Acuerdan castigar pleitos entre policías

GUADALAJARA, JALISCO (26/ABR/2017).- Tras los enfrentamientos de la semana pasada entre la Fiscalía y las Policías de Guadalajara y Zapopan, autoridades convinieron sancionar a los que atenten contra la coordinación en seguridad.

“Hemos acordado establecer las investigaciones, las sanciones (por los pleitos anteriores)… y no volver a permitir que se den este tipo de hechos”, sentenció el gobernador Aristóteles Sandoval en la reunión sostenida ayer con alcaldes en Casa Jalisco. “No vamos a permitir que la falta de coordinación ensucie la imagen, el trabajo y el esfuerzo hecho”. Se refirió a la conformación de la Agencia Metropolitana, la Fuerza Única y sus políticas públicas.

Por su parte, el alcalde Enrique Alfaro precisó: “el acuerdo para la coordinación lo construimos con el gobernador y lo mantendremos hasta el último día de nuestro Gobierno. Tenemos que actuar con humildad y un sentido de responsabilidad importante”.

A pesar del conflicto de la semana pasada, el comisario Salvador Caro y el fiscal Eduardo Almaguer seguirán en sus puestos. El martes 18 de abril, la revisión de un sospechoso en motocicleta por parte de cuatro policías encubiertos de Guadalajara desencadenó una trifulca y una nueva guerra de declaraciones entre los mandos. Incluso, Alfaro exigió la renuncia de Almaguer y el fiscal anunció que indagaría a la unidad de investigación tapatía.

“Eduardo Almaguer tiene todo el respaldo del gobernador. Le he pedido que nos concentremos en los temas de discusión técnica para mejorar el modelo de coordinación”, subrayó Aristóteles Sandoval, mientras Alfaro externó su apoyo al comisario.

Al ser cuestionado sobre su petición para la renuncia de Almaguer, el alcalde indicó. “No podemos condicionar la voluntad de la coordinación a que esté o no esté el funcionario”.

También acordaron impulsar reformas al nuevo sistema de justicia penal a través de la Secretaría de Gobernación, por las “inconsistencias” en el modelo. Aristóteles precisó que buscan modificaciones a los Artículos 132, 167 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al Artículo 19 párrafo segundo de la Constitución. “En (la modificación) al Artículo 467, la finalidad es que se considere la resolución del juez de control como apelable en aquellas (situaciones) en las que se decrete legal o ilegal la detención de un imputado… porque actualmente no admiten ningún recurso”. Del 132 pretenden que se incluya como una obligación, a cargo del policía, trasladarse inmediatamente al lugar de los hechos después de recibir el reporte de la probable comisión de un ilícito, “toda vez que ante el temor de llenar el reporte homologado no acuden muchos esperando a que otra corporación lo atienda”, remarcó el gobernador.

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