Jalisco
Avanzan dos juicios políticos en el Congreso de Jalisco
Comisión de Responsabilidades avala incoar los juicios contra ex funcionarios de Ocotlán, y contra regidora de Ixtlahuacán
GUADALAJARA, JALISCO (11/JUN/2014).- Diputados de la
Comisión de Responsabilidades aprobaron incoar dos juicios políticos. El primero fue avalado por seis legisladores se trata señalamientos en contra del ex presidente municipal interino de Ocotlán, Juan Carlos Godínez Godínez y los ex regidores, Guillermina Navarro, Rosa Elena Amparo, Juan Antonio Mercado, Flavio Antonio García, Juan Castellanos, Pedro Jaime Zúñiga y Francisco Javier Lagunas por revocarle el nombramiento de la síndico, Karen Flores.
Los diputados determinaron que el juicio político es procedente porque se presentaron las pruebas suficientes y el denunciante ratificó la queja. Juan Carlos Márquez explicó que los ediles no tienen la facultad de remover al síndico de su cargo.
La segunda solicitud de juicio político que avalaron los diputados fue el incoado en contra de Margarita Mora Sánchez con cargo de síndico de Ixtlahuacán del Río, los diputados encontraron que la funcionaria municipal "incumplió la sentencia del Tribunal Administrativo (TAE) que condenó al Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río a pagar una indemnización por daños físicos y morales a favor de un menor de edad que se amputó un dedo al jugar en un dado con las láminas sobresaltadas". Ambos casos deberán ser avalados por el pleno.
Los diputados desecharon otras solicitudes de juicio político porque no fueron ratificados o los denunciantes no presentaron elementos para sostener las demandas, se trata de procesos en contra de ex consejeros de la Judicatura, del magistrado del TAE, Armando García Estrada; de Francisco Ayón en su calidad de presidente municipal interino de Guadalajara; y del actual gobernador, Aristóteles Sandoval en su carácter de alcalde tapatío; Alberto Uribe, señalado por irregularidades cuando ocupó el cargo de síndico y de Luis Carlos Nájera.
También fue desechada una solicitud de juicio político presentado por Augusto Valencia en contra del alcalde de Zapopan Héctor Robles Peiro por irregularidades en la asignación de obra pública. Cuando se discutió este punto, el vocal de la Comisión de Responsabilidades de Movimiento Ciudadano, Salvador Zamora pidió que se pospusiera su discusión pero su solicitud no fue avalada por la mayoría de los integrantes de ese órgano legislativo.
El asunto que la comisión sí avaló posponer para discutirlo en una sesión posterior, fue la solicitud de juicio político presentado en contra del presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Tomás Figueroa a quien se le señala de asignarle recursos de las prerrogativas a las que tienen derecho los partidos políticos al Partido Verde y al Partido Nueva Alianza, cuando desde el punto de vista del quejoso, Gabriel Valencia, no cumplieron con el porcentaje mínimo de votación para tener este derecho.
Gabriel Valencia quien presentó esta solicitud de juicio político en 2013 estuvo presente en la sesión de la Comisión de Vigilancia y pidió a los diputados que no desecharon de facto la solicitud, y que se discutiera. Los diputados pretendían votar en bloque todas las propuestas de juicio político que no prosperaban.
"Me interesa conocer los argumentos de los diputados y saber los motivos por los que pretenden desechar esta solicitud", dijo Valencia López.
Para el quejoso, el presidente del IEPC se extralimitó en sus funciones al permitir que se le entreguen 33.5 millones de pesos al Partido Verde y al Partido Nueva Alianza en 2014, cuando no tuvieron el mínimo necesario de la votación -que es del 3.5% del padrón electoral- para contar con este derecho.
Se prevé que la discusión de este caso se de en la próxima sesión de la Comisión de Responsabilidades.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
Los diputados determinaron que el juicio político es procedente porque se presentaron las pruebas suficientes y el denunciante ratificó la queja. Juan Carlos Márquez explicó que los ediles no tienen la facultad de remover al síndico de su cargo.
La segunda solicitud de juicio político que avalaron los diputados fue el incoado en contra de Margarita Mora Sánchez con cargo de síndico de Ixtlahuacán del Río, los diputados encontraron que la funcionaria municipal "incumplió la sentencia del Tribunal Administrativo (TAE) que condenó al Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río a pagar una indemnización por daños físicos y morales a favor de un menor de edad que se amputó un dedo al jugar en un dado con las láminas sobresaltadas". Ambos casos deberán ser avalados por el pleno.
Los diputados desecharon otras solicitudes de juicio político porque no fueron ratificados o los denunciantes no presentaron elementos para sostener las demandas, se trata de procesos en contra de ex consejeros de la Judicatura, del magistrado del TAE, Armando García Estrada; de Francisco Ayón en su calidad de presidente municipal interino de Guadalajara; y del actual gobernador, Aristóteles Sandoval en su carácter de alcalde tapatío; Alberto Uribe, señalado por irregularidades cuando ocupó el cargo de síndico y de Luis Carlos Nájera.
También fue desechada una solicitud de juicio político presentado por Augusto Valencia en contra del alcalde de Zapopan Héctor Robles Peiro por irregularidades en la asignación de obra pública. Cuando se discutió este punto, el vocal de la Comisión de Responsabilidades de Movimiento Ciudadano, Salvador Zamora pidió que se pospusiera su discusión pero su solicitud no fue avalada por la mayoría de los integrantes de ese órgano legislativo.
El asunto que la comisión sí avaló posponer para discutirlo en una sesión posterior, fue la solicitud de juicio político presentado en contra del presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Tomás Figueroa a quien se le señala de asignarle recursos de las prerrogativas a las que tienen derecho los partidos políticos al Partido Verde y al Partido Nueva Alianza, cuando desde el punto de vista del quejoso, Gabriel Valencia, no cumplieron con el porcentaje mínimo de votación para tener este derecho.
Gabriel Valencia quien presentó esta solicitud de juicio político en 2013 estuvo presente en la sesión de la Comisión de Vigilancia y pidió a los diputados que no desecharon de facto la solicitud, y que se discutiera. Los diputados pretendían votar en bloque todas las propuestas de juicio político que no prosperaban.
"Me interesa conocer los argumentos de los diputados y saber los motivos por los que pretenden desechar esta solicitud", dijo Valencia López.
Para el quejoso, el presidente del IEPC se extralimitó en sus funciones al permitir que se le entreguen 33.5 millones de pesos al Partido Verde y al Partido Nueva Alianza en 2014, cuando no tuvieron el mínimo necesario de la votación -que es del 3.5% del padrón electoral- para contar con este derecho.
Se prevé que la discusión de este caso se de en la próxima sesión de la Comisión de Responsabilidades.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
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