Jalisco
Autoridades locales del siglo XIX, entre la legalidad y el abuso
Comisarios y directores políticos asumían una parte importante del gobierno de los vecinos del estado
GUADALAJARA, JALISCO (27/MAR/2011).- El Estado mexicano decimonónico consiguió mantener control sobre su territorio, independientemente de quién ocupara la Presidencia de la República, gracias a las autoridades locales, un poder muy dividido, difuso y heterogéneo, pero que garantizó cierta unidad territorial ante la ausencia de un poder central fuerte.
Las diferentes constituciones políticas durante todo el siglo XIX no pudieron prescindir de las autoridades locales y regionales, las cuales estuvieron encargadas de mantener el orden, la paz, la tranquilidad y el gobierno en todo el territorio mexicano.
Dichas autoridades correspondían al gobierno interno de los estados y respondían a la lógica y a los intereses de los grupos de poder regionales. Cada estado se subdividía a su vez en cantones, departamentos, municipios y comisarías. La comisaría era el nivel más cercano a la población, mientras que el municipio abarcaba varias comisarías, el departamento varios municipios, y los cantones eran unidades territoriales político-administrativas que abarcaban varios departamentos.
A cada una de estas divisiones político-administrativas le correspondía un determinado tipo de autoridad política: los cantones estaban gobernados por un jefe político; los departamentos, por un director político; los municipios, por un ayuntamiento presidido por un alcalde, y los responsables de las comisarías eran los comisarios municipales. Todos estos cargos y divisiones político-administrativas estaban definidos con toda claridad en las constituciones del estado de Jalisco o, cuando el régimen era centralista, en la constitución general. Sólo los representantes municipales eran electos directamente por los ciudadanos de su demarcación; las demás cargos eran designados por las autoridades inmediatamente superiores en las juntas departamentales, para el caso de los directores políticos, o en la junta de gobierno del estado, para el caso de los jefes políticos. Los comisarios eran designados por los ayuntamientos. Articular en el engranaje político nacional a todos estos poderes locales y regionales fue una tarea que concretó Porfirio Díaz a fines del siglo XIX, a través de los gobernadores de los estados, los jefes políticos y directores políticos, autoridades municipales y comisarios.
Los jefes y directores políticos tenían atribuciones políticas, militares, hacendarias y policiales; presidían las juntas cantonales, departamentales y municipales. Recibían los decretos y órdenes del supremo gobierno y los remitían a sus subordinados, cuidaban la conservación del orden y la tranquilidad en su división o subdivisión política, haciendo que sus subordinados cumplieran con sus órdenes y con sus deberes. En sentido contrario, oían las quejas de los ciudadanos y habitantes de sus demarcaciones en contra de las autoridades subalternas y, en casos de motín, rebeliones o revueltas, pedían auxilio a la guarnición del estado, estableciendo una estrecha colaboración con el comandante respectivo.
En sus funciones político-administrativas, los jefes y directores políticos se tenían que apoyar en los ayuntamientos y en los comisarios de cada localidad: ellos eran los representantes del Estado en cada rincón del país, por más pequeño que fuera, y debían cuidar e imponer el orden entre los habitantes de los pueblos y comunidades; por esta función que desempeñaban, a veces haciendo un uso indebido de sus atribuciones y de su poder, eran el blanco de las quejas de los pobladores y de los ciudadanos de dichos pueblos, villas y comunidades.
Dos autoridades políticas que estaban muy cerca de los ciudadanos, los comisarios y directores políticos, merecen particular atención; las funciones que desempeñaban en el uso y abuso de sus atribuciones generaban fricciones e inconformidad entre los habitantes de pueblos, villas y ciudades.
Los comisarios políticos
El comisario político o municipal era el engrane más pequeño de una maquinaria de gobierno y de autoridad que pasaba por los presidentes municipales, los directores y jefes políticos y el gobernador del estado y que culminaba con el presidente de la república, un mecanismo más o menos eficiente dependiendo de la región y de la época, pero cuya mayor eficacia e integración se hacía sentir de mejor manera a en el ámbito regional, más que en el de la nación. El comisario político o comisario municipal era el funcionario menor en la escala jerárquica del régimen porfirista y el más inmediato a los vecinos de las poblaciones; era un representante del gobierno municipal en los pueblos, rancherías y haciendas.
Los comisarios, al igual que los jefes y directores políticos, tenían funciones de gobierno y de policía: estaban encargados de vigilar el orden, de aplicar las leyes y de perseguir a los delincuentes, así como de arbitrar en los problemas entre vecinos.
Desde 1824 y para su mejor administración, los ayuntamientos dividían al territorio municipal en cuarteles o barrios; en cada uno de éstos se elegía por voto popular a un comisario de policía y a un teniente, con el requisito de ser vecinos del lugar y con residencia al menos de dos años, mayores de edad y que supieran leer y escribir. Los comisarios y tenientes se renovaban anualmente y podían ser reelectos en el cargo, y no podían ser removidos de sus puestos sino por una causa aprobada por el ayuntamiento. Tenían entre sus funciones: elaborar el censo de la población de su cuartel, cuidar del orden público, y hacer valer y respetar la ley y las órdenes emanadas de las autoridades superiores.
Por lo general, había una comisaría en todas las poblaciones que tenían la categoría de villa o de pueblo; también había comisarías en algunas haciendas del estado. En el ensayo estadístico que elabora Mariano Bárcena en 1890, se cuentan 116 comisarías de elección popular, de las cuales hay cuatro que se sitúan en haciendas y una en un rancho.
No sabemos bien con qué frecuencia estos funcionarios eran realmente electos por los vecinos de los pueblos y villas o, por el contrario, cuán a menudo eran designados directamente por las autoridades municipales o por los directores y jefes políticos; lo que sí sabemos es que había un continuo conflicto por la designación o elección de estos funcionarios entre los vecinos de los pueblos y las autoridades municipales y estatales.
Elecciones para indígenas
Un caso que se pudo haber repetido con mucha frecuencia durante el Porfiriato es el de los vecinos o indígenas de Itzicán, del municipio de Poncitlán, quienes en enero de 1905 se quejaron ante el gobernador del estado de que el comisario Domingo Méndez les dijo que habría elecciones para su cargo, pero, el día señalado, designó a los nuevos funcionarios y anunció que no había más elecciones que las hechas por él y el subdirector de Poncitlán. Los vecinos de Itzicán protestaron y pidieron la realización de elecciones. El gobernador pidió informes al jefe político del cantón correspondiente, Jesús Torres, quien opinó que San Pedro de Itzicán era un pueblo de indígenas “enteramente torpes”, con sólo algunos que sabían leer y escribir y a los cuales se nonbraría de de comisarios. Agregó que en Itzicán no habría elecciones porque se trataba de una simple comisaría de policía y que no ninguna ley autorizaba las elecciones reclamadas por los indígenas. Igual aconteció con los vecinos del pueblo de San Miguel Zapotitlán, en el mismo municipio de Poncitlán, quienes también pidieron elecciones de comisario. En ambos casos, el gobernador dio la razón al jefe político.
Haya o no habido elecciones en estos casos, la queja denota que los vecinos de los pueblos habían electo a sus anteriores comisarios, según lo estipulaba la legislación desde 1824 y lo reiteraba la Constitución del Estado de Jalisco de 1857. El problema surgió precisamente porque los indígenas de Itzicán y de San Miguel Zapotitlán se sentían con derecho legal para elegir a su comisario, lo cual les fue negado por un funcionario del gobierno apoyado por las instancias superiores. Es a escala local donde el autoritarismo, no sólo del Porfiriato sino de todos los regímenes del siglo XIX, se siente más inmediato, injusto y opresivo, pero porque hay una práctica electoral que se está impidiendo y una ley electoral que se está violando continuamente. Sin dejar de notar la actitud autoritaria y racista del jefe político, quien descalifica a los vecinos de los pueblos por ser “indígenas torpes que no saben leer ni escribir” y que no son aptos para gobernarse, por eso se les designa a un comisario entre los pocos que saben leer y escribir, que siempre son los mismos. Vemos que la idea sobre los mecanismos para nombrar a los comisarios es distinta para los ciudadanos-vecinos de los pueblos y para las autoridades políticas.
Posiblemente hubo muchos problemas en la elección o designación del comisario y, como resultado, las autoridades porfiristas decidieron suprimir definitivamente este ejercicio electoral. En enero de 1907, los vecinos de Tepec solicitaron al jefe político del 4º cantón que nombrara a un nuevo comisario, debido a que quedaron abolidas las elecciones para ello.
Los comisarios eran los representantes de la autoridad más inmediatos a los vecinos de los pueblos, de las villas y de las haciendas, y era común que, en el ejercicio de sus funciones de gobierno o al cometer sus arbitrariedades y abusos, provocaran continuos roces y malestares entre los habitantes. Las quejas de los vecinos se elevaban entonces al director, al jefe político o, en última instancia, al gobernador del estado.
La jerarquía se hace notar continuamente entre los distintos rangos de autoridad: el comisario es el funcionario más bajo, sólo sus ayudantes dependen de él directamente; por eso puede ser regañado por un director o por un jefe político, como el caso del comisario de Bolaños en enero de 1885, quien, según la apreciación del director político de Totatiche, se negaba a perseguir a unos bandidos procedentes de la sierra de Nayarit e incluso lo acusó de ocultarlos y de protegerlos; el comisario de Bolaños negó las acusaciones y consiguió convencer a las autoridades de su inocencia.
Mixtlán
Como intermediarios en los problemas de los pueblos, podían ser un buen conducto para llevar su petición a los altos mandos del gobierno y resolver sus problemas, pero al mismo tiempo podían sacar ventaja y beneficios de su intermediación. Es el caso de los vecinos del pueblo de Mixtlán, del departamento de Mascota, quienes, en febrero de 1898, se inconformaron ante el comisario político del lugar por los malos manejos que estaban haciendo los miembros de la comisión repartidora de los terrenos del pueblo.
El asunto llegó a conocimiento del gobernador por la intervención de este comisario. Pero, seis años después, los mismos vecinos de Mixtlán se quejaron ante el gobernador de que el comisario los amenazó porque se oponían a la venta de los terrenos en cuestión, y acusaron al comisario de estar de acuerdo con las personas que los vendían de forma ilegal.
Podría pensarse que los comisarios estarían de parte de los terratenientes, comerciantes más ricos o de las grandes compañías mineras. Sin embargo, había algunos casos en que no era así.
En julio de 1905, el gerente de la negociación minera La Amparo Mining Company se dirigió al gobernador para quejarse en contra del comisario de Oconahua, en Etzatlán. El problema se suscitó porque los trabajadores de la minera, por órdenes del gerente, estaban abriendo un camino en terrenos del pueblo de Oconahua que la compañía consideraba como propios. Los indígenas se quejaron ante el comisario de despojo y éste ordenó a los trabajadores de la compañía que suspendieran sus trabajos. El comisario dio aviso al jefe político de Ahualulco, mientras que el gerente pedía al gobernador que ordenara al comisario que se abstuviera de tomar partido en cuestiones que no eran de su incumbencia. El problema continuó en los juzgados judiciales y en otras esferas del gobierno. Lo que importa aquí del caso es la actitud del comisario, quien intervino en defensa de los supuestos derechos que alegaban los vecinos de Oconahua.
Arbitrariedades
Las quejas en contra de los comisarios de Jalisco en el siglo XIX eran continuas; en qué proporción frente a los que desempeñaban bien sus puestos, no lo sabemos, pero las quejas, en su mayoría, no son por que realizaran sus funciones de autoridad y de gobierno, sino porque no las hacían o porque abusaban de sus puestos y los aprovechaban para beneficio personal.
En diciembre de 1907, los vecinos de Tepec, del 4º cantón, acusaron al comisario, Tomás Moreno, de usar en su beneficio los fondos del ramo de degüello, de cometer abusos y crímenes en estado de ebriedad, de no meter a la cárcel a los vagos y bandidos y de castigar injustamente a los pacíficos. Sin embargo, el jefe político de Sayula negó las acusaciones y defendió al comisario, afirmando que la demanda era sólo por la enemistad que los indígenas tenían con las autoridades y que eso sucedía en la mayoría de los pueblos.
En enero de 1908, los indígenas del pueblo de San Gaspar, municipio de Tonalá, en el cantón de Guadalajara, se quejaron ante el gobernador en contra del comisario Lorenzo Palomar, “porque hay mucho desorden que perjudica al vecindario, pues todos los días hay borracheras, en el día y en la noche, lo cual provoca que la gente se embriague, cometa faltas, tire balazos y con ello resulten heridos”. Alegaban que ninguna autoridad evitaba esos males, pues el comisario no se preocupaba por cuidar el orden público y, por el contrario, lo acusaban de proteger a los vagos y darles licencias para que pusieran diversiones públicas y bailes, con los resultados expuestos anteriormente. Por todo lo anterior, pedían la destitución de Lorenzo Palomar.
El presidente municipal de Tonalá respaldó las acusaciones de los vecinos de San Gaspar, agregando que la cárcel estaba en muy malas condiciones y que había robos y asaltos sin que la autoridad hiciera algo al respecto. En respuesta, el gobernador del estado dijo a los vecinos de San Gaspar que podían dirigirse al jefe político del primer cantón para pedir la remoción del comisario en cuestión, objetivo que seguramente lograron posteriormente.
Ante los abusos y arbitrariedades de los comisarios, los vecinos tenían el recurso de escribir al gobernador para denunciarlos. Un caso fue el de María Rosales, viuda, mayor de edad y vecina de Zapotlán del Rey, quien se quejó ante el gobernador de que en diciembre de 1908, su hijo de 18 años, sin causa justificada, fue maltratado y golpeado por el comisario político Ildefonso Loza, junto con sus ayudantes, y que, al intentar defenderlo, la señora Rosales fue igualmente maltratada. Acusó al comisario y a sus ayudantes de que una noche se metieron por la fuerza en su casa, armados, disparando tiros y cometiendo toda clase de atropellos y abusos, registrando las camas donde dormían sus hijas, alumbrando y levantándoles la ropa, con la pistola en la mano, bajo el pretexto de buscar a su hijo.
Aunque el subdirector político de Tototlán protegió al comisario y negó la versión de la señora Rosales, el gobernador del estado mandó investigar los hechos al agente del ministerio público de La Barca en contra de las autoridades políticas de Zapotlán del Rey. No sabemos si el caso se resolvió en favor de la ofendida, pero el proceso denota que estos comisarios no estaban exentos de castigo por sus abusos.
Los directores políticos
Los directores políticos estaban por arriba de los comisarios y de los ayuntamientos. Para ser director político se requería ser mayor de 25 años y tener residencia en la capital del departamento al menos por tres años antes de su nombramiento; el cargo duraba cuatro años con la posibilidad de ser reelecto.
Entre sus funciones y actividades tenía: recibir las órdenes del jefe político y hacerlas circular entre los alcaldes de los pueblos del departamento, y cuidar de que los ayuntamientos celebraran sus sesiones ordinarias, vigilando que se llevaran los libros de actas con exactitud y de que sus miembros cumplieran eficazmente con sus respectivas comisiones, dando aviso al jefe político del cantón de las faltas que notara. También presidía sin voto al ayuntamiento de la cabecera del departamento, y de los ayuntamientos subalternos cuando se hallara en sus respectivos pueblos. También informaba al jefe político del movimiento demográfico y de las condiciones económicas y políticas de su departamento.
Además vigilaba que los ayuntamientos llevaran bien sus cuentas y gastos de “propios”, y de que las remitieran oportunamente al jefe político. Oía las quejas de los vecinos de los pueblos en contra de las autoridades locales y procuraba que los tribunales judiciales administraran pronta y debidamente justicia. Concedía licencias a los miembros del ayuntamiento, tenía atribuciones militares y de hacienda y estaba encargado de la policía del departamento.
Contar con la categoría de cabecera de departamento y tener un director político era algo que los vecinos de los pueblos importantes de la región se disputaban muy a menudo durante el siglo XIX, ya que significaba mayor tranquilidad, paz, orden y prosperidad. Así lo atestiguan los vecinos del pueblo de Bolaños, en el cantón de Colotlán, quienes en junio de 1876 solicitaron, a través del jefe político, que se les restituyera la categoría de cabecera de departamento. Se quejaban de que, desde que les quitaron esa categoría, había desórdenes y descuido en las actividades de vigilancia y administración, así como de instrucción pública; antes, decían, había prosperidad y se aplicaban las leyes de Reforma, pero después quedaron en la ruina. Pedían que se cambiara la directoría política de Totatiche a Bolaños, pues creían que de esta manera regresaría la prosperidad.
Estaba claro que los directores políticos tenían funciones de gobierno y de policía, pero no en todos los casos había un uso arbitrario de la fuerza pública: antes que nada eran árbitros en los problemas que se presentaban en su demarcación.
Un ejemplo es el de José Ignacio Torres, director político de San Juan de los Lagos. Durante mayo de 1878, los comerciantes de San Juan decidieron no aceptar las “cuartillas” emitidas por los gobiernos de San Luis Potosí y Zacatecas, que circulaban como dinero en la plaza, y provocaron con ello un fuerte malestar entre la población de bajos recursos de San Juan. La situación se tornó difícil y era inminente una rebelión popular. El director político habló personalmente al pueblo y lo convenció de no recurrir a la violencia. Así conservó el orden sin necesidad armas ni represión, pero también consiguió de los comerciantes el desprendimiento de cien fanegas de maíz compradas en plata, para que se vendieran a la gente pobre a cambio de las “cuartillas” repudiadas. Se restableció el orden, pero los problemas quedaron latentes hasta que las autoridades superiores intervenieran.
Diálogo y orden
También el director político de Zapopan intervino para solucionar un problema surgido entre los vecinos del pueblo de Tala y los dueños de las haciendas El Refugio y Cuisillos. En septiembre de 1892, los vecinos del pueblo de Tala se quejaron ante el gobernador de la falta de leña necesaria para sus “usos”: puesto que no había montes en dicha villa de dónde tomarla, tenían que pedirla a los dueños de El Refugio y Cuisillos, Feliciano Orendain y Manuel Gortázar, respectivamente, quienes se las habían negado. El director político de Zapopan informó al gobernador de que era verdad lo de la falta de leña en Tala, pero que también era verdad que los vecinos del pueblo cometieron desórdenes y abusos cuando iban a recoger la leña a las haciendas; recomendó, por lo tanto, que los dueños de las haciendas vendieran la leña, comisionando a una persona para ello, y que los guardamontes castigaran a la persona que sin permiso sacara leña de los terrenos de las mismas.
Como policía, el director político tenía el encargo de perseguir a los delincuentes que tuvieran actividad en su demarcación y de exigir a sus subordinados, autoridades municipales y comisarios, que prestaran el apoyo necesario para su persecución y encarcelamiento. Es el caso del director político de Totatiche, quien en enero de 1885 denunció ante el gobernador que el comisario de Bolaños se rehusaba a perseguir a unos bandidos procedentes de la sierra de Nayarit, ante lo cual él mismo hizo una expedición a Bolaños acompañado de 20 hombres de la acordada. La expedición tardó cinco días en llegar porque tuvo que subir la sierra y los miembros de la acordada prestaron sus servicios de forma gratuita; por eso, el director político pedía al gobernador recursos para alimentarlos.
Aunque la principal función de los directores políticos era el cuidado del orden y el cumplimiento de la ley, no faltaron quejas en contra de los abusos y arbitrariedades cometidos por estos funcionarios. Constantemente excedían sus atribuciones legales, pero a veces las quejas se producían por la aplicación de la ley.
Carlos Bracamontes se quejó ante el gobernador de que el director político de Tamazula lo apresó injustificadamente en diciembre de 1908 y lo desterró, amenazándolo con enviarlo de leva al ejército. Decía Bracamontes que el director político, junto con dos policías, lo condujo fuera de la población con todo y su esposa, para desterrarlo, por lo cual se fue a vivir a Ciudad Guzmán. La demanda fue llevada a los tribunales judiciales; sin embargo, el gobernador tuvo que defender al director político y negó el permiso necesario para someterlo a juicio, y también le advirtió al director de Tamazula que ninguna autoridad tenía facultades para imponer el destierro.
Los vecinos de Unión de Tula también se quejaron por los abusos cometidos por el director político del departamento, Andrés Lozano, en junio de 1908. Lo acusaron de proteger los intereses de la familia Moreno, hacendados del lugar, y de no castigar los delitos cometidos por los recomendados de dicha familia. A tal grado llegaba la influencia de los Moreno, que el director político andaba en caballos de dichos hacendados. La familia Moreno, por su parte, defendía al director político y calificaba de calumnias las quejas y acusaciones.
Andrés Lozano se defendió, al igual que todos los jefes políticos, con un lenguaje discriminatorio y autoritario, justificando todos sus excesos, haciéndolos aparecer como medidas de buena administración y buen gobierno; negó las acusaciones como “calumnias en su contra, construidas por sus enemigos”, y se jactó de tener el apoyo de las familias notables de Unión de Tula, que “es la opinión que vale”. El gobernador dio amplias garantías a las personas que acusaron al director político y les aseguró que no iban a ser apresadas por la autoridad local.
El director que jugaba ajedrez
Las quejas no sólo eran por el cumplimiento de la ley por parte de los directores, sino también porque no desempeñaban bien sus funciones. Esto aconteció con José María Arce, director político de Totatiche, en el cantón de Colotlán, de quien los vecinos se quejaron por su conducta arbitraria, despótica e insolente. En julio de 1906 lo acusaron de que rara vez se encontraba en sus oficinas, y que era necesario ir a buscarlo al lugar donde jugaba ajedrez, y todavía tenían que esperarlo a que terminara el juego. También se quejaban de que el funcionario dormía largas siestas por la tarde, habiendo casos en que individuos de clase pobre llegaban para casarse y, después de largo rato, el director político se levantaba malhumorado y se negaba a cumplir con su deber. También intentó nombrar a su hijo de catorce años como escribiente de la directoría.
El listado de quejas y faltas llegó al conocimiento del gobernador del estado; el director político negó las acusaciones y justificó su desempeño con un largo informe de sus actividades. Sin embargo, el gobernador le ordenó que modificara su conducta, para que no diera lugar a las quejas de los vecinos.
El conflicto entre distintas instancias de gobierno se dio con frecuencia; los ayuntamientos continuamente se quejaban de la intromisión o de los abusos de los directores políticos en sus asuntos, o por su incompetencia. Un ejemplo fue el ayuntamiento de San Juan de los Lagos, que, en la sesión del 30 de agosto de 1908, le informó al gobernador de que el director político del lugar había sido acusado de numerosos abusos por parte de la población; además se quejaban de que había mucha inseguridad y robos debido a la falta de vigilancia. Los miembros del ayuntamiento se quejaban de que el director político multaba a las personas por faltas administrativas sin que el dinero ingresara a la tesorería municipal. Sin embargo, los comerciantes y hacendados de Lagos, que habían tenido problemas políticos con el ayuntamiento, apoyaron al funcionario.
Este tipo de problemas fue frecuente debido a que había áreas de conflicto entre las distintas esferas de gobierno: las atribuciones legales del director político implicaban la injerencia en los asuntos internos del ayuntamiento, pero éste, a su vez, podía acusar al director de ineficiente si juzgaba que incumplía sus obligaciones o por pertenecer a bandos políticos distintos.
Todos estos casos de autoridades locales podrían servir para corroborar la leyenda negra acerca de las autoridades políticas, pero también hay que observar que las fuentes proporcionan sólo los casos donde los vecinos se quejan de los abusos y arbitrariedades de comisarios y directores políticos: no podemos concluir que todos eran arbitrarios y actuaban fuera de la ley. Tampoco podemos concluir que estas autoridades actuaban como tiranos locales, de forma independiente y personal, porque lo vecinos acudían a instancias superiores en busca de justicia y de solución a sus demandas y quejas; en algunos casos, las instancias superiores de gobierno destituían a los funcionarios cuando las quejas y la inconformidad de los vecinos eran generales y justificadas.
Sergio Valerio Ulloa
Doctor en Historia y académico de la UdeG
Las diferentes constituciones políticas durante todo el siglo XIX no pudieron prescindir de las autoridades locales y regionales, las cuales estuvieron encargadas de mantener el orden, la paz, la tranquilidad y el gobierno en todo el territorio mexicano.
Dichas autoridades correspondían al gobierno interno de los estados y respondían a la lógica y a los intereses de los grupos de poder regionales. Cada estado se subdividía a su vez en cantones, departamentos, municipios y comisarías. La comisaría era el nivel más cercano a la población, mientras que el municipio abarcaba varias comisarías, el departamento varios municipios, y los cantones eran unidades territoriales político-administrativas que abarcaban varios departamentos.
A cada una de estas divisiones político-administrativas le correspondía un determinado tipo de autoridad política: los cantones estaban gobernados por un jefe político; los departamentos, por un director político; los municipios, por un ayuntamiento presidido por un alcalde, y los responsables de las comisarías eran los comisarios municipales. Todos estos cargos y divisiones político-administrativas estaban definidos con toda claridad en las constituciones del estado de Jalisco o, cuando el régimen era centralista, en la constitución general. Sólo los representantes municipales eran electos directamente por los ciudadanos de su demarcación; las demás cargos eran designados por las autoridades inmediatamente superiores en las juntas departamentales, para el caso de los directores políticos, o en la junta de gobierno del estado, para el caso de los jefes políticos. Los comisarios eran designados por los ayuntamientos. Articular en el engranaje político nacional a todos estos poderes locales y regionales fue una tarea que concretó Porfirio Díaz a fines del siglo XIX, a través de los gobernadores de los estados, los jefes políticos y directores políticos, autoridades municipales y comisarios.
Los jefes y directores políticos tenían atribuciones políticas, militares, hacendarias y policiales; presidían las juntas cantonales, departamentales y municipales. Recibían los decretos y órdenes del supremo gobierno y los remitían a sus subordinados, cuidaban la conservación del orden y la tranquilidad en su división o subdivisión política, haciendo que sus subordinados cumplieran con sus órdenes y con sus deberes. En sentido contrario, oían las quejas de los ciudadanos y habitantes de sus demarcaciones en contra de las autoridades subalternas y, en casos de motín, rebeliones o revueltas, pedían auxilio a la guarnición del estado, estableciendo una estrecha colaboración con el comandante respectivo.
En sus funciones político-administrativas, los jefes y directores políticos se tenían que apoyar en los ayuntamientos y en los comisarios de cada localidad: ellos eran los representantes del Estado en cada rincón del país, por más pequeño que fuera, y debían cuidar e imponer el orden entre los habitantes de los pueblos y comunidades; por esta función que desempeñaban, a veces haciendo un uso indebido de sus atribuciones y de su poder, eran el blanco de las quejas de los pobladores y de los ciudadanos de dichos pueblos, villas y comunidades.
Dos autoridades políticas que estaban muy cerca de los ciudadanos, los comisarios y directores políticos, merecen particular atención; las funciones que desempeñaban en el uso y abuso de sus atribuciones generaban fricciones e inconformidad entre los habitantes de pueblos, villas y ciudades.
Los comisarios políticos
El comisario político o municipal era el engrane más pequeño de una maquinaria de gobierno y de autoridad que pasaba por los presidentes municipales, los directores y jefes políticos y el gobernador del estado y que culminaba con el presidente de la república, un mecanismo más o menos eficiente dependiendo de la región y de la época, pero cuya mayor eficacia e integración se hacía sentir de mejor manera a en el ámbito regional, más que en el de la nación. El comisario político o comisario municipal era el funcionario menor en la escala jerárquica del régimen porfirista y el más inmediato a los vecinos de las poblaciones; era un representante del gobierno municipal en los pueblos, rancherías y haciendas.
Los comisarios, al igual que los jefes y directores políticos, tenían funciones de gobierno y de policía: estaban encargados de vigilar el orden, de aplicar las leyes y de perseguir a los delincuentes, así como de arbitrar en los problemas entre vecinos.
Desde 1824 y para su mejor administración, los ayuntamientos dividían al territorio municipal en cuarteles o barrios; en cada uno de éstos se elegía por voto popular a un comisario de policía y a un teniente, con el requisito de ser vecinos del lugar y con residencia al menos de dos años, mayores de edad y que supieran leer y escribir. Los comisarios y tenientes se renovaban anualmente y podían ser reelectos en el cargo, y no podían ser removidos de sus puestos sino por una causa aprobada por el ayuntamiento. Tenían entre sus funciones: elaborar el censo de la población de su cuartel, cuidar del orden público, y hacer valer y respetar la ley y las órdenes emanadas de las autoridades superiores.
Por lo general, había una comisaría en todas las poblaciones que tenían la categoría de villa o de pueblo; también había comisarías en algunas haciendas del estado. En el ensayo estadístico que elabora Mariano Bárcena en 1890, se cuentan 116 comisarías de elección popular, de las cuales hay cuatro que se sitúan en haciendas y una en un rancho.
No sabemos bien con qué frecuencia estos funcionarios eran realmente electos por los vecinos de los pueblos y villas o, por el contrario, cuán a menudo eran designados directamente por las autoridades municipales o por los directores y jefes políticos; lo que sí sabemos es que había un continuo conflicto por la designación o elección de estos funcionarios entre los vecinos de los pueblos y las autoridades municipales y estatales.
Elecciones para indígenas
Un caso que se pudo haber repetido con mucha frecuencia durante el Porfiriato es el de los vecinos o indígenas de Itzicán, del municipio de Poncitlán, quienes en enero de 1905 se quejaron ante el gobernador del estado de que el comisario Domingo Méndez les dijo que habría elecciones para su cargo, pero, el día señalado, designó a los nuevos funcionarios y anunció que no había más elecciones que las hechas por él y el subdirector de Poncitlán. Los vecinos de Itzicán protestaron y pidieron la realización de elecciones. El gobernador pidió informes al jefe político del cantón correspondiente, Jesús Torres, quien opinó que San Pedro de Itzicán era un pueblo de indígenas “enteramente torpes”, con sólo algunos que sabían leer y escribir y a los cuales se nonbraría de de comisarios. Agregó que en Itzicán no habría elecciones porque se trataba de una simple comisaría de policía y que no ninguna ley autorizaba las elecciones reclamadas por los indígenas. Igual aconteció con los vecinos del pueblo de San Miguel Zapotitlán, en el mismo municipio de Poncitlán, quienes también pidieron elecciones de comisario. En ambos casos, el gobernador dio la razón al jefe político.
Haya o no habido elecciones en estos casos, la queja denota que los vecinos de los pueblos habían electo a sus anteriores comisarios, según lo estipulaba la legislación desde 1824 y lo reiteraba la Constitución del Estado de Jalisco de 1857. El problema surgió precisamente porque los indígenas de Itzicán y de San Miguel Zapotitlán se sentían con derecho legal para elegir a su comisario, lo cual les fue negado por un funcionario del gobierno apoyado por las instancias superiores. Es a escala local donde el autoritarismo, no sólo del Porfiriato sino de todos los regímenes del siglo XIX, se siente más inmediato, injusto y opresivo, pero porque hay una práctica electoral que se está impidiendo y una ley electoral que se está violando continuamente. Sin dejar de notar la actitud autoritaria y racista del jefe político, quien descalifica a los vecinos de los pueblos por ser “indígenas torpes que no saben leer ni escribir” y que no son aptos para gobernarse, por eso se les designa a un comisario entre los pocos que saben leer y escribir, que siempre son los mismos. Vemos que la idea sobre los mecanismos para nombrar a los comisarios es distinta para los ciudadanos-vecinos de los pueblos y para las autoridades políticas.
Posiblemente hubo muchos problemas en la elección o designación del comisario y, como resultado, las autoridades porfiristas decidieron suprimir definitivamente este ejercicio electoral. En enero de 1907, los vecinos de Tepec solicitaron al jefe político del 4º cantón que nombrara a un nuevo comisario, debido a que quedaron abolidas las elecciones para ello.
Los comisarios eran los representantes de la autoridad más inmediatos a los vecinos de los pueblos, de las villas y de las haciendas, y era común que, en el ejercicio de sus funciones de gobierno o al cometer sus arbitrariedades y abusos, provocaran continuos roces y malestares entre los habitantes. Las quejas de los vecinos se elevaban entonces al director, al jefe político o, en última instancia, al gobernador del estado.
La jerarquía se hace notar continuamente entre los distintos rangos de autoridad: el comisario es el funcionario más bajo, sólo sus ayudantes dependen de él directamente; por eso puede ser regañado por un director o por un jefe político, como el caso del comisario de Bolaños en enero de 1885, quien, según la apreciación del director político de Totatiche, se negaba a perseguir a unos bandidos procedentes de la sierra de Nayarit e incluso lo acusó de ocultarlos y de protegerlos; el comisario de Bolaños negó las acusaciones y consiguió convencer a las autoridades de su inocencia.
Mixtlán
Como intermediarios en los problemas de los pueblos, podían ser un buen conducto para llevar su petición a los altos mandos del gobierno y resolver sus problemas, pero al mismo tiempo podían sacar ventaja y beneficios de su intermediación. Es el caso de los vecinos del pueblo de Mixtlán, del departamento de Mascota, quienes, en febrero de 1898, se inconformaron ante el comisario político del lugar por los malos manejos que estaban haciendo los miembros de la comisión repartidora de los terrenos del pueblo.
El asunto llegó a conocimiento del gobernador por la intervención de este comisario. Pero, seis años después, los mismos vecinos de Mixtlán se quejaron ante el gobernador de que el comisario los amenazó porque se oponían a la venta de los terrenos en cuestión, y acusaron al comisario de estar de acuerdo con las personas que los vendían de forma ilegal.
Podría pensarse que los comisarios estarían de parte de los terratenientes, comerciantes más ricos o de las grandes compañías mineras. Sin embargo, había algunos casos en que no era así.
En julio de 1905, el gerente de la negociación minera La Amparo Mining Company se dirigió al gobernador para quejarse en contra del comisario de Oconahua, en Etzatlán. El problema se suscitó porque los trabajadores de la minera, por órdenes del gerente, estaban abriendo un camino en terrenos del pueblo de Oconahua que la compañía consideraba como propios. Los indígenas se quejaron ante el comisario de despojo y éste ordenó a los trabajadores de la compañía que suspendieran sus trabajos. El comisario dio aviso al jefe político de Ahualulco, mientras que el gerente pedía al gobernador que ordenara al comisario que se abstuviera de tomar partido en cuestiones que no eran de su incumbencia. El problema continuó en los juzgados judiciales y en otras esferas del gobierno. Lo que importa aquí del caso es la actitud del comisario, quien intervino en defensa de los supuestos derechos que alegaban los vecinos de Oconahua.
Arbitrariedades
Las quejas en contra de los comisarios de Jalisco en el siglo XIX eran continuas; en qué proporción frente a los que desempeñaban bien sus puestos, no lo sabemos, pero las quejas, en su mayoría, no son por que realizaran sus funciones de autoridad y de gobierno, sino porque no las hacían o porque abusaban de sus puestos y los aprovechaban para beneficio personal.
En diciembre de 1907, los vecinos de Tepec, del 4º cantón, acusaron al comisario, Tomás Moreno, de usar en su beneficio los fondos del ramo de degüello, de cometer abusos y crímenes en estado de ebriedad, de no meter a la cárcel a los vagos y bandidos y de castigar injustamente a los pacíficos. Sin embargo, el jefe político de Sayula negó las acusaciones y defendió al comisario, afirmando que la demanda era sólo por la enemistad que los indígenas tenían con las autoridades y que eso sucedía en la mayoría de los pueblos.
En enero de 1908, los indígenas del pueblo de San Gaspar, municipio de Tonalá, en el cantón de Guadalajara, se quejaron ante el gobernador en contra del comisario Lorenzo Palomar, “porque hay mucho desorden que perjudica al vecindario, pues todos los días hay borracheras, en el día y en la noche, lo cual provoca que la gente se embriague, cometa faltas, tire balazos y con ello resulten heridos”. Alegaban que ninguna autoridad evitaba esos males, pues el comisario no se preocupaba por cuidar el orden público y, por el contrario, lo acusaban de proteger a los vagos y darles licencias para que pusieran diversiones públicas y bailes, con los resultados expuestos anteriormente. Por todo lo anterior, pedían la destitución de Lorenzo Palomar.
El presidente municipal de Tonalá respaldó las acusaciones de los vecinos de San Gaspar, agregando que la cárcel estaba en muy malas condiciones y que había robos y asaltos sin que la autoridad hiciera algo al respecto. En respuesta, el gobernador del estado dijo a los vecinos de San Gaspar que podían dirigirse al jefe político del primer cantón para pedir la remoción del comisario en cuestión, objetivo que seguramente lograron posteriormente.
Ante los abusos y arbitrariedades de los comisarios, los vecinos tenían el recurso de escribir al gobernador para denunciarlos. Un caso fue el de María Rosales, viuda, mayor de edad y vecina de Zapotlán del Rey, quien se quejó ante el gobernador de que en diciembre de 1908, su hijo de 18 años, sin causa justificada, fue maltratado y golpeado por el comisario político Ildefonso Loza, junto con sus ayudantes, y que, al intentar defenderlo, la señora Rosales fue igualmente maltratada. Acusó al comisario y a sus ayudantes de que una noche se metieron por la fuerza en su casa, armados, disparando tiros y cometiendo toda clase de atropellos y abusos, registrando las camas donde dormían sus hijas, alumbrando y levantándoles la ropa, con la pistola en la mano, bajo el pretexto de buscar a su hijo.
Aunque el subdirector político de Tototlán protegió al comisario y negó la versión de la señora Rosales, el gobernador del estado mandó investigar los hechos al agente del ministerio público de La Barca en contra de las autoridades políticas de Zapotlán del Rey. No sabemos si el caso se resolvió en favor de la ofendida, pero el proceso denota que estos comisarios no estaban exentos de castigo por sus abusos.
Los directores políticos
Los directores políticos estaban por arriba de los comisarios y de los ayuntamientos. Para ser director político se requería ser mayor de 25 años y tener residencia en la capital del departamento al menos por tres años antes de su nombramiento; el cargo duraba cuatro años con la posibilidad de ser reelecto.
Entre sus funciones y actividades tenía: recibir las órdenes del jefe político y hacerlas circular entre los alcaldes de los pueblos del departamento, y cuidar de que los ayuntamientos celebraran sus sesiones ordinarias, vigilando que se llevaran los libros de actas con exactitud y de que sus miembros cumplieran eficazmente con sus respectivas comisiones, dando aviso al jefe político del cantón de las faltas que notara. También presidía sin voto al ayuntamiento de la cabecera del departamento, y de los ayuntamientos subalternos cuando se hallara en sus respectivos pueblos. También informaba al jefe político del movimiento demográfico y de las condiciones económicas y políticas de su departamento.
Además vigilaba que los ayuntamientos llevaran bien sus cuentas y gastos de “propios”, y de que las remitieran oportunamente al jefe político. Oía las quejas de los vecinos de los pueblos en contra de las autoridades locales y procuraba que los tribunales judiciales administraran pronta y debidamente justicia. Concedía licencias a los miembros del ayuntamiento, tenía atribuciones militares y de hacienda y estaba encargado de la policía del departamento.
Contar con la categoría de cabecera de departamento y tener un director político era algo que los vecinos de los pueblos importantes de la región se disputaban muy a menudo durante el siglo XIX, ya que significaba mayor tranquilidad, paz, orden y prosperidad. Así lo atestiguan los vecinos del pueblo de Bolaños, en el cantón de Colotlán, quienes en junio de 1876 solicitaron, a través del jefe político, que se les restituyera la categoría de cabecera de departamento. Se quejaban de que, desde que les quitaron esa categoría, había desórdenes y descuido en las actividades de vigilancia y administración, así como de instrucción pública; antes, decían, había prosperidad y se aplicaban las leyes de Reforma, pero después quedaron en la ruina. Pedían que se cambiara la directoría política de Totatiche a Bolaños, pues creían que de esta manera regresaría la prosperidad.
Estaba claro que los directores políticos tenían funciones de gobierno y de policía, pero no en todos los casos había un uso arbitrario de la fuerza pública: antes que nada eran árbitros en los problemas que se presentaban en su demarcación.
Un ejemplo es el de José Ignacio Torres, director político de San Juan de los Lagos. Durante mayo de 1878, los comerciantes de San Juan decidieron no aceptar las “cuartillas” emitidas por los gobiernos de San Luis Potosí y Zacatecas, que circulaban como dinero en la plaza, y provocaron con ello un fuerte malestar entre la población de bajos recursos de San Juan. La situación se tornó difícil y era inminente una rebelión popular. El director político habló personalmente al pueblo y lo convenció de no recurrir a la violencia. Así conservó el orden sin necesidad armas ni represión, pero también consiguió de los comerciantes el desprendimiento de cien fanegas de maíz compradas en plata, para que se vendieran a la gente pobre a cambio de las “cuartillas” repudiadas. Se restableció el orden, pero los problemas quedaron latentes hasta que las autoridades superiores intervenieran.
Diálogo y orden
También el director político de Zapopan intervino para solucionar un problema surgido entre los vecinos del pueblo de Tala y los dueños de las haciendas El Refugio y Cuisillos. En septiembre de 1892, los vecinos del pueblo de Tala se quejaron ante el gobernador de la falta de leña necesaria para sus “usos”: puesto que no había montes en dicha villa de dónde tomarla, tenían que pedirla a los dueños de El Refugio y Cuisillos, Feliciano Orendain y Manuel Gortázar, respectivamente, quienes se las habían negado. El director político de Zapopan informó al gobernador de que era verdad lo de la falta de leña en Tala, pero que también era verdad que los vecinos del pueblo cometieron desórdenes y abusos cuando iban a recoger la leña a las haciendas; recomendó, por lo tanto, que los dueños de las haciendas vendieran la leña, comisionando a una persona para ello, y que los guardamontes castigaran a la persona que sin permiso sacara leña de los terrenos de las mismas.
Como policía, el director político tenía el encargo de perseguir a los delincuentes que tuvieran actividad en su demarcación y de exigir a sus subordinados, autoridades municipales y comisarios, que prestaran el apoyo necesario para su persecución y encarcelamiento. Es el caso del director político de Totatiche, quien en enero de 1885 denunció ante el gobernador que el comisario de Bolaños se rehusaba a perseguir a unos bandidos procedentes de la sierra de Nayarit, ante lo cual él mismo hizo una expedición a Bolaños acompañado de 20 hombres de la acordada. La expedición tardó cinco días en llegar porque tuvo que subir la sierra y los miembros de la acordada prestaron sus servicios de forma gratuita; por eso, el director político pedía al gobernador recursos para alimentarlos.
Aunque la principal función de los directores políticos era el cuidado del orden y el cumplimiento de la ley, no faltaron quejas en contra de los abusos y arbitrariedades cometidos por estos funcionarios. Constantemente excedían sus atribuciones legales, pero a veces las quejas se producían por la aplicación de la ley.
Carlos Bracamontes se quejó ante el gobernador de que el director político de Tamazula lo apresó injustificadamente en diciembre de 1908 y lo desterró, amenazándolo con enviarlo de leva al ejército. Decía Bracamontes que el director político, junto con dos policías, lo condujo fuera de la población con todo y su esposa, para desterrarlo, por lo cual se fue a vivir a Ciudad Guzmán. La demanda fue llevada a los tribunales judiciales; sin embargo, el gobernador tuvo que defender al director político y negó el permiso necesario para someterlo a juicio, y también le advirtió al director de Tamazula que ninguna autoridad tenía facultades para imponer el destierro.
Los vecinos de Unión de Tula también se quejaron por los abusos cometidos por el director político del departamento, Andrés Lozano, en junio de 1908. Lo acusaron de proteger los intereses de la familia Moreno, hacendados del lugar, y de no castigar los delitos cometidos por los recomendados de dicha familia. A tal grado llegaba la influencia de los Moreno, que el director político andaba en caballos de dichos hacendados. La familia Moreno, por su parte, defendía al director político y calificaba de calumnias las quejas y acusaciones.
Andrés Lozano se defendió, al igual que todos los jefes políticos, con un lenguaje discriminatorio y autoritario, justificando todos sus excesos, haciéndolos aparecer como medidas de buena administración y buen gobierno; negó las acusaciones como “calumnias en su contra, construidas por sus enemigos”, y se jactó de tener el apoyo de las familias notables de Unión de Tula, que “es la opinión que vale”. El gobernador dio amplias garantías a las personas que acusaron al director político y les aseguró que no iban a ser apresadas por la autoridad local.
El director que jugaba ajedrez
Las quejas no sólo eran por el cumplimiento de la ley por parte de los directores, sino también porque no desempeñaban bien sus funciones. Esto aconteció con José María Arce, director político de Totatiche, en el cantón de Colotlán, de quien los vecinos se quejaron por su conducta arbitraria, despótica e insolente. En julio de 1906 lo acusaron de que rara vez se encontraba en sus oficinas, y que era necesario ir a buscarlo al lugar donde jugaba ajedrez, y todavía tenían que esperarlo a que terminara el juego. También se quejaban de que el funcionario dormía largas siestas por la tarde, habiendo casos en que individuos de clase pobre llegaban para casarse y, después de largo rato, el director político se levantaba malhumorado y se negaba a cumplir con su deber. También intentó nombrar a su hijo de catorce años como escribiente de la directoría.
El listado de quejas y faltas llegó al conocimiento del gobernador del estado; el director político negó las acusaciones y justificó su desempeño con un largo informe de sus actividades. Sin embargo, el gobernador le ordenó que modificara su conducta, para que no diera lugar a las quejas de los vecinos.
El conflicto entre distintas instancias de gobierno se dio con frecuencia; los ayuntamientos continuamente se quejaban de la intromisión o de los abusos de los directores políticos en sus asuntos, o por su incompetencia. Un ejemplo fue el ayuntamiento de San Juan de los Lagos, que, en la sesión del 30 de agosto de 1908, le informó al gobernador de que el director político del lugar había sido acusado de numerosos abusos por parte de la población; además se quejaban de que había mucha inseguridad y robos debido a la falta de vigilancia. Los miembros del ayuntamiento se quejaban de que el director político multaba a las personas por faltas administrativas sin que el dinero ingresara a la tesorería municipal. Sin embargo, los comerciantes y hacendados de Lagos, que habían tenido problemas políticos con el ayuntamiento, apoyaron al funcionario.
Este tipo de problemas fue frecuente debido a que había áreas de conflicto entre las distintas esferas de gobierno: las atribuciones legales del director político implicaban la injerencia en los asuntos internos del ayuntamiento, pero éste, a su vez, podía acusar al director de ineficiente si juzgaba que incumplía sus obligaciones o por pertenecer a bandos políticos distintos.
Todos estos casos de autoridades locales podrían servir para corroborar la leyenda negra acerca de las autoridades políticas, pero también hay que observar que las fuentes proporcionan sólo los casos donde los vecinos se quejan de los abusos y arbitrariedades de comisarios y directores políticos: no podemos concluir que todos eran arbitrarios y actuaban fuera de la ley. Tampoco podemos concluir que estas autoridades actuaban como tiranos locales, de forma independiente y personal, porque lo vecinos acudían a instancias superiores en busca de justicia y de solución a sus demandas y quejas; en algunos casos, las instancias superiores de gobierno destituían a los funcionarios cuando las quejas y la inconformidad de los vecinos eran generales y justificadas.
Sergio Valerio Ulloa
Doctor en Historia y académico de la UdeG
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