Jalisco
Ambulantes pagan $6 mil al mes
Regidores denunciaron la ''parálisis'' de la Contraloría tapatía, que no ha concluido la investigación sobre la tolerancia al comercio informal
GUADALAJARA, JALISCO (17/AGO/2013).- Los cientos de comerciantes ambulantes que siguen ocupando plazas, andadores y banquetas del
Centro Histórico de Guadalajara, donde está prohibido por reglamento, están pagando cuotas mensuales a sus líderes que rondan los seis mil pesos (unos mil 600 a la semana). Parte de ese dinero llega a servidores públicos, afirman los regidores del PAN.
El edil Mario Salazar Madera expuso: “Lo que nos han informado algunos ambulantes son las cuotas semanales que cada líder (de grupo) recauda y entrega a cierto personaje representante de la autoridad municipal; no tenemos toda la información, pero sí nos comentaron que las cuotas que se recaudan semanalmente son aproximadamente entre mil 400 y mil 600 pesos por vendedor”.
Ayer, tanto Salazar como su compañera Maribel Alfeirán Ruiz insistieron en que el Ayuntamiento tapatío no ha podido hacer valer la reglamentación en el primer cuadro, a pesar de la crisis política que esto ha detonado, y cuestionaron el desempeño de la Secretaría de Contraloría Municipal, sumida en una “parálisis total”, sin rendir cuentas sobre las investigaciones que se le han encomendado para sancionar la protección de grupos de ambulantes desde la administración tapatía.
El 15 de agosto venció el plazo de 15 días fijado por el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, para que el órgano de control concluyera con la indagatoria sobre la Secretaría General, la cual instruyó la tolerancia al ambulantaje, según consta en un informe oficial de la Dirección de Inspección y Vigilancia, pero aún no hay resultados, apuntaron los regidores.
Hace más de dos meses —otro ejemplo—, el 11 de junio, se le ordenó a la Contraloría que aclarara si las autorizaciones del motel de San Miguel de Mezquitán tienen firmas legítimas o no, luego de que dos funcionarios de la administración 2007-2009 denunciaron que las suyas habían sido falsificadas para dar paso a este giro no permitido. Tampoco hay conclusiones.
Otro pendiente: el 28 de mayo de 2013, el mismo titular de la Contraloría, Gustavo César Galindo, declaró que realizarían una auditoría sobre las obras malhechas en la unidad de la Cruz Verde Leonardo Oliva, en la administración 2010-2012, y que dejaron fuera de operación sus quirófanos.
Dice Madera Salazar: “Parálisis total por parte de la Contraloría, nulo compromiso con la transparencia, con la rendición de cuentas y, al parecer, si eso sucede con un asunto que es de interés común para los ciudadanos de esta colonia (se refiere a San Miguel de Mezquitán), imaginen con este asunto que se está investigando (ambulantaje): lo que está pasando es una complicidad ante la injusticia que se presenta en el Ayuntamiento”.
El edil Mario Salazar Madera expuso: “Lo que nos han informado algunos ambulantes son las cuotas semanales que cada líder (de grupo) recauda y entrega a cierto personaje representante de la autoridad municipal; no tenemos toda la información, pero sí nos comentaron que las cuotas que se recaudan semanalmente son aproximadamente entre mil 400 y mil 600 pesos por vendedor”.
Ayer, tanto Salazar como su compañera Maribel Alfeirán Ruiz insistieron en que el Ayuntamiento tapatío no ha podido hacer valer la reglamentación en el primer cuadro, a pesar de la crisis política que esto ha detonado, y cuestionaron el desempeño de la Secretaría de Contraloría Municipal, sumida en una “parálisis total”, sin rendir cuentas sobre las investigaciones que se le han encomendado para sancionar la protección de grupos de ambulantes desde la administración tapatía.
El 15 de agosto venció el plazo de 15 días fijado por el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, para que el órgano de control concluyera con la indagatoria sobre la Secretaría General, la cual instruyó la tolerancia al ambulantaje, según consta en un informe oficial de la Dirección de Inspección y Vigilancia, pero aún no hay resultados, apuntaron los regidores.
Hace más de dos meses —otro ejemplo—, el 11 de junio, se le ordenó a la Contraloría que aclarara si las autorizaciones del motel de San Miguel de Mezquitán tienen firmas legítimas o no, luego de que dos funcionarios de la administración 2007-2009 denunciaron que las suyas habían sido falsificadas para dar paso a este giro no permitido. Tampoco hay conclusiones.
Otro pendiente: el 28 de mayo de 2013, el mismo titular de la Contraloría, Gustavo César Galindo, declaró que realizarían una auditoría sobre las obras malhechas en la unidad de la Cruz Verde Leonardo Oliva, en la administración 2010-2012, y que dejaron fuera de operación sus quirófanos.
Dice Madera Salazar: “Parálisis total por parte de la Contraloría, nulo compromiso con la transparencia, con la rendición de cuentas y, al parecer, si eso sucede con un asunto que es de interés común para los ciudadanos de esta colonia (se refiere a San Miguel de Mezquitán), imaginen con este asunto que se está investigando (ambulantaje): lo que está pasando es una complicidad ante la injusticia que se presenta en el Ayuntamiento”.
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