Jalisco
Auditor responsabiliza a la pasada Legislatura de pagos millonarios extra
Los legisladores coincidieron en que los cobros pudieron ser legales, pero advirtieron no son morales
GUADALAJARA, JALISCO (05/FEB/2011).- El titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (
ASEJ), Alonso Godoy Pelayo, compareció ayer durante tres horas ante diputados. A la Comisión de Vigilancia acudieron 25 legisladores, que cuestionaron los cobros extra por 6.5 millones de pesos durante 2009, pero el auditor rechazó irregularidades y afirmó que no renunciará al cargo.
Godoy Pelayo reconoció que se cobró esa cantidad, pero sostuvo que cada pago fue legal y lo obtuvo de su patrón: el Congreso del Estado.
“Lo que toca al pago de prestaciones del servidor, declaro bajo protesta decir la verdad, que es de su competencia otorgar esos pagos (del Congreso), no de la ASEJ y menos del auditor. Se ha señalado que ha sido esta soberanía y no la ASEJ, la que efectuó los pagos”.
El diputado del PRI, Jesús Casillas, cuestionó al auditor sobre ¿quién pagó ese recurso? Y le preguntaron también bajo qué conceptos se otorgó el dinero. Pero Godoy Pelayo se limitó a responder que “toda la información está en poder de esta soberanía (el Legislativo)”.
El priista Luis Armando Córdova, el perredista Raúl Vargas López y el coordinador de los diputados del PRI, Roberto Marrufo, solicitaron a Godoy Pelayo que mostrara sus declaraciones patrimoniales y expusiera si declaró ante Hacienda el pago de los impuestos respectivos por estos recursos extraordinarios. Con hoja en mano, el auditor presentó las carátulas de sus declaraciones patrimoniales y de la declaración de impuestos de los mismos.
Como prueba de que la entrega de ese dinero “es legal”, mostró un acuerdo económico en el que la 58 Legislatura aprobaba las prestaciones para el auditor superior, argumento que el coordinador de los panistas, José María Martínez, echó abajo. Éste apuntó que la 57 Legislatura –cuando él era diputado– aprobó que ningún funcionario de primer nivel tuviera derecho a bonos y percepciones extraordinarias.
El diputado del PAN, Isaías Cortés Berumen, recalcó que la “legalidad de los pagos recibidos dependían del Congreso. La ASEJ es legal en su funcionamiento, pero no tiene legitimidad”.
En tanto, el coordinador de los diputados del PRD, Raúl Vargas López, aseveró que “a cualquier ciudadano, (6.5 millones de pesos) le parece una cantidad desproporcionada”.
Los legisladores coincidieron en que los cobros pudieron ser legales, pero advirtieron no son morales.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Salvador Barajas del Toro, refirió que en los próximos días presentará un desglose de las conclusiones al pleno del Congreso, en el que pedirá que se inicie una investigación en las áreas administrativas para determinar cuándo, bajo qué concepto y quién autorizó el pago. Y no descartó solicitar la comparecencia de ex diputados o del ex secretario general del Congreso.
El legislador priista José Luis Ocampo consideró que “mientras más explicaciones da (el auditor), más se hunde”. Al igual que Salvador Arellano y Luis Armando Córdova, pidieron que Godoy Pelayo dejara el cargo.
El auditor nunca negó los pagos por 6.5 millones de pesos en 2009, así como otros 11 millones de pesos entre 2004 y 2009, pero advirtió que “todos son legales”.
Telón de Fondo
Auditoría externa
Producto de una auditoría a la pasada Legislatura, realizada por una empresa privada, se descubrieron cuentas bancarias no detectadas y el faltante de recursos.
Entre esas irregularidades salió a la luz que el auditor superior cobró 6.5 millones de pesos por concepto de viajes, vacaciones y viáticos en 2009. También se dio cuenta que su suegro, Alfredo Vargas Padilla, había cobrado como proveedor del Congreso, aunque aseguran que no estaba registrado en el padrón.
Cuestionado en torno a si esa auditoría es válida, Godoy Pelayo refirió que de acuerdo con la ley aprobada por el Congreso, la ASEJ es la única instancia (en conjunto con el Poder Legislativo) que audita cuentas públicas, por lo que los resultados de la empresa Russell Beldorfd “no pueden tomarse como válidos”.
Añadió que la ASEJ tiene la facultad de revisar la cuenta pública 2009 del Congreso –a pesar de que existen observaciones que lo involucran– porque así lo señala la ley. “Además, soy una parte en el eslabón de la revisión de cuentas públicas. Al final, los diputados son los que aprueban o rechazan las propuestas de la ASEJ”.
Godoy Pelayo reconoció que se cobró esa cantidad, pero sostuvo que cada pago fue legal y lo obtuvo de su patrón: el Congreso del Estado.
“Lo que toca al pago de prestaciones del servidor, declaro bajo protesta decir la verdad, que es de su competencia otorgar esos pagos (del Congreso), no de la ASEJ y menos del auditor. Se ha señalado que ha sido esta soberanía y no la ASEJ, la que efectuó los pagos”.
El diputado del PRI, Jesús Casillas, cuestionó al auditor sobre ¿quién pagó ese recurso? Y le preguntaron también bajo qué conceptos se otorgó el dinero. Pero Godoy Pelayo se limitó a responder que “toda la información está en poder de esta soberanía (el Legislativo)”.
El priista Luis Armando Córdova, el perredista Raúl Vargas López y el coordinador de los diputados del PRI, Roberto Marrufo, solicitaron a Godoy Pelayo que mostrara sus declaraciones patrimoniales y expusiera si declaró ante Hacienda el pago de los impuestos respectivos por estos recursos extraordinarios. Con hoja en mano, el auditor presentó las carátulas de sus declaraciones patrimoniales y de la declaración de impuestos de los mismos.
Como prueba de que la entrega de ese dinero “es legal”, mostró un acuerdo económico en el que la 58 Legislatura aprobaba las prestaciones para el auditor superior, argumento que el coordinador de los panistas, José María Martínez, echó abajo. Éste apuntó que la 57 Legislatura –cuando él era diputado– aprobó que ningún funcionario de primer nivel tuviera derecho a bonos y percepciones extraordinarias.
El diputado del PAN, Isaías Cortés Berumen, recalcó que la “legalidad de los pagos recibidos dependían del Congreso. La ASEJ es legal en su funcionamiento, pero no tiene legitimidad”.
En tanto, el coordinador de los diputados del PRD, Raúl Vargas López, aseveró que “a cualquier ciudadano, (6.5 millones de pesos) le parece una cantidad desproporcionada”.
Los legisladores coincidieron en que los cobros pudieron ser legales, pero advirtieron no son morales.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Salvador Barajas del Toro, refirió que en los próximos días presentará un desglose de las conclusiones al pleno del Congreso, en el que pedirá que se inicie una investigación en las áreas administrativas para determinar cuándo, bajo qué concepto y quién autorizó el pago. Y no descartó solicitar la comparecencia de ex diputados o del ex secretario general del Congreso.
El legislador priista José Luis Ocampo consideró que “mientras más explicaciones da (el auditor), más se hunde”. Al igual que Salvador Arellano y Luis Armando Córdova, pidieron que Godoy Pelayo dejara el cargo.
El auditor nunca negó los pagos por 6.5 millones de pesos en 2009, así como otros 11 millones de pesos entre 2004 y 2009, pero advirtió que “todos son legales”.
Telón de Fondo
Auditoría externa
Producto de una auditoría a la pasada Legislatura, realizada por una empresa privada, se descubrieron cuentas bancarias no detectadas y el faltante de recursos.
Entre esas irregularidades salió a la luz que el auditor superior cobró 6.5 millones de pesos por concepto de viajes, vacaciones y viáticos en 2009. También se dio cuenta que su suegro, Alfredo Vargas Padilla, había cobrado como proveedor del Congreso, aunque aseguran que no estaba registrado en el padrón.
Cuestionado en torno a si esa auditoría es válida, Godoy Pelayo refirió que de acuerdo con la ley aprobada por el Congreso, la ASEJ es la única instancia (en conjunto con el Poder Legislativo) que audita cuentas públicas, por lo que los resultados de la empresa Russell Beldorfd “no pueden tomarse como válidos”.
Añadió que la ASEJ tiene la facultad de revisar la cuenta pública 2009 del Congreso –a pesar de que existen observaciones que lo involucran– porque así lo señala la ley. “Además, soy una parte en el eslabón de la revisión de cuentas públicas. Al final, los diputados son los que aprueban o rechazan las propuestas de la ASEJ”.
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