Jalisco
Asciende a siete mil MDP el monto por supuestas irregularidades
Contraloría del Estado detecta nuevas anomalías en ejercicio de 2012, con lo que llegan a siete mil 573 millones
GUADALAJARA, JALISCO (16/OCT/2013).- De señalar supuestas irregularidades por cinco mil 384 millones 962 mil 909 pesos en junio, la
Controlaría del Estado informó este miércoles que en el avance e integración de otras instancias auditadas se pasa a siete mil 573 millones; esto deviene de revisión al ejercicio 2012.
El contralor Juan José Bañuelos dijo que podrían ser 10 las denuncias penales que resulten de la auditoría y agregó que ha iniciado ya las correspondientes a 2013.
"Estamos en el proceso de dictaminar responsabilidades. De acuerdo con la ley, las responsabilidades que debieran tomarse en este caso pueden ser de carácter disciplinario en el ámbito administrativo y en última instancia la denuncia penal".
La Controlaría hizo 222 observaciones de carácter administrativo a más de una decena de dependencias estatales y 78 observaciones que pueden implicar daño de carácter patrimonial, afirmó.
Las observaciones de daño patrimonial sumarían 91 millones de pesos; aquellas por obra pública ascienden a un millón 423 mil pesos.
En cuanto a los OPD hay 584 observaciones de carácter administrativo y 271 observaciones con un posible daño patrimonial; la sumatoria da dos mil 373 millones de pesos.
Bañuelos evitó detallar las observaciones hechas a cada dependencia estatal y Organismo Público Descentralizado (OPD) y los montos, siendo que hay algunas instancias cuya auditoría concluyó, como la del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas ( CAPECE).
"Estoy dispuesto a dar toda la información cuando sea oportuno, pero en este momento tenemos que trabajar en absoluta discreción para poder llevar a buen final el trabajo que hemos venido haciendo".
En un primer informe proporcionado en junio, el contralor decía que la administración central, con 16 dependencias auditadas, acumulaba un total de 266 observaciones. Las anomalías por cuestiones administrativas alcanzaban los 416 millones de pesos, mientras aquellas detectadas en obra pública constituían poco más de dos mil 738 millones de pesos, para dar un total de tres mil 154 millones 178 mil 808 pesos.
En el caso de los 11 OPD's investigados hasta aquel mes, se informaba de 121 observaciones. Por auditoría administrativa se revisan 425 millones 784 mil 536 pesos y por auditoría a obra, mil 085 millones 068 mil 309 pesos. Las dos cantidades suman mil 510 millones 852 mil 846 pesos.
Las auditorías y su proceso
Las auditorías "casi terminadas": la Contraloría del Estado, el Despacho del Gobernador, la Procuraduría Social, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Turismo, los Servicios de Salud del Estado, el Seguro Popular y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
OPD's con auditorías: el Instituto del Trabajo, el CAPECE, el Code, el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), el DIF Jalisco, el Iprovipe, Conalep, Sistecozome, Instituto Técnico Superior de Puerto Vallarta, Servicios y Transportes, el SEAPAL, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
Con auditoría concluida: ITS Tequila, CAPECE, Ipejal, Instituto de formación para el trabajo, el fideicomiso para el desarrollo rural, la Inmobiliaria y promotora de vivienda de interés público, el fideicomiso de pensiones y jubilaciones de servidores públicos y el Hospital Civil de Guadalajara.
El origen de la auditoría
Al inicio de la administración el secretario General de Gobierno, Arturo Zamora, requirió auditar las siguientes instancias: Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Seguro Popular, Code y el Instituto de la Familia.
"Estas cinco dependencias nos las encargan porque estaban en el ánimo de la opinión pública y de los medios de comunicación", dijo en junio el contralor.
"Cuando empezamos a trabajar, encontramos que no podríamos ser exitosos si revisamos nada más una parte del gobierno. Dijimos '¿Qué vamos a hacer?' Vamos a revisar dónde están las grandes cantidades de dinero y dónde están los problemas más significativos".
EL INFORMADOR / MIRIAM PADILLA
El contralor Juan José Bañuelos dijo que podrían ser 10 las denuncias penales que resulten de la auditoría y agregó que ha iniciado ya las correspondientes a 2013.
"Estamos en el proceso de dictaminar responsabilidades. De acuerdo con la ley, las responsabilidades que debieran tomarse en este caso pueden ser de carácter disciplinario en el ámbito administrativo y en última instancia la denuncia penal".
La Controlaría hizo 222 observaciones de carácter administrativo a más de una decena de dependencias estatales y 78 observaciones que pueden implicar daño de carácter patrimonial, afirmó.
Las observaciones de daño patrimonial sumarían 91 millones de pesos; aquellas por obra pública ascienden a un millón 423 mil pesos.
En cuanto a los OPD hay 584 observaciones de carácter administrativo y 271 observaciones con un posible daño patrimonial; la sumatoria da dos mil 373 millones de pesos.
Bañuelos evitó detallar las observaciones hechas a cada dependencia estatal y Organismo Público Descentralizado (OPD) y los montos, siendo que hay algunas instancias cuya auditoría concluyó, como la del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas ( CAPECE).
"Estoy dispuesto a dar toda la información cuando sea oportuno, pero en este momento tenemos que trabajar en absoluta discreción para poder llevar a buen final el trabajo que hemos venido haciendo".
En un primer informe proporcionado en junio, el contralor decía que la administración central, con 16 dependencias auditadas, acumulaba un total de 266 observaciones. Las anomalías por cuestiones administrativas alcanzaban los 416 millones de pesos, mientras aquellas detectadas en obra pública constituían poco más de dos mil 738 millones de pesos, para dar un total de tres mil 154 millones 178 mil 808 pesos.
En el caso de los 11 OPD's investigados hasta aquel mes, se informaba de 121 observaciones. Por auditoría administrativa se revisan 425 millones 784 mil 536 pesos y por auditoría a obra, mil 085 millones 068 mil 309 pesos. Las dos cantidades suman mil 510 millones 852 mil 846 pesos.
Las auditorías y su proceso
Las auditorías "casi terminadas": la Contraloría del Estado, el Despacho del Gobernador, la Procuraduría Social, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Turismo, los Servicios de Salud del Estado, el Seguro Popular y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
OPD's con auditorías: el Instituto del Trabajo, el CAPECE, el Code, el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), el DIF Jalisco, el Iprovipe, Conalep, Sistecozome, Instituto Técnico Superior de Puerto Vallarta, Servicios y Transportes, el SEAPAL, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
Con auditoría concluida: ITS Tequila, CAPECE, Ipejal, Instituto de formación para el trabajo, el fideicomiso para el desarrollo rural, la Inmobiliaria y promotora de vivienda de interés público, el fideicomiso de pensiones y jubilaciones de servidores públicos y el Hospital Civil de Guadalajara.
El origen de la auditoría
Al inicio de la administración el secretario General de Gobierno, Arturo Zamora, requirió auditar las siguientes instancias: Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Seguro Popular, Code y el Instituto de la Familia.
"Estas cinco dependencias nos las encargan porque estaban en el ánimo de la opinión pública y de los medios de comunicación", dijo en junio el contralor.
"Cuando empezamos a trabajar, encontramos que no podríamos ser exitosos si revisamos nada más una parte del gobierno. Dijimos '¿Qué vamos a hacer?' Vamos a revisar dónde están las grandes cantidades de dinero y dónde están los problemas más significativos".
EL INFORMADOR / MIRIAM PADILLA
Síguenos en