Jalisco
Amplían citatorios en caso FEG
La Procuraduría continúa las investigaciones sobre el hallazgo de cadáveres de estudiantes de la Prepa 8 y un padre de familia, en el edificio del grupo
Tomás Coronado Olmos, procurador del Estado, explicó que los primeros tres integrantes a los que fue girada la orden de presentación de manera voluntaria no asistieron ante el fiscal que inició la averiguación previa, por lo que ahora solicitó citatorios “obligatorios” contra todos los miembros de este organismo.
Los integrantes de la agrupación de estudiantes citados previamente fueron: David Castorena Peña, presidente electo; Israel Mariscal Quezada, actual dirigente de la Federación, y “El Tatuado”, presunto velador del edificio.
El primer fiscal se negó a dar los nombres de las personas con órdenes de presentación para no entorpecer los avances logrados en la averiguación previa. A partir de ayer, agentes investigadores del área de Desaparecidos iniciaron la búsqueda.
Al respecto, el ex presidente del grupo de estudiantes y actual regidor de Tonalá por el Partido del Trabajo, Mayo Ramírez, se manifestó a favor del procedimiento. Sin embargo, anotó que tiene conocimiento de algunos miembros que ya se habían presentado ante la Procuraduría, aunque sus declaraciones no fueron grabadas.
Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados enterrados, el pasado 14 de diciembre, en las inmediaciones del edificio del grupo de estudiantes, ubicado a espaldas de la Escuela Normal. Según el académico del Colegio de México (Colmex), Sergio Aguayo Quezada, la vigencia de esta sociedad de alumnos, pese a haber dejado de ser reconocida por la UdeG desde 1989, puede ser explicada al analizar la estructura de poder en el Estado, misma que se mantiene intacta en pleno siglo XXI, con sus formas y operaciones tradicionales.
De acuerdo con investigaciones de la PGJE, existen dos líneas de investigación en torno a la muerte de los cinco hombres, la primera de ellas supone que el padre de familia asesinado buscaba negociar una reducción a la cuota impuesta por la Federación como derecho de piso, mientras que la segunda, sugiere que el propio hombre colaboraba con el cobro a comerciantes. El homicidio, según la última pesquisa, podría haber sido motivado tras el hurto de parte del monto recaudado.
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