Jalisco
Afectados del 22 de abril presentan nueva queja ante CEDHJ
Esta vez el reclamo va en contra de la Secretaría de Desarrollo Humano del Estado, por afiliar a gente ajena al Fideicomiso de Seguridad Social
ZAPOPAN, JALISCO (21/SEP/2011).- Un grupo de personas que representan a por lo menos 70 más que resultaron con lesiones o alguna discapacidad por las explosiones del
22 de abril, interpusieron este miércoles una queja colectiva ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (
CEDHJ), porque la Secretaría de Desarrollo Humano del Estado, incluyó en los apoyos médicos que reciben desde hace algunos años, a personas ajenas, señaló Sonia del Carmen Solórzano Romo, representante ante el Fideicomiso de Seguridad Social.
“El problema es que se están valiendo de nuestro consultorio, de nuestra papelería, que hay unos formatos específicos de receta, donde se nos otorgan medicamentos, estudios específicos, todos nuestros derechos que están implementados en el fideicomiso también se los están entregando a ellos. Nos sentimos agredidos en nuestros derechos”, indicó.
Asegura que las autoridades estatales incluyen a personas con problemas propias de la edad, lo que afecta los presupuestos para ayudar a quienes realmente tienen secuelas. Además por atender a todos, ha bajado la calidad del servicio, pues se asignó únicamente un médico para todo el universo de afectados.
Actualmente son 70 afectados registrados oficialmente en el fideicomiso, y 300 familiares con derecho al servicio médico, pero hay 300 personas más que la Secretaría de Desarrollo Humano ha estado filtrando bajo el título de lesionados del 22 de abril, cuando en realidad se trata de personas que en su momento fueron indemnizadas de manera apropiada.
“La situación es que ahora tenemos que esperar hasta tres horas para ser atendidos por el médico, cuando antes todo era más rápido. En ningún momento pedimos que a ellos se les retire el apoyo, pero sí pedimos que el servicio sea como antes…”
Según afirmó Solórzano Romo, la Secretaría de Desarrollo Humano está al tanto de la situación, sin embargo sólo han recibido indiferencia de su parte, y continúan girando oficio a favor de las personas excedentes.
La queja fue recibida personalmente por el director de Quejas de la Comisión, Luis Arturo Jiménez Jiménez, quien refirió que se analizará el caso para determinar de qué manera pueden intervenir, y ver si realmente hay alguna violación.
EL INFORMADOR / LILIANA NAVARRO
“El problema es que se están valiendo de nuestro consultorio, de nuestra papelería, que hay unos formatos específicos de receta, donde se nos otorgan medicamentos, estudios específicos, todos nuestros derechos que están implementados en el fideicomiso también se los están entregando a ellos. Nos sentimos agredidos en nuestros derechos”, indicó.
Asegura que las autoridades estatales incluyen a personas con problemas propias de la edad, lo que afecta los presupuestos para ayudar a quienes realmente tienen secuelas. Además por atender a todos, ha bajado la calidad del servicio, pues se asignó únicamente un médico para todo el universo de afectados.
Actualmente son 70 afectados registrados oficialmente en el fideicomiso, y 300 familiares con derecho al servicio médico, pero hay 300 personas más que la Secretaría de Desarrollo Humano ha estado filtrando bajo el título de lesionados del 22 de abril, cuando en realidad se trata de personas que en su momento fueron indemnizadas de manera apropiada.
“La situación es que ahora tenemos que esperar hasta tres horas para ser atendidos por el médico, cuando antes todo era más rápido. En ningún momento pedimos que a ellos se les retire el apoyo, pero sí pedimos que el servicio sea como antes…”
Según afirmó Solórzano Romo, la Secretaría de Desarrollo Humano está al tanto de la situación, sin embargo sólo han recibido indiferencia de su parte, y continúan girando oficio a favor de las personas excedentes.
La queja fue recibida personalmente por el director de Quejas de la Comisión, Luis Arturo Jiménez Jiménez, quien refirió que se analizará el caso para determinar de qué manera pueden intervenir, y ver si realmente hay alguna violación.
EL INFORMADOR / LILIANA NAVARRO
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