Jalisco
Abuso policial causa 25 muertes
La Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó en cinco años la participación de policías en atropellos que acabaron en privación de la vida
GUADALAJARA, JALISCO (24/ENE/2012).- Tres camionetas negras con las placas ocultas llegaron a la finca de la familia de José de Jesús Dávila López, padre de Jesús Dávila Cevallos, quien se había fugado del penal de Puente Grande; eran los últimos días de 2011. Se escuchó el rechinido de las llantas, pasos apresurados, voces cada vez más cerca y, ¡pum!, un golpe en la puerta. Con el rostro cubierto, tres hombres armados entraron a la casa para detener a la hermana del reo, Teresa Dávila. El padre intentó intervenir y los sujetos lo golpearon con tal fuerza que comenzó a quejarse porque no podía respirar, ni caminar. Cuando llegó la ambulancia, ya había muerto debido a las lesiones en la zona abdominal, según la autopsia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
El director general de Seguridad Pública del Estado (SSP), Francisco Solorio Aréchiga, afirmó que jamás habían tenido antecedentes o problemas de una agresión por parte de elementos de su corporación, a pesar de que apenas un mes antes (diciembre de 2011), la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación (54/2011) por la muerte de un hombre a causa de golpes que recibió de policías estatales.
De 2007 a la fecha, la Comisión ha documentado la muerte de 25 personas (incluido el padre del reo) en las que están involucradas policías municipales, estatales o investigadores, la mayoría provocadas por golpes o por arma de fuego, y seis de ellas corresponden a una familia que fue secuestrada y ejecutada por un policía investigador. La CEDHJ las cataloga como privaciones a la vida; muchas entran en el concepto de ejecuciones extrajudiciales.
En 2011, la Comisión emitió tres recomendaciones por privación del derecho a la vida, a los ayuntamientos de Zapotlanejo y Guadalajara, y a la SSP; en 2010 se emitieron tres, pero que incluyen la muerte de ocho personas, a las autoridades de El Arenal, Tala y Poncitlán, y a la Procuraduría estatal de Justicia; en 2009 fueron cinco dirigidas a Jamay, Ocotlán, Tlajomulco, Tepatitlán y la SSP; en 2008 hubo cinco recomendaciones (una de ellas incluye dos muertes) dirigidas a Zapopan, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ayotlán, la SSP y la PGJE (dos casos); y en 2007 se documentaron dos muertes en las que estuvieron involucradas la Policía de Guadalajara y la Procuraduría estatal.
Las cifras surgen de una revisión hecha a las recomendaciones de los últimos cinco años. Se solicitó entrevista a la SSP, la Procuraduría, el Ayuntamiento de Zapopan y la CEDHJ, pero las dependencias respondieron que les faltaba tiempo.
El director general de Seguridad Pública del Estado (SSP), Francisco Solorio Aréchiga, afirmó que jamás habían tenido antecedentes o problemas de una agresión por parte de elementos de su corporación, a pesar de que apenas un mes antes (diciembre de 2011), la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación (54/2011) por la muerte de un hombre a causa de golpes que recibió de policías estatales.
De 2007 a la fecha, la Comisión ha documentado la muerte de 25 personas (incluido el padre del reo) en las que están involucradas policías municipales, estatales o investigadores, la mayoría provocadas por golpes o por arma de fuego, y seis de ellas corresponden a una familia que fue secuestrada y ejecutada por un policía investigador. La CEDHJ las cataloga como privaciones a la vida; muchas entran en el concepto de ejecuciones extrajudiciales.
En 2011, la Comisión emitió tres recomendaciones por privación del derecho a la vida, a los ayuntamientos de Zapotlanejo y Guadalajara, y a la SSP; en 2010 se emitieron tres, pero que incluyen la muerte de ocho personas, a las autoridades de El Arenal, Tala y Poncitlán, y a la Procuraduría estatal de Justicia; en 2009 fueron cinco dirigidas a Jamay, Ocotlán, Tlajomulco, Tepatitlán y la SSP; en 2008 hubo cinco recomendaciones (una de ellas incluye dos muertes) dirigidas a Zapopan, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ayotlán, la SSP y la PGJE (dos casos); y en 2007 se documentaron dos muertes en las que estuvieron involucradas la Policía de Guadalajara y la Procuraduría estatal.
Las cifras surgen de una revisión hecha a las recomendaciones de los últimos cinco años. Se solicitó entrevista a la SSP, la Procuraduría, el Ayuntamiento de Zapopan y la CEDHJ, pero las dependencias respondieron que les faltaba tiempo.
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