Jalisco
Caciques de reclusorio
La cosa está así: un reo tiene cuartos como feudos propios, armas largas y drogas para el menudeo
La cosa está así: un reo tiene cuartos como feudos propios, armas largas y drogas para el menudeo. Se reconoce su jefatura en el penal y se le da credencial de habitante en una región que no es la suya. Casi por equivocación, en su historia de éxitos se cuela un operativo que le quita sus juguetes, pero la ley (la buena y ciega ley) protege a sus posibles cómplices y sirve de muro a las investigaciones que se hacen casi sin querer, sin ganas de meterse en líos.
Me refiero, por supuesto, a lo que ha sucedido en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, en donde el Ejército Mexicano encontró que un reo apodado “El Mike” era dueño y señor de cinco cuartos destinados a las visitas conyugales. Éstos eran su territorio liberado, su propiedad privada, su bodega de armas y drogas.
El dato es escalofriante de suyo, pero lo es más el entramado jurídico que protege a caciques de la prisión como él y perdona a sus cómplices burócratas. El director del penal huyó antes del operativo, lo mismo que su jefe de seguridad, lo que indica que fueron avisados, pero no sólo fueron advertidos: fueron protegidos. Resulta que ambos tramitaron muy a tiempo un amparo que impide que las autoridades los detengan y, claro, los dos amparos les fueron concedidos en el plazo legal de 48 horas, por qué no.
A esa perversa protección se suma una más: otro bonito amparo que tiene “El Mike” para que no lo muevan del reclusorio. El señor decidió que quería cumplir sus años de condena en esa cárcel preventiva, cuyo destino específico es el de los detenidos a quienes no se les ha dictado sentencia. Que se frieguen la ley, la razón, la justicia y los reglamentos, que para eso están los amparos y los jueces que los conceden.
No se puede ver de otra forma: el Gobierno de Jalisco y el Estado mexicano, a través de sus autoridades y sus normas, son cómplices y facilitadores de un panorama delictivo que debe ser detenido de inmediato.
El director general del penal dice que es normal que haya un jefe reo, como es tan frecuente... Los diputados se metieron a husmear y ¡eureka! descubrieron que hay sobrepoblación, y por último el mandatario estatal salió a hacer su bonito papel de emisario de promesas: caerá el responsable, dice… pero que alguien le cuente que ya está en la cárcel.
Lo que pasa es que están confundidos. Ésta no es la historia de un reo que hace de las suyas en el penal con la complicidad de los funcionarios. Es la historia sin fin de un diseño institucional que fomenta la inutilidad de las cárceles y la adulación legal a los delincuentes. Debe detenerse ya.
Me refiero, por supuesto, a lo que ha sucedido en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, en donde el Ejército Mexicano encontró que un reo apodado “El Mike” era dueño y señor de cinco cuartos destinados a las visitas conyugales. Éstos eran su territorio liberado, su propiedad privada, su bodega de armas y drogas.
El dato es escalofriante de suyo, pero lo es más el entramado jurídico que protege a caciques de la prisión como él y perdona a sus cómplices burócratas. El director del penal huyó antes del operativo, lo mismo que su jefe de seguridad, lo que indica que fueron avisados, pero no sólo fueron advertidos: fueron protegidos. Resulta que ambos tramitaron muy a tiempo un amparo que impide que las autoridades los detengan y, claro, los dos amparos les fueron concedidos en el plazo legal de 48 horas, por qué no.
A esa perversa protección se suma una más: otro bonito amparo que tiene “El Mike” para que no lo muevan del reclusorio. El señor decidió que quería cumplir sus años de condena en esa cárcel preventiva, cuyo destino específico es el de los detenidos a quienes no se les ha dictado sentencia. Que se frieguen la ley, la razón, la justicia y los reglamentos, que para eso están los amparos y los jueces que los conceden.
No se puede ver de otra forma: el Gobierno de Jalisco y el Estado mexicano, a través de sus autoridades y sus normas, son cómplices y facilitadores de un panorama delictivo que debe ser detenido de inmediato.
El director general del penal dice que es normal que haya un jefe reo, como es tan frecuente... Los diputados se metieron a husmear y ¡eureka! descubrieron que hay sobrepoblación, y por último el mandatario estatal salió a hacer su bonito papel de emisario de promesas: caerá el responsable, dice… pero que alguien le cuente que ya está en la cárcel.
Lo que pasa es que están confundidos. Ésta no es la historia de un reo que hace de las suyas en el penal con la complicidad de los funcionarios. Es la historia sin fin de un diseño institucional que fomenta la inutilidad de las cárceles y la adulación legal a los delincuentes. Debe detenerse ya.
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