Jalisco
Afectados del 22 de abril denuncian engaño
La presidenta de la asociación 22 de abril en Guadalajara lamenta fricciones con actual gobierno
GUADALAJARA, JALISCO (21/ABR/2014).- Engañados y burlados se sienten los integrantes de la organización
22 de abril en Guadalajara, luego de que el Gobierno del Estado intenta quitarles sus prestaciones médicas especiales para enviarlos al Seguro Popular, y también porque existe la intención de descapitalizar el fideicomiso que otorga pensiones a 65 personas.
La presidenta de la organización, Lilia Ruíz Chávez afirmó que actualmente el fideicomiso tiene 40 millones de pesos para entregar apoyos hasta por siete años a los damnificados que tuvieron algún tipo de discapacidad motora por las explosiones de más de ocho kilómetros de tuberías.
Sin embargo el Gobierno de Jalisco ha decidido ya no aportar dinero, afirma Ruíz Sánchez, por lo que se sienten desprotegidos. Además, "nos han quitado, a partir de este año, la entrega de medicamentos de patente para darnos genéricos, pero además nos anuncian la desaparición de nuestro consultorio especial dentro del Hospital General de Occidente, para incorporarnos al seguro popular".
La representante de más de 350 personas se dijo engañada, porque el año pasado le prometieron mejores condiciones a los damnificados de las explosiones del sector Reforma, acusando al gobernador Aristóteles Sandoval de no hacerse responsable de lo que hicieron sus antecesores.
Explicó que la cantidad que reciben mensualmente del Fideicomiso, que llega hasta los seis mil pesos por persona y que depende del tipo de discapacidad que presentan, "no cubre todas nuestras necesidades, pero ha sido un alivio en cuanto a las necesidades económicas. Nos anuncian la desaparición del mismo proponiéndonos recibir los recursos que hay actualmente, administrando nosotros solos el fideicomiso son la intervención del Gobierno Estatal y repartir el dinero a manera de liquidación".
En un oficio entregado en la Oficialía de Partes del Palacio de Gobierno, se lee que existe la intención de entregarles en vida un seguro de vida y cambiarles el régimen del servicio funerario que el gobierno estatal se comprometió a ofrecerles, para pasar de un ataúd metálico a un ataúd de madera. En ambos puntos, dijeron estar de acuerdo.
El punto de quiebre es la entrega de las pensiones y el retiro de la ayuda médica especial. "Nos dicen que porque la ley no permite atención especial para nadie, pero nosotros consideramos que si especial fue la causa de nuestra discapacidad, ¿por qué no puede ser especial también nuestra atención?".
Lilia Ruíz, quien perdió una de sus piernas en las explosiones de hace 22 años, pidió a la ciudadanía a que se sumen a su causa, pero sobre todo le exigió al gobernador que "no nos quiten lo que tanto esfuerzo hemos logrado, no nos quiten la paz que nos da saber que podemos recibir hasta el final de nuestros días, nuestra mensualidad y la atención médica que estamos recibiendo".
La petición que hacen los afectados es que el Gobierno del Estado invierta 10 millones de pesos para que el fideicomiso se capitalice y se pueda asegurar la pensión de los afectados en lo que les resta de vida.
EL INFORMADOR / OMAR GARCÍA
La presidenta de la organización, Lilia Ruíz Chávez afirmó que actualmente el fideicomiso tiene 40 millones de pesos para entregar apoyos hasta por siete años a los damnificados que tuvieron algún tipo de discapacidad motora por las explosiones de más de ocho kilómetros de tuberías.
Sin embargo el Gobierno de Jalisco ha decidido ya no aportar dinero, afirma Ruíz Sánchez, por lo que se sienten desprotegidos. Además, "nos han quitado, a partir de este año, la entrega de medicamentos de patente para darnos genéricos, pero además nos anuncian la desaparición de nuestro consultorio especial dentro del Hospital General de Occidente, para incorporarnos al seguro popular".
La representante de más de 350 personas se dijo engañada, porque el año pasado le prometieron mejores condiciones a los damnificados de las explosiones del sector Reforma, acusando al gobernador Aristóteles Sandoval de no hacerse responsable de lo que hicieron sus antecesores.
Explicó que la cantidad que reciben mensualmente del Fideicomiso, que llega hasta los seis mil pesos por persona y que depende del tipo de discapacidad que presentan, "no cubre todas nuestras necesidades, pero ha sido un alivio en cuanto a las necesidades económicas. Nos anuncian la desaparición del mismo proponiéndonos recibir los recursos que hay actualmente, administrando nosotros solos el fideicomiso son la intervención del Gobierno Estatal y repartir el dinero a manera de liquidación".
En un oficio entregado en la Oficialía de Partes del Palacio de Gobierno, se lee que existe la intención de entregarles en vida un seguro de vida y cambiarles el régimen del servicio funerario que el gobierno estatal se comprometió a ofrecerles, para pasar de un ataúd metálico a un ataúd de madera. En ambos puntos, dijeron estar de acuerdo.
El punto de quiebre es la entrega de las pensiones y el retiro de la ayuda médica especial. "Nos dicen que porque la ley no permite atención especial para nadie, pero nosotros consideramos que si especial fue la causa de nuestra discapacidad, ¿por qué no puede ser especial también nuestra atención?".
Lilia Ruíz, quien perdió una de sus piernas en las explosiones de hace 22 años, pidió a la ciudadanía a que se sumen a su causa, pero sobre todo le exigió al gobernador que "no nos quiten lo que tanto esfuerzo hemos logrado, no nos quiten la paz que nos da saber que podemos recibir hasta el final de nuestros días, nuestra mensualidad y la atención médica que estamos recibiendo".
La petición que hacen los afectados es que el Gobierno del Estado invierta 10 millones de pesos para que el fideicomiso se capitalice y se pueda asegurar la pensión de los afectados en lo que les resta de vida.
EL INFORMADOR / OMAR GARCÍA
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