Jalisco
Buscan castigar venta de plazas laborales en Jalisco
La diputada de MC, Fabiola Loya presenta la iniciativa para reformar al Código Penal y castigar esta práctica
GUADALAJARA, JALISCO (02/ABR/2014).- Con la intención de sancionar a los funcionarios públicos que pidan "moches" a cambio de ofrecer plazas laborales en la función pública, la diputada local de Movimiento Ciudadano (
MC), Fabiola Loya presentó una propuesta para reformar la Constitución, la Ley de Responsabilidades y el
Código Penal del Estado.
En la reforma al Código Penal, buscan consolidar el castigo para quien ofrezca una plaza de trabajo en cualquier dependencia gubernamental a cambio de dinero o de cualquier otro bien, llegue a la cárcel o que por lo menos, se le cobre una multa.
"Debido a que en muchos de los casos existe engaño, sin que dicha plaza sea entregada o sin cumplir el trámite ofrecido, con impunidad por la falta de sanciones, se propone la adición de una fracción al artículo 252 del Código Penal", señaló la legisladora quien dijo que las sanciones irían de seis meses a 10 años de prisión de acuerdo con la gravedad y la cantidad de recurso solicitado.
"El rostro de la impunidad también se puede observar en ambos lados del espejo, cuando se cae en la inercia del dejar pasar y no actuar responsablemente, para proveer de elementos jurídicos para combatir la impunidad y existan sanciones conforme a derecho", dijo la legisladora.
Por otro lado, presentó otra iniciativa para agilizar los procesos de juicios políticos, la propuesta señala que la Comisión de Responsabilidades del Congreso tendrá la facultad de realizar los expedientes y reunir pruebas para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
"Con esta propuesta se quita a los ciudadanos la carga económica que representa el pago de copias certificadas para soportar su denuncia de juicio político", dijo la legisladora.
En el caso de los juicios políticos, la legisladora propone levantar la restricción que existe, para que además de pruebas documentales se tengan como medios de convicción todos los demás permitidos por la ley.
En la iniciativa se propone ampliar el catálogo de servidores públicos sujetos de juicio político, y se incluye un procedimiento que garantiza que el gobernador del Estado no quedará impune por las consecuencias de juicio político que se lleve ante el Congreso de la Unión.
La diputada consideró que es importante que se reforma la Ley en materia de juicios políticos, debido a que como está la norma actualmente, impide que los procesos concluyan, por falta de recursos del ciudadano que demanda, o porque el proceso es complejo.
Igualmente se establece que el recurso de revisión que interponga el ciudadano ante el desechamiento de su demanda, será resuelto por la Comisión de Justicia, garantizando con ello que la revisión del acto que se impugna, no quede sujeto a la misma Comisión de Responsabilidades.
"Esta serie de modificaciones buscan transformar la institución del juicio político, para convertirlo en una figura accesible, certera y eficiente en el esquema de rendición de cuentas; además dan una participación activa a las y los ciudadanos, y fortalece a las instancias involucradas en el proceso", expuso la legisladora quien estuvo acompañada por el coordinador de la fracción parlamentaria de MC, Clemente Castañeda.
Las sanciones propuestas por 'moches'
Propuesta reforma al artículo 252 del Código Penal
De seis meses a dos años de prisión y multa por el importe de dos a ocho días de salario mínimo (de 128 a 520 pesos), cuando el valor de lo defraudado no exceda del importe de 450 días de salario mínimo 28 mil 800 pesos; cuando el valor de lo defraudado exceda dicha cantidad, la sanción será de dos a siete años de prisión y multa de cuatro a 40 días de salario (dos mil 500 pesos).
De cuatro a diez años de prisión y multa por el importe de 20 a 80 días de salario mínimo (mil 280 pesos cinco mil 120 pesos), cuando el valor de lo defraudado exceda los dos mil 520 días de salario mínimo.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
En la reforma al Código Penal, buscan consolidar el castigo para quien ofrezca una plaza de trabajo en cualquier dependencia gubernamental a cambio de dinero o de cualquier otro bien, llegue a la cárcel o que por lo menos, se le cobre una multa.
"Debido a que en muchos de los casos existe engaño, sin que dicha plaza sea entregada o sin cumplir el trámite ofrecido, con impunidad por la falta de sanciones, se propone la adición de una fracción al artículo 252 del Código Penal", señaló la legisladora quien dijo que las sanciones irían de seis meses a 10 años de prisión de acuerdo con la gravedad y la cantidad de recurso solicitado.
"El rostro de la impunidad también se puede observar en ambos lados del espejo, cuando se cae en la inercia del dejar pasar y no actuar responsablemente, para proveer de elementos jurídicos para combatir la impunidad y existan sanciones conforme a derecho", dijo la legisladora.
Por otro lado, presentó otra iniciativa para agilizar los procesos de juicios políticos, la propuesta señala que la Comisión de Responsabilidades del Congreso tendrá la facultad de realizar los expedientes y reunir pruebas para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
"Con esta propuesta se quita a los ciudadanos la carga económica que representa el pago de copias certificadas para soportar su denuncia de juicio político", dijo la legisladora.
En el caso de los juicios políticos, la legisladora propone levantar la restricción que existe, para que además de pruebas documentales se tengan como medios de convicción todos los demás permitidos por la ley.
En la iniciativa se propone ampliar el catálogo de servidores públicos sujetos de juicio político, y se incluye un procedimiento que garantiza que el gobernador del Estado no quedará impune por las consecuencias de juicio político que se lleve ante el Congreso de la Unión.
La diputada consideró que es importante que se reforma la Ley en materia de juicios políticos, debido a que como está la norma actualmente, impide que los procesos concluyan, por falta de recursos del ciudadano que demanda, o porque el proceso es complejo.
Igualmente se establece que el recurso de revisión que interponga el ciudadano ante el desechamiento de su demanda, será resuelto por la Comisión de Justicia, garantizando con ello que la revisión del acto que se impugna, no quede sujeto a la misma Comisión de Responsabilidades.
"Esta serie de modificaciones buscan transformar la institución del juicio político, para convertirlo en una figura accesible, certera y eficiente en el esquema de rendición de cuentas; además dan una participación activa a las y los ciudadanos, y fortalece a las instancias involucradas en el proceso", expuso la legisladora quien estuvo acompañada por el coordinador de la fracción parlamentaria de MC, Clemente Castañeda.
Las sanciones propuestas por 'moches'
Propuesta reforma al artículo 252 del Código Penal
De seis meses a dos años de prisión y multa por el importe de dos a ocho días de salario mínimo (de 128 a 520 pesos), cuando el valor de lo defraudado no exceda del importe de 450 días de salario mínimo 28 mil 800 pesos; cuando el valor de lo defraudado exceda dicha cantidad, la sanción será de dos a siete años de prisión y multa de cuatro a 40 días de salario (dos mil 500 pesos).
De cuatro a diez años de prisión y multa por el importe de 20 a 80 días de salario mínimo (mil 280 pesos cinco mil 120 pesos), cuando el valor de lo defraudado exceda los dos mil 520 días de salario mínimo.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
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