Jalisco

Alertan por “dados cargados” en elección de la Prodeur

Tiene como objetivo principal velar por la debida aplicación de la normatividad urbana en el Estado

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2011).- El Parlamento de Colonias se pronunció porque la elección del próximo titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco ( Prodeur), por parte del Congreso del Estado, se dé priorizando los intereses ciudadanos antes que los de las fuerzas políticas ahí representadas.

La Prodeur es actualmente encabezada por Aarón Vázquez Huerta, y es una institución que tiene como objetivo principal velar por la debida aplicación de la normatividad urbana en el Estado, así como representar jurídicamente a los ciudadanos que se consideran afectados en sus derechos por una acción o intervención urbanística; es como un ombudsman en esta materia.  

Lo que advierte el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa, es que los “dados están cargados” para elegir a Gabriel Ibarra Félix como titular de la Prodeur, a quien no consideran un buen candidato debido a su participación en el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga en 2002, durante una administración que fue muy cuestionada por las autorizaciones que expidió para la construcción de fraccionamientos, los que estuvieron muy lejos de tener como directrices las de un desarrollo urbano sustentable.

Hay en estos momentos nueve candidatos registrados en la terna para la elección sobre la que decidirá el Congreso del Estado, entre éstos está el propio procurador actual, Vázquez Huerta, y otro integrante de la Prodeur, Gilberto Hernández. Para el Parlamento de Colonias, sin embargo, lo mejor sería que los diputados se decantaran por Carlos Aldana Ortiz, el abogado que ha llevado jurídicamente las causas de esa asociación civil, por ejemplo, contra la Villa Panamericana, que consideran dañina para El Bajío y la recarga de los mantos acuíferos.

En el discurso del Parlamento de Colonias es una constante el concepto de la crisis de representación política en Jalisco, es decir, parten de la convicción de que los intereses de los ciudadanos no rigen las decisiones de sus autoridades, tampoco las de los diputados, que responden primero a las posturas y pactos de sus partidos que al llamado de la sociedad.




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