Jalisco

Acusan al DIF de coadyuvar en la trata de personas

Organizaciones Civiles piden modificar el Código Civil, pues niega la custodia de los hijos a personas con VIHSida o que ejercen prostitución

GUADALAJARA, JALISCO.- Por considerar que el Artículo 225 del Código Civil de Jalisco fomenta la trata de personas, la organización civil Brigada Callejera y la Red Mexicana de Trabajo Sexual solicitan que el documento sea modificado. Dicho artículo niega la custodia de los hijos menores de 13 años a madres que se dedican a la prostitución o que padecen una enfermedad contagiosa como el VIH/Sida.

“Esto en la práctica representa que las trabajadoras sexuales son amenazadas por funcionarios públicos, padrotes y lenonas de notificar al DIF sobre su condición laboral para que pierdan la custodia de sus hijos, entonces las extorsionan a pagar cuotas económicas. Esto convierte al DIF en coadyuvante de la trata de personas y la explotación sexual, ya que esta institución es la encargada de la custodia de menores de edad involucrados en dichos casos”, explicó Jaime Montejo de Brigada Callejera, durante el cuarto Foro Nacional “Trabajo Sexual, Sida, Trata de Personas y Derechos Humanos”.

Asimismo, integrantes de las asociaciones civiles piden al presidente municipal electo de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval, que prohíba que elementos policiales tomen condones y lubricantes como elementos de prueba para acusar a alguna persona de lenocinio o trata de personas con fines de explotación sexual; así como tampoco utilizar estas herramientas de prevención para presumir que ejercen el sexo comercial.

Esta solicitud se hizo después de que en febrero de 2008, policías municipales y elementos de la Procuraduría de Justicia hicieron una redada para desmantelar redes de explotación infantil. Al no encontrar menores, tomaron condones y lubricantes para utilizarlos como “cuerpo del delito” y así acusar de lenocinio a dos promotoras de la salud de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.

Jaime Montejo explicó que ahora las mujeres temen cargar condones porque les pueden fincar algún delito y “eso echa a perder el trabajo que se ha hecho de prevención de enfermedades sexuales”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRA GUILLÉN
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