Jalisco
Buscan 'dientes' contra la explotación laboral infantil
Actualmente, la dependencia sólo considera 'tentativos' de delito los casos que haya detectado
GUADALAJARA, JALISCO (06/FEB/2014).- La Secretaría de Trabajo confía en que este año se logre la reforma al Código Penal de Jalisco que permitirá perseguir la explotación laboral infantil, reflejada en casos de trabajos no formales como los que se instalan en cruceros y avenidas.
Eduardo Almaguer, titular de la dependencia, confía que en el primer semestre del año se logrará la modificación a la ley que permitirá comenzar con la estadística de casos de explotación laboral infantil, y la respectiva aplicación de las sanciones que ese delito representa.
Es uno de los pendientes que, reconoce, quedaron del trabajo del año pasado y que requiere atención especial, pues los casos detectados sólo podrían ser considerados como “tentativos” de delito, lo que incide en sanciones menos rigurosas.
“Se nos dificulta mucho combatirlo porque la mayor explotación que se da a los niños no es en fuentes de trabajo formales, sino informales, como en la calle (…) Los niños deben tener su derecho a la salud, a la alimentación, educación y esparcimiento para que podamos tener buenos adolescentes y adultos, y el Estado debe invertir en eso”.
La situación actual, detalla, se complica si los explotadores son familiares de los infantes; por ello es que se requiere el poder jurisdiccional que otorgaría esa reforma al Código Penal.
Asegura que sí hay “voluntad política” para concretarla y sólo falta regresar al ojo público el delito que esta actividad representa: “Empujar un debate amplio que legitime las decisiones legales que se tomarán, es decir: la explotación infantil no va a terminar por decreto, pero sí requerimos una base legal y, si esta base va acompañada de la legitimidad y la convicción de la sociedad, será rápido el avance”.
Los pendientes de 2013
Entre los pendientes que Almaguer reconoce tras el primer año del actual Gobierno está la habilitación de nuevas instalaciones tanto para la Secretaría como para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; de hecho, la intención es llevarlas al mismo espacio, pues separar a la Procuraduría del Trabajo ha propiciado la proliferación de “coyotaje”.
También se busca un aumento de 25% a los funcionarios de la Junta Local, quienes tienen funciones jurisdiccionales (como los jueces), pero reciben un pago de labor administrativa; para ese fin destinarán 20 millones de pesos este año.
EL DIAGNÓSTICO
El estudio Rostros de la Niñez de Guadalajara, en 2013, encontró los siguientes rasgos entre los 726 niños en situación de calle censados en el municipio.
60% de la población infantil en situación de calle está entre los ocho y 16 años.
38% son niñas y 62% son niños.
52% reside en Guadalajara.
39% se dedica al comercio informal.
40% declara que su actividad económica es ser acompañante.
66% trabaja entre cinco y ocho horas.
57% labora entre cinco y siete días a la semana.
83% vive en una casa.
86% tiene televisor.
39% asistió a la escuela.
50% dice que les gustaría asistir a la escuela.
70% tiene como primer objeto de consumo la comida.
La necesidad, más allá de la explotación
El problema de los niños que trabajan en la calle no se agota en la posibilidad de que sean víctimas de explotación laboral, por ejemplo, por parte de sus propios padres. Un estudio hecho por el DIF Guadalajara en 2013, con dinero federal, permitió encontrar toda una larga serie de explicaciones al trabajo infantil, incluyendo una realidad íntimamente vinculada con el aumento de la pobreza en el país: los propios niños deciden trabajar para aportar dinero a sus familias.
De hecho, al menos 83 de cada 100 niños “en situación de calle” en el municipio de Guadalajara tienen una casa, lo que significa que están en la vía pública para trabajar, pero no para vivir, según reflejó el diagnóstico situacional bautizado Rostros de la niñez en Guadalajara (ver EL INFORMADOR, 18/JUN/2013, páginas 1-A y 1-B).
El estudio detectó a 726 infantes trabajadores en el municipio, pero también halló que la principal zona expulsora de niños a la calle no es la periferia, sino que el mismo Centro Histórico tapatío y sus barrios colindantes: de ahí proviene uno de cada tres niños tapatíos (34.3%) en esta condición, seguido por la Colonia Ferrocarril (15.8%). Es decir, estos dos puntos de la ciudad concentran la mitad de los hogares tapatíos (50.1%) expulsores de niños a la calle.
El DIF Guadalajara trabajaba el año pasado para ajustar sus programas a la realidad que detectó ese diagnóstico, y su presidenta, Laura Hernández Gómez, ofreció involucrar al Gobierno del Estado en su competencia educativa, pues uno de los factores que alimenta a la población infantil en situación de calle es la deserción en el paso entre los niveles primaria y secundaria
LAS POSTURAS
Retomar el orden y la conducción de la dependencia
Al inicio del Gobierno se hizo “lo que antes no”: tomar control de la dependencia. El secretario del Trabajo asegura que en los ejes centrales de la Secretaría (justicia laboral, a través de la Junta Local; la previsión social y la atención del empleo) simplemente “no cumplían sus objetivos”. El primero implicó acreditar “que en la Junta, el poder que controlaba y decidía los temas eran tres grupos de abogados (…) el más poderoso, ‘los talibanes’”.
Revisiones en el tintero
El área de inspección laboral y seguridad de higiene en la Secretaría hizo prácticamente nulo trabajo en la administración pasada, admite Almaguer. Esto provocó “serios abusos” de ciertas empresas, que desprotegieron a sus trabajadores, en el menor de los casos, y en situaciones excepcionales se descubrió incluso incurrían en prácticas de esclavitud, como en el caso de los jornaleros de Tolimán. Las inspecciones en la ciudad fueron nulas. “El tema de los jornaleros generó conciencia; lo que hicimos fue aplicar la ley”.
Desvío al bolsillo del funcionario
En el sexenio pasado, el Gobierno federal apoyó a Jalisco con recursos para los programas de autoempleo, becas de trabajo y certificación de oficios. Pero el dinero era desviado “al bolsillo de los funcionarios”: “En las becas hubo simulación de cursos y simulación de personas; incluso hay denuncias de ello ante la PGR”. “El reto era regresar la conducción del Estado, del poder público, a una institución. No debería ser sorpresa ni un gran logro, pero no existía”.
Eduardo Almaguer, titular de la dependencia, confía que en el primer semestre del año se logrará la modificación a la ley que permitirá comenzar con la estadística de casos de explotación laboral infantil, y la respectiva aplicación de las sanciones que ese delito representa.
Es uno de los pendientes que, reconoce, quedaron del trabajo del año pasado y que requiere atención especial, pues los casos detectados sólo podrían ser considerados como “tentativos” de delito, lo que incide en sanciones menos rigurosas.
“Se nos dificulta mucho combatirlo porque la mayor explotación que se da a los niños no es en fuentes de trabajo formales, sino informales, como en la calle (…) Los niños deben tener su derecho a la salud, a la alimentación, educación y esparcimiento para que podamos tener buenos adolescentes y adultos, y el Estado debe invertir en eso”.
La situación actual, detalla, se complica si los explotadores son familiares de los infantes; por ello es que se requiere el poder jurisdiccional que otorgaría esa reforma al Código Penal.
Asegura que sí hay “voluntad política” para concretarla y sólo falta regresar al ojo público el delito que esta actividad representa: “Empujar un debate amplio que legitime las decisiones legales que se tomarán, es decir: la explotación infantil no va a terminar por decreto, pero sí requerimos una base legal y, si esta base va acompañada de la legitimidad y la convicción de la sociedad, será rápido el avance”.
Los pendientes de 2013
Entre los pendientes que Almaguer reconoce tras el primer año del actual Gobierno está la habilitación de nuevas instalaciones tanto para la Secretaría como para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; de hecho, la intención es llevarlas al mismo espacio, pues separar a la Procuraduría del Trabajo ha propiciado la proliferación de “coyotaje”.
También se busca un aumento de 25% a los funcionarios de la Junta Local, quienes tienen funciones jurisdiccionales (como los jueces), pero reciben un pago de labor administrativa; para ese fin destinarán 20 millones de pesos este año.
EL DIAGNÓSTICO
El estudio Rostros de la Niñez de Guadalajara, en 2013, encontró los siguientes rasgos entre los 726 niños en situación de calle censados en el municipio.
60% de la población infantil en situación de calle está entre los ocho y 16 años.
38% son niñas y 62% son niños.
52% reside en Guadalajara.
39% se dedica al comercio informal.
40% declara que su actividad económica es ser acompañante.
66% trabaja entre cinco y ocho horas.
57% labora entre cinco y siete días a la semana.
83% vive en una casa.
86% tiene televisor.
39% asistió a la escuela.
50% dice que les gustaría asistir a la escuela.
70% tiene como primer objeto de consumo la comida.
La necesidad, más allá de la explotación
El problema de los niños que trabajan en la calle no se agota en la posibilidad de que sean víctimas de explotación laboral, por ejemplo, por parte de sus propios padres. Un estudio hecho por el DIF Guadalajara en 2013, con dinero federal, permitió encontrar toda una larga serie de explicaciones al trabajo infantil, incluyendo una realidad íntimamente vinculada con el aumento de la pobreza en el país: los propios niños deciden trabajar para aportar dinero a sus familias.
De hecho, al menos 83 de cada 100 niños “en situación de calle” en el municipio de Guadalajara tienen una casa, lo que significa que están en la vía pública para trabajar, pero no para vivir, según reflejó el diagnóstico situacional bautizado Rostros de la niñez en Guadalajara (ver EL INFORMADOR, 18/JUN/2013, páginas 1-A y 1-B).
El estudio detectó a 726 infantes trabajadores en el municipio, pero también halló que la principal zona expulsora de niños a la calle no es la periferia, sino que el mismo Centro Histórico tapatío y sus barrios colindantes: de ahí proviene uno de cada tres niños tapatíos (34.3%) en esta condición, seguido por la Colonia Ferrocarril (15.8%). Es decir, estos dos puntos de la ciudad concentran la mitad de los hogares tapatíos (50.1%) expulsores de niños a la calle.
El DIF Guadalajara trabajaba el año pasado para ajustar sus programas a la realidad que detectó ese diagnóstico, y su presidenta, Laura Hernández Gómez, ofreció involucrar al Gobierno del Estado en su competencia educativa, pues uno de los factores que alimenta a la población infantil en situación de calle es la deserción en el paso entre los niveles primaria y secundaria
LAS POSTURAS
Retomar el orden y la conducción de la dependencia
Al inicio del Gobierno se hizo “lo que antes no”: tomar control de la dependencia. El secretario del Trabajo asegura que en los ejes centrales de la Secretaría (justicia laboral, a través de la Junta Local; la previsión social y la atención del empleo) simplemente “no cumplían sus objetivos”. El primero implicó acreditar “que en la Junta, el poder que controlaba y decidía los temas eran tres grupos de abogados (…) el más poderoso, ‘los talibanes’”.
Revisiones en el tintero
El área de inspección laboral y seguridad de higiene en la Secretaría hizo prácticamente nulo trabajo en la administración pasada, admite Almaguer. Esto provocó “serios abusos” de ciertas empresas, que desprotegieron a sus trabajadores, en el menor de los casos, y en situaciones excepcionales se descubrió incluso incurrían en prácticas de esclavitud, como en el caso de los jornaleros de Tolimán. Las inspecciones en la ciudad fueron nulas. “El tema de los jornaleros generó conciencia; lo que hicimos fue aplicar la ley”.
Desvío al bolsillo del funcionario
En el sexenio pasado, el Gobierno federal apoyó a Jalisco con recursos para los programas de autoempleo, becas de trabajo y certificación de oficios. Pero el dinero era desviado “al bolsillo de los funcionarios”: “En las becas hubo simulación de cursos y simulación de personas; incluso hay denuncias de ello ante la PGR”. “El reto era regresar la conducción del Estado, del poder público, a una institución. No debería ser sorpresa ni un gran logro, pero no existía”.
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