Jalisco
Almaguer presenta propuesta para reformar Código Penal
Eduardo Almaguer presenta propuesta para reformar Código Penal, en la que propone castigar penalmente y administrativamente a abogados corruptos
GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2013).- El titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Eduardo Almaguer Ramírez, acudió con los integrantes de la comisión legislativa en la materia para presentar una propuesta de reforma al Código Penal a fin de sancionar penal y administrativamente a los abogados corruptos.
El ex presidente del PRI explicó que no se trata de una iniciativa oficial sino una propuesta, y pidió a los diputados de la actual Legislatura que "hagan suya" esta iniciativa que propone penas de hasta tres años e inhabilitación en el cargo para aquellos litigantes que "simulen actos jurídicos o alteren elementos de prueba, con el propósito de obtener una resolución jurisdiccional de la que derive perjuicio de alguien o un beneficio indebido mayor al que corresponde, con independencia del resultado".
También prevé penas de dos años de prisión y suspensión en el ejercicio profesional de abogado de uno a tres años cuando los litigantes "aleguen a sabiendas hechos falsos; alegar hecho no vigentes, normas inexistentes o derogadas y pedir dolosamente términos para probar lo que notoriamente no puede probarse y a quien aporte testigos falsos".
El secretario de Trabajo señaló que es necesario contar con medidas punitivas para abogados que abusan de los empleados de Jalisco para obtener beneficios económicos.
Ante legisladores locales, Eduardo Almaguer Ramírez se refirió a los casos más emblemáticos de irregularidades en laudos: uno, del SIAPA, donde abogados llevaron los casos de notificadores "que ni cobraban en el SIAPA, ni tenían el sueldo que se reportan", y el reciente caso de juicios de abogados que llevan el caso de empleados que exigen el pago de adeudos salarios y prestaciones por hasta cinco millones de pesos al Banco Diocesano de Alimentos.
Como este caso, existen miles más, según refirió Almaguer Ramírez, quien estimó que son tres mil los asuntos que manejados por 66 abogados denominados "talibanes", que son litigantes que "llevan los procesos al extremo" y que representan a 10 despachos.
La presidenta de la Comisión de Trabajo en el Congreso local, diputada Clara Gómez Caro, dijo que analizarán la propuesta que presentó el titular de la dependencia estatal, aunque reconoció que no hay una fecha para presentar la iniciativa que reforma el Código Penal.
Hay complicidades con ex funcionarios
El titular de la Secretaría de Trabajo señaló que en los casos de laudos que han ganado los trabajadores con argumentos sin sustento, se puede comprobar que existió complicidad entre los abogados y algunos funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Eduardo Almaguer adelantó que ya hay 30 procesos de personas que laboran en esas dependencias para ser dados de baja; algunos, según señaló el secretario estatal, ya fueron separados de su cargo.
"Hay elementos para fincar cargos responsabilidad contra ex servidores públicos. La inhabilitación por responsabilidad administrativa no los exime de responsabilidad penal. No puede quedar impune el grave daño al estado y a la planta productiva con ese tipo de omisiones que se dieron y se solaparon", señaló el funcionario.
No descartó que exista alguna responsabilidad de parte de quien fungiera como Secretario de Trabajo en la pasada administración, Ernesto Espinosa Guarro, por lo que advierten ya revisan el posible grado de responsabilidad de su antecesor en el cargo.
"Podríamos presentar quejas contra el ex titular de Previsión Social que durante dos años no hizo ninguna actuación contra el ex presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y podría haber alguna responsabilidad en contra del ex secretario de Trabajo", concluyó el funcionario estatal.
EL INFORMADOR/ ZAIRA RAMÍREZ
El ex presidente del PRI explicó que no se trata de una iniciativa oficial sino una propuesta, y pidió a los diputados de la actual Legislatura que "hagan suya" esta iniciativa que propone penas de hasta tres años e inhabilitación en el cargo para aquellos litigantes que "simulen actos jurídicos o alteren elementos de prueba, con el propósito de obtener una resolución jurisdiccional de la que derive perjuicio de alguien o un beneficio indebido mayor al que corresponde, con independencia del resultado".
También prevé penas de dos años de prisión y suspensión en el ejercicio profesional de abogado de uno a tres años cuando los litigantes "aleguen a sabiendas hechos falsos; alegar hecho no vigentes, normas inexistentes o derogadas y pedir dolosamente términos para probar lo que notoriamente no puede probarse y a quien aporte testigos falsos".
El secretario de Trabajo señaló que es necesario contar con medidas punitivas para abogados que abusan de los empleados de Jalisco para obtener beneficios económicos.
Ante legisladores locales, Eduardo Almaguer Ramírez se refirió a los casos más emblemáticos de irregularidades en laudos: uno, del SIAPA, donde abogados llevaron los casos de notificadores "que ni cobraban en el SIAPA, ni tenían el sueldo que se reportan", y el reciente caso de juicios de abogados que llevan el caso de empleados que exigen el pago de adeudos salarios y prestaciones por hasta cinco millones de pesos al Banco Diocesano de Alimentos.
Como este caso, existen miles más, según refirió Almaguer Ramírez, quien estimó que son tres mil los asuntos que manejados por 66 abogados denominados "talibanes", que son litigantes que "llevan los procesos al extremo" y que representan a 10 despachos.
La presidenta de la Comisión de Trabajo en el Congreso local, diputada Clara Gómez Caro, dijo que analizarán la propuesta que presentó el titular de la dependencia estatal, aunque reconoció que no hay una fecha para presentar la iniciativa que reforma el Código Penal.
Hay complicidades con ex funcionarios
El titular de la Secretaría de Trabajo señaló que en los casos de laudos que han ganado los trabajadores con argumentos sin sustento, se puede comprobar que existió complicidad entre los abogados y algunos funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Eduardo Almaguer adelantó que ya hay 30 procesos de personas que laboran en esas dependencias para ser dados de baja; algunos, según señaló el secretario estatal, ya fueron separados de su cargo.
"Hay elementos para fincar cargos responsabilidad contra ex servidores públicos. La inhabilitación por responsabilidad administrativa no los exime de responsabilidad penal. No puede quedar impune el grave daño al estado y a la planta productiva con ese tipo de omisiones que se dieron y se solaparon", señaló el funcionario.
No descartó que exista alguna responsabilidad de parte de quien fungiera como Secretario de Trabajo en la pasada administración, Ernesto Espinosa Guarro, por lo que advierten ya revisan el posible grado de responsabilidad de su antecesor en el cargo.
"Podríamos presentar quejas contra el ex titular de Previsión Social que durante dos años no hizo ninguna actuación contra el ex presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y podría haber alguna responsabilidad en contra del ex secretario de Trabajo", concluyó el funcionario estatal.
EL INFORMADOR/ ZAIRA RAMÍREZ
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