Altos salarios de funcionarios no sirvieron para reducir corrupción

GUADALAJARA, JALISCO (02/MAR/2016).- Desde que la alternancia fue realidad, y el Partido Acción Nacional (PAN) comenzó a gobernar en la Entidad, los sueldos de los funcionarios públicos, particularmente de los cargos de mayor jerarquía, crecieron como la espuma.

La decisión tuvo un fin noble. Entonces se pensó que mejorar el salario de los burócratas reduciría la posibilidad de que éstos incurrieran en actos de corrupción. Pero a la distancia y tras diversos hechos verificados, esa meta quedó sólo en papel.

“Empezó a haber esta lógica de aprobar sistemáticamente aumentos y a su libre albedrio. Los Congresos, municipios, las instancias del Gobierno del Estado… y llegamos a esta lógica de ir incrementando los sueldos”, dijo ayer el investigador Jorge Enrique Rocha Quintero, del Departamento de estudios sociopolíticos y jurídicos del ITESO.

Durante un debate realizado ayer en EL INFORMADOR, los cuatro invitados coincidieron en que la estrategia de autorizar salarios que compiten con los que tienen los directivos de las grandes empresas, falló. “Tenían como objetivo abatir conductas de corrupción y profesionalizar el servicio público: que fuera competitivo. Ninguno de los dos objetivos se ha cumplido, porque siguen habiendo casos de corrupción”, agregó la subsecretaria de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, Martha Gloria Gómez Hernández.

Para la diputada Rocío Corona Nakamura, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado, hubo administraciones que “confundieron al Gobierno con una empresa” y entregaron sueldos “de primer mundo” a los altos funcionarios públicos para tratar de que éstos no tuvieran necesidad de servirse del erario.

Según Jorge Rocha, esa lógica de empresa en la función pública comenzó a desdibujar el sentido del trabajo en pro de la ciudadanía, pues “la vocación de las empresas es lucrar, y en el Gobierno se supone que su espíritu de fondo es el servicio”.

Jorge Antonio Mejía Rodríguez, investigador de la UdeG, agregó que esa condición, hoy se traduce en salarios de hasta 10 veces más para funcionarios mexicanos de primer nivel, en comparación con sus símiles de países industrializados.

En julio se conocerán los tabuladores máximos

Para el 15 de julio próximo, el Congreso tendrá en su poder los nuevos tabuladores salariales que definirán los rangos mínimos y máximos de las percepciones en los tres Poderes públicos de Jalisco.

En febrero pasado, los diputados estatales aprobaron la reforma que pretende establecer un nuevo rango de sueldos, e impedir que haya servidores públicos que ganen más que el gobernador.

Actualmente, 52 funcionarios de primer nivel reciben más de los 166 mil pesos que le corresponden el jefe del Poder Ejecutivo en Jalisco.

El seguimiento al nuevo estatuto queda en manos de los 125 ayuntamientos. Durante un debate celebrado en esta casa editorial, la diputada Rocío Corona Nakamura explicó que todos los cabildos tendrán que votar por esta nueva disposición.

Si la mayoría lo aprueba, para abril próximo el gobernador firmará la minuta de decreto y la nueva regulación quedará publicada en el Periódico Oficial de Jalisco, lo que significa que se hará válida al día siguiente.

Los nuevos tabuladores serán discutidos por un Comité Técnico de Valoración Salarial —integrado por autoridades, empresarios e investigadores de universidades públicas y privadas—, el cual analizará los topes en función de la responsabilidad que tiene el funcionario y de su desempeño.

Las recomendaciones que ese grupo haga se harán llegar al Poder Legislativo para que los diputados las consideren en el ejercicio presupuestal 2017. Y de acuerdo con la diputada, tienen carácter de vinculantes,: el Congreso “tendrá qué respetarlas”.

EL DEBATE

	Jorge Enrique Rocha Quintero, investigador del ITESO.	Martha Gloria Gómez Hernández, subsecretaria de Asuntos Jurídicos del Gobierno de Jalisco.	María del Rocío Corona Nakamura, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso.	Jorge Antonio Mejía Rodríguez, investigador del Departamento de Economía del CUCEA.
¿En qué momento se dispararon los salarios y quiénes fueron los omisos por no frenar este exceso?	Cuando se dio la alternancia en 1995. Uno de los supuestos del Partido Acción Nacional (PAN) fue que si se incrementaban los sueldos bajaría la corrupción. Otro error fue comparar los sueldos de funcionarios de alto nivel con los de los directivos de las grandes empresas privadas. Estas dos lógicas provocaron la perversión que ahora tenemos.	El aumento de los salarios tuvo como objetivo primario abatir la corrupción, pero ha seguido la corrupción en todos los Poderes. Otro factor que incidió fue que se abusó de la discrecionalidad con la que se fijan los salarios en las instituciones que se escudan en el principio de autonomía.	Este problema surgió con la llegada de los Gobiernos panistas (después de 1995). Confundieron al Gobierno con una empresa. Esto ocasionó que se fueron elevando los sueldos de los altos funcionarios públicos.	No es un problema nuevo. Viene desde los años ochenta y se fortaleció en los noventa. Pero se ha vuelto una costumbre. Desde entonces, los servidores públicos de primero y segundo niveles están muy bien remunerados, incluso más que en algunos países desarrollados. Esta situación es rechazada por la opinión pública y por la sociedad.
Si el gobernador gana 166 mil pesos al mes, ¿cuánto deben ganar los magistrados?	En Jalisco y en los municipios el peso que la nómina tiene es muy alto. Hay que ver cómo la reducimos para que se pueda incrementar el gasto en la inversión pública. Además, la distancia entre los sueldos de los funcionarios de alto nivel con los trabajadores de base es importante. Debe haber un proceso de igualación salarial.	El Comité Técnico de Valoración Salarial tendrá que tomar en cuenta las opiniones de los investigadores para saber qué salarios deben fijarse para cada una de las funciones, pero el umbral tendrá que ser conforme a la iniciativa, en la que se establece que nadie puede ganar más que el gobernador.	Actualmente, el gobernador tiene la misma percepción económica que su antecesor. No debe haber nadie que gane más que él, que tiene la más alta responsabilidad en el sector público. Una vez que entre en vigor la reforma tendrán que hacerse los ajustes para que nadie gane más que su superior jerárquico.	Tenemos que tomar en cuenta referentes: Noruega, Dinamarca y Finlandia han avanzado en muchos órdenes la remuneración de los servidores públicos. Por eso debe ampliarse la discusión y crear foros para que el Comité Técnico de Valoración Salarial se haga de más ideas.
¿Cómo se deben definir los tabuladores o la fórmula para los topes salariales?	Es necesario generar un gran tabulador de responsabilidades que se cuadre con la población. No es lo mismo ser presidente municipal de Teocuitatlán que de Guadalajara, sólo por el número de habitantes. Este tabulador podría ajustarse a la inflación. Un esfuerzo de este tipo podría resolver las distorsiones salariales que tenemos.	El Comité Técnico de Valoración Salarial deberá analizar qué responsabilidad tiene cada funcionario para determinar su sueldo. Sería muy riesgoso abrirlo a una consulta pública. Las opiniones podrían ser que no ganen nada y se perdería el objetivo que tiene esta medida, que en realidad es poner orden.	Tenemos que poner un alto. El titular de las Fiestas de Octubre gana más que el presidente municipal de Tonalá. De acuerdo con la productividad se debe pagar. Es necesario que el Comité Técnico de Valoración Salarial tenga fuerza y sus recomendaciones sean contundentes.	Es importante que la sociedad opine para cerrar acuerdos. Además, no se debe perder de vista la transparencia… Ya no se vale que el servidor público se enriquezca. Eso es lo que rechaza la sociedad. Además, es necesario que el perfil del trabajador cumpla con la función. No se vale que estemos improvisando.
Conclusiones	Es necesario llevar a cabo una reingeniería. Esta Legislatura y el Gobierno estatal deberían comprometerse a terminar este proceso antes de que inicie la siguiente administración. Eso sería lo óptimo sabiendo que es un proceso largo, donde hay que discutir y diseñar muchas cosas	Quiero destacar la voluntad política para dictaminar esta iniciativa y para que esté, en este momento, aprobada por el Legislativo. Invito a los municipios a sumarse para cumplir con el objetivo de hacer más justo el gasto público. Viene un proceso largo y es necesario que todos los involucrados participen en este.	Las remuneraciones de los funcionarios de alto nivel se encuentran fuera de toda proporción. No se justifican ni jurídica ni socialmente. Es fundamental que los funcionarios completen el perfil. No más novatadas. Que esté quien deba estar para dar resultados.	Esta iniciativa debe ser el inicio de una serie de esfuerzos que equilibren las remuneraciones de los trabajadores de base. Habrá que ver si existe voluntad política. Ojalá esto se privilegie y podamos ver avances en todos los niveles.

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