evitaría duplicidades e ineficiencias en el gasto. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU, México es uno de los países que realiza algunas de las elecciones más caras del mundo.
También, detrás de la recentralización de los procesos electorales existe un argumento de corte político: debilitar a los grupos de poder locales. Mucha de la fuerza política tanto de los poderes no constituidos como de los grupos políticos electos reside en su influencia sobre los institutos que organizan las elecciones.
LOS PUNTOS CLAVE
ORDEN Los partidos que se han pronunciado por discutir una posible reforma electoral esperan que una sola institución, ajena a poderes locales, ponga orden. El PAN lo subrayó en febrero, cuando el Tribunal Electoral de Veracruz invalidó su alianza con el PRD.
AUTONOMÍA El IFE y la estructura de institutos electorales estatales provienen de las reformas constitucionales impulsadas entre los años ochenta y noventa. El IFE y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales fueron creados en 1990.
PROS
Más transparencia y fortaleza institucional a escala federal.
Menor costo.
Reducción de la influencia de los grupos de poder locales.
Implementación de una estructura flexible para los tiempos electorales. Menos burocracia.
Procesos electorales menos expuestos a las presiones locales.
Restarle poder a los gobernadores sobre los institutos electorales.
CONTRAS
Crear un instituto nacional sin contrapesos, demasiado poderoso.
Lejanía de las condiciones electorales locales.
Más fuerza al presidente de la República y al Congreso federal.
Reemplazar el federalismo maltrecho con la vuelta al centralismo.
No fortalecer las capacidades institucionales locales.
Que las delegaciones sigan siendo monopolio de los gobernadores.
Posibles efectos políticos
Fortalecimiento de las dirigencias nacionales de los partidos y reducción del peso de las cúpulas de los partidos locales.
El Gobierno de la República le restaría poder al grupo de gobernadores que constituyen una fuerza política muy robusta al interior del PRI.
Reducción de la capacidad de influir en los procesos electorales por parte de los grupos de interés locales.
Pérdida de control del gobernador sobre los procesos electorales y las decisiones de los consejos.
Aumento de la lucha interna entre partidos a escala nacional para elegir al presidente del nuevo organismo nacional de elecciones.
Hay elecciones en julio
Catorce estados mexicanos tendrán elecciones este año, para renovar a sus presidentes municipales o a sus diputados locales, o de ambos tipos en algunos casos.