Jalisco
Buscan indemnizar a víctimas de bloqueos
La Fiscalía General de Jalisco afirma que sólo se han presentado ocho denuncias de afectados, incluidas personas físicas y morales
Kristyan Felipe Luis Navarro, secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, indicó que gestionan, junto con la Fiscalía del Estado, para que el Gobierno federal compense económicamente a los ciudadanos afectados que sufrieron pérdidas materiales durante este episodio.
Debido a que los daños fueron ocasionados presuntamente por el crimen organizado, corresponde al fuero federal reparar el daño a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nacional.
“Ya hablamos con el presidente de la Comisión de Víctimas federal, el doctor Sergio Jaime Rochín del Rincón, quien tuvo una entrevista directa con el Gobierno del Estado y está completamente receptivo para poder aceptar estos trámites”, refirió el funcionario.
Por su parte, la Fiscalía General de Jalisco informó que sólo se han presentado ocho denuncias de afectados, incluidas personas físicas y morales, como una empresa transportista. También la dependencia confirmó que las víctimas aún pueden interponer su querella para buscar la reparación del daño.
“Al día de hoy, con nosotros se han acercado ocho afectados, muy reciente se añadieron cuatro”, refirió Luis Navarro y aseguró que actualmente se les otorga asesoría para encauzar los trámites.
La ruta que deben seguir las víctimas es la siguiente: a partir de la denuncia, se busca la sentencia de un juez federal que conceda la reparación del daño y que fije el monto económico. Ese expediente se presenta, ya con la resolución judicial, ante la autoridad federal de atención a víctimas y ésta última evalúa la indemnización que le corresponde.
En mayo de 2015, el Gobierno de Jalisco instaló la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que tiene como función determinar los casos y modalidades para aplicar la reparación integral del daño a víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos en el ámbito del fuero común.
El año pasado se le asignó un presupuesto de un millón de pesos para tal propósito, pero no se ejerció. Este año suma un presupuesto histórico acumulado de 26 millones de pesos. Tanto a nivel federal –es el caso de las víctimas de los bloqueos– como a nivel estatal, se requiere de la sentencia de un juez para aplicar el recurso, o en su defecto, una recomendación de derechos humanos.
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