Jalisco
Álvarez Cibrián enloqueció
No es corriente que los defensores de los derechos humanos pidan soldados en las calles o busquen justificaciones legales para que se permita
Lo que usualmente sucede, es que las comisiones de derechos humanos cuestionan los métodos del
Ejército en el combate al crimen organizado, pues por su naturaleza, estos violentan las garantías individuales. No es corriente que los defensores de los derechos humanos pidan soldados en las calles o busquen justificaciones legales para que se permita. En todos los otros frentes sí, pero no en Derechos Humanos, no en boca del titular.
La realidad sin embargo, calla unas bocas y por lo visto, abre otras. En Jalisco, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, soltó en el peor momento posible que debe modificarse la Constitución para que el Ejército cuide las ciudades del país. Cuidado. No dijo: la Constitución limita esas tareas. No. Dijo: habrá que modificar la Constitución. A ver, más despacio: el ombudsman pide militarizar la seguridad pública en México y cambiar las palabras en el texto para que no se vea mal que un ciudadano sea privado de la libertad, del derecho de tránsito o del derecho a no ser molestado. ¿Otra traducción? Si quieren paz, quiten esas monsergas del texto constitucional y aceptemos que no hay otra forma de combatir al mal.
Paréntesis: no es éste un artículo sobre el Ejército, o sobre las ventajas y las desventajas de tener esquemas castrenses en la búsqueda de tranquilidad. Que quede claro. Éste es un texto sobre las comisiones de derechos humanos, específicamente sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, particularmente sobre su titular, concretamente sobre la postura que tiene ante la seguridad pública.
Insisto: no se trata del Ejército, se trata del ombudsman, del defensor de las garantías ante abusos de autoridad. Se trata de su peculiar concepción sobre el papel del Estado en la construcción de seguridad: una visión legalista. Si la ley lo permite, pensará, estamos salvados. La tendencia, sin la locuaz intervención del defensor, ya apunta de por sí hacia la militarización de la seguridad pública en muchos frentes (la PFP tiene militares “prestados”, muchas policías municipales tienen ex militares al frente y el combate al narcotráfico se vistió de verde olivo). Esto afecta tareas primordiales del Ejército y genera dinámicas de un Estado de excepción, pero es comprensible que desde la desesperación, muchos actores imprudentes y mal informados quieran descansar en la Secretaría de Defensa. Lo que no tiene nombre es que quien lo pida sea el abogado responsable de vigilar que las autoridades no violen los derechos humanos; el cuidador de las garantías, el hombre que debe velar porque no haya un Estado de excepción, el mismo funcionario que en diciembre emitió una recomendación a 200 policías por hacer revisiones de rutina. Siguiendo su razonamiento, puede también pedir que se modifique la Constitución, en el área de garantías, para que los ciudadanos no tengan libre tránsito, para que sean todos sospechosos (niños incluidos), y podamos vivir en paz entre retenes y cateos.
La realidad sin embargo, calla unas bocas y por lo visto, abre otras. En Jalisco, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, soltó en el peor momento posible que debe modificarse la Constitución para que el Ejército cuide las ciudades del país. Cuidado. No dijo: la Constitución limita esas tareas. No. Dijo: habrá que modificar la Constitución. A ver, más despacio: el ombudsman pide militarizar la seguridad pública en México y cambiar las palabras en el texto para que no se vea mal que un ciudadano sea privado de la libertad, del derecho de tránsito o del derecho a no ser molestado. ¿Otra traducción? Si quieren paz, quiten esas monsergas del texto constitucional y aceptemos que no hay otra forma de combatir al mal.
Paréntesis: no es éste un artículo sobre el Ejército, o sobre las ventajas y las desventajas de tener esquemas castrenses en la búsqueda de tranquilidad. Que quede claro. Éste es un texto sobre las comisiones de derechos humanos, específicamente sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, particularmente sobre su titular, concretamente sobre la postura que tiene ante la seguridad pública.
Insisto: no se trata del Ejército, se trata del ombudsman, del defensor de las garantías ante abusos de autoridad. Se trata de su peculiar concepción sobre el papel del Estado en la construcción de seguridad: una visión legalista. Si la ley lo permite, pensará, estamos salvados. La tendencia, sin la locuaz intervención del defensor, ya apunta de por sí hacia la militarización de la seguridad pública en muchos frentes (la PFP tiene militares “prestados”, muchas policías municipales tienen ex militares al frente y el combate al narcotráfico se vistió de verde olivo). Esto afecta tareas primordiales del Ejército y genera dinámicas de un Estado de excepción, pero es comprensible que desde la desesperación, muchos actores imprudentes y mal informados quieran descansar en la Secretaría de Defensa. Lo que no tiene nombre es que quien lo pida sea el abogado responsable de vigilar que las autoridades no violen los derechos humanos; el cuidador de las garantías, el hombre que debe velar porque no haya un Estado de excepción, el mismo funcionario que en diciembre emitió una recomendación a 200 policías por hacer revisiones de rutina. Siguiendo su razonamiento, puede también pedir que se modifique la Constitución, en el área de garantías, para que los ciudadanos no tengan libre tránsito, para que sean todos sospechosos (niños incluidos), y podamos vivir en paz entre retenes y cateos.
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