Jalisco
Ahí está el costo político
Esto debe ser el inicio de una ruta común, de todos los gobiernos, de cualquier partido, que deben responder a los ciudadanos
No les alcanzó el discurso arrogante y las actitudes pendencieras de los regidores priistas Javier Galván y Eduardo Almaguer, que advertían a los empresarios que deberían someterse a la decisión tomada de adquirir patrullas para Guadalajara por la vía de un muy sospechoso, apresurado y desventajoso contrato de arrendamiento.
Al final, los cuestionamientos de los empresarios, integrantes del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento tapatío, y la postura firme, inquisidora, cuestionante, de la fracción panista de regidores, lograron que el alcalde Aristóteles Sandoval pasara de la retórica a los hechos y comenzara a pagar el “costo político” que dijo que asumiría si había una decisión equivocada en la millonaria adquisición de unidades para la seguridad pública.
Galván y Almaguer estaban haciendo el papelón y poniendo en juego el destino de la administración de Aristóteles, que se asumió desde la campaña como un político comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. “Esto huele a robo; esto es un robo a los ciudadanos”, repitió machaconamente el coordinador de los ediles blanquiazules Jorge Salinas. Y dirigentes empresariales no se cansaron de decir en unos cuantos días que el arrendamiento estaba bajo sospecha.
Aristóteles caviló, cabildeó, sopesó y seguramente sus asesores le reportaron que las voces ciudadanas se multiplicaban cuestionando las prisas, los modos, los montos de la adquisición de las patrullas. Es que urge, es que la ciudadanía exige seguridad, es que si licitamos y hacemos concurso se irá un tiempo valioso… nada justifica que no se haga un uso escrupuloso del dinero de los habitantes de la ciudad. Y no es sólo por tratarse de patrullas; lo mismo aplica para uniformes o útiles escolares, despensas, pavimentos, computadoras, obras públicas.
“La transparencia y la rendición de cuentas no están a discusión, no están en la mesa de negociación”, dijo tajante ayer el vicepresidente nacional de Coparmex, Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, empresario con negocios en el ramo automotriz que le puso el cascabel al gato y, con una propuesta audaz de venta de vehículos, colocó contra la pared a los regidores que actuaban con autoritarismo y arrogancia, porque las leyes y reglamentos no se los prohiben.
Ahora hay que reconocerle al alcalde tapatío que haya asumido la responsabilidad de ser la cabeza del cuerpo edilicio, que haya tenido el arrojo para dar marcha atrás a lo que se había decidido, y que haya establecido el compromiso de actuar con transparencia.
Tiene razón Covarrubias. Esto no debe tomarse sólo como un episodio de confrontación entre un grupo de empresarios y una autoridad municipal. Esto debe ser el inicio de una ruta común, de todos los gobiernos, de cualquier partido, que deben responder a los ciudadanos.
Al final, los cuestionamientos de los empresarios, integrantes del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento tapatío, y la postura firme, inquisidora, cuestionante, de la fracción panista de regidores, lograron que el alcalde Aristóteles Sandoval pasara de la retórica a los hechos y comenzara a pagar el “costo político” que dijo que asumiría si había una decisión equivocada en la millonaria adquisición de unidades para la seguridad pública.
Galván y Almaguer estaban haciendo el papelón y poniendo en juego el destino de la administración de Aristóteles, que se asumió desde la campaña como un político comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. “Esto huele a robo; esto es un robo a los ciudadanos”, repitió machaconamente el coordinador de los ediles blanquiazules Jorge Salinas. Y dirigentes empresariales no se cansaron de decir en unos cuantos días que el arrendamiento estaba bajo sospecha.
Aristóteles caviló, cabildeó, sopesó y seguramente sus asesores le reportaron que las voces ciudadanas se multiplicaban cuestionando las prisas, los modos, los montos de la adquisición de las patrullas. Es que urge, es que la ciudadanía exige seguridad, es que si licitamos y hacemos concurso se irá un tiempo valioso… nada justifica que no se haga un uso escrupuloso del dinero de los habitantes de la ciudad. Y no es sólo por tratarse de patrullas; lo mismo aplica para uniformes o útiles escolares, despensas, pavimentos, computadoras, obras públicas.
“La transparencia y la rendición de cuentas no están a discusión, no están en la mesa de negociación”, dijo tajante ayer el vicepresidente nacional de Coparmex, Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, empresario con negocios en el ramo automotriz que le puso el cascabel al gato y, con una propuesta audaz de venta de vehículos, colocó contra la pared a los regidores que actuaban con autoritarismo y arrogancia, porque las leyes y reglamentos no se los prohiben.
Ahora hay que reconocerle al alcalde tapatío que haya asumido la responsabilidad de ser la cabeza del cuerpo edilicio, que haya tenido el arrojo para dar marcha atrás a lo que se había decidido, y que haya establecido el compromiso de actuar con transparencia.
Tiene razón Covarrubias. Esto no debe tomarse sólo como un episodio de confrontación entre un grupo de empresarios y una autoridad municipal. Esto debe ser el inicio de una ruta común, de todos los gobiernos, de cualquier partido, que deben responder a los ciudadanos.
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