Jalisco
— Saliva
La ley, en lo esencial, obliga a los inmigrantes a portar sus documentos migratorios, y a las autoridades locales a solicitar dichos documentos a quienes les parezcan sospechosos
Celosos de la honra —¡ah, eso sí...!—, varios gobernadores mexicanos arremetieron verbalmente, con enjundia digna de mejor causa, contra la llamada “Ley Brewer”...
Mal se enteraron de que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, agradeció en todo lo que valen y ponderó, como corresponde a una persona educada, tanto las “amables instancias” como las “enérgicas exigencias” de que vetara la llamada “Ley Anti-inmigrante”, pero finalmente decidió firmarla, cuando ellos soltaron de su ronco pecho. Aunque también sus colegas de Tabasco, Oaxaca, Campeche y otras entidades hablaron abiertamente de “cerrazón y abuso” de las autoridades estadounidenses, y se pronunciaron porque México insista en “un gran acuerdo migratorio” (que sería, eufemismos aparte, una macro-amnistía), el más vehemente fue el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, al disparar un pókar de epítetos para el atrevimiento de promulgar la referida ley, que debieron sonar como pedradas en el tejado de la casa de la señora Brewer: “Inaudito, indebido, inexplicable e intolerable”.
—II—
La ley, en lo esencial, obliga a los inmigrantes a portar sus documentos migratorios, y a las autoridades locales a solicitar dichos documentos a quienes les parezcan sospechosos de ser inmigrantes ilegales. Nada inaudito y nada indebido, como puede verse. Nada que no pudiera hacer, en determinadas circunstancias, el Gobierno mexicano, por ejemplo. La ley se creó porque se estima que en Arizona hay alrededor de 400 mil inmigrantes clandestinos. Muchos de ellos llegaron —burlando, a base de astucia y valor rayano en la temeridad, los sofisticados sistemas de seguridad que operan en la frontera— con el ánimo de buscar fuera de su país los medios de subsistencia que no encontraban en él. Otros se les agregaron, huyendo de la inseguridad y la violencia que se han convertido en la tónica de muchas ciudades mexicanas.
—III—
Todos, pues, han sido expulsados de su propia tierra, donde presidentes y gobernadores que en sus campañas han ofrecido, a cambio de votos, dedicar sus mejores afanes a la promoción del empleo, han incumplido sistemáticamente tales promesas.
Todos, sin embargo, a la vista de que las remesas de los “hijos ausentes” terminan siendo la mejor —y a veces la única— fuente de ingreso de sus familias en varios estados del país —Jalisco entre ellos—, cuentan con la defensa de quienes ponen más esmero en exigir, a base de saliva, el respeto de sus derechos en tierra extraña, que en tomar medidas para que se les respeten en la propia.
Mal se enteraron de que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, agradeció en todo lo que valen y ponderó, como corresponde a una persona educada, tanto las “amables instancias” como las “enérgicas exigencias” de que vetara la llamada “Ley Anti-inmigrante”, pero finalmente decidió firmarla, cuando ellos soltaron de su ronco pecho. Aunque también sus colegas de Tabasco, Oaxaca, Campeche y otras entidades hablaron abiertamente de “cerrazón y abuso” de las autoridades estadounidenses, y se pronunciaron porque México insista en “un gran acuerdo migratorio” (que sería, eufemismos aparte, una macro-amnistía), el más vehemente fue el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, al disparar un pókar de epítetos para el atrevimiento de promulgar la referida ley, que debieron sonar como pedradas en el tejado de la casa de la señora Brewer: “Inaudito, indebido, inexplicable e intolerable”.
—II—
La ley, en lo esencial, obliga a los inmigrantes a portar sus documentos migratorios, y a las autoridades locales a solicitar dichos documentos a quienes les parezcan sospechosos de ser inmigrantes ilegales. Nada inaudito y nada indebido, como puede verse. Nada que no pudiera hacer, en determinadas circunstancias, el Gobierno mexicano, por ejemplo. La ley se creó porque se estima que en Arizona hay alrededor de 400 mil inmigrantes clandestinos. Muchos de ellos llegaron —burlando, a base de astucia y valor rayano en la temeridad, los sofisticados sistemas de seguridad que operan en la frontera— con el ánimo de buscar fuera de su país los medios de subsistencia que no encontraban en él. Otros se les agregaron, huyendo de la inseguridad y la violencia que se han convertido en la tónica de muchas ciudades mexicanas.
—III—
Todos, pues, han sido expulsados de su propia tierra, donde presidentes y gobernadores que en sus campañas han ofrecido, a cambio de votos, dedicar sus mejores afanes a la promoción del empleo, han incumplido sistemáticamente tales promesas.
Todos, sin embargo, a la vista de que las remesas de los “hijos ausentes” terminan siendo la mejor —y a veces la única— fuente de ingreso de sus familias en varios estados del país —Jalisco entre ellos—, cuentan con la defensa de quienes ponen más esmero en exigir, a base de saliva, el respeto de sus derechos en tierra extraña, que en tomar medidas para que se les respeten en la propia.
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