Jalisco
— Especulaciones
Incluso si se tratara de un vulgar secuestroes, por decir lo menos, un alarde de fuerza y un desplante de audacia de quien lo haya perpetrado
Otra nota tangencial con respecto al “Caso Diego”: la apoteosis de la fantasía; la crisis de la verdad...
—II—
Las medidas dispuestas por las autoridades, el sábado, a raíz de las especulaciones derivadas de la “desaparición” —por seguir utilizando el descafeinado eufemismo genérico de los boletines oficiales— de Diego Fernández de Ceballos, se comprenden. Es más: se justifican... Resultaba imperativo imponer, en forma autoritaria —para eso está la autoridad, después de todo— un especie de “estado de sitio” a la información, a fin de evitar que “versiones” infundadas e irresponsables, estúpidas aunque no necesariamente malévolas, como la que supuestamente difundió, de bote-pronto, el ex presidente nacional del PAN, Manuel Espino, acerca del supuesto “hallazgo” de “el cadáver” del que fuera candidato presidencial panista para las elecciones de 1994, se generalizaran.
El asunto, obviamente, es grave. Gravísimo... Incluso si se tratara de un vulgar secuestro —valga, para efectos de inventario, la expresión—, atreverse a asaltar, capturar y retener durante varios días, sin dejar pistas, a un “pez gordo” del tonelaje de Fernández de Ceballos, es, por decir lo menos, un alarde de fuerza y un desplante de audacia de quien lo haya perpetrado. Si es, como apuntan algunas de las inevitables especulaciones, un golpe de la delincuencia organizada, con el ánimo de negociar con la autoridad —siempre a favor de quienes han hecho de la contravención sistemática de la ley no sólo un rentable “modus vivendi” sino una industria floreciente— desde una posición de fuerza, señal, quizá, de que al declarar la “guerra al narcotráfico”, con bombo y platillos, la autoridad sobrestimó sus propios recursos, lo que es malo... o menospreció los del enemigo, lo que sería peor.
—III—
Decía Pedro Ojeda Paullada, procurador general de la República durante el sexenio de Luis Echeverría, a raíz de las exigencias de los secuestradores de algunas figuras públicas —ninguna, por cierto, de la estatura simbólica del personaje de las noticias de los últimos días—, en el contexto de la guerrilla urbana que se convirtió en la piedra por antonomasia en el zapato de la autoridad en ese tiempo, que “El Gobierno no pacta con criminales”.
En efecto: una frase sonora, impactante, rotunda: digna de los bronces. Una frase a la que habría que incorporar, en un momento dado, una salvedad: “El Gobierno no pacta con criminales... a no ser que los criminales demuestren ser ellos quienes tienen la sartén por el mango”.
—II—
Las medidas dispuestas por las autoridades, el sábado, a raíz de las especulaciones derivadas de la “desaparición” —por seguir utilizando el descafeinado eufemismo genérico de los boletines oficiales— de Diego Fernández de Ceballos, se comprenden. Es más: se justifican... Resultaba imperativo imponer, en forma autoritaria —para eso está la autoridad, después de todo— un especie de “estado de sitio” a la información, a fin de evitar que “versiones” infundadas e irresponsables, estúpidas aunque no necesariamente malévolas, como la que supuestamente difundió, de bote-pronto, el ex presidente nacional del PAN, Manuel Espino, acerca del supuesto “hallazgo” de “el cadáver” del que fuera candidato presidencial panista para las elecciones de 1994, se generalizaran.
El asunto, obviamente, es grave. Gravísimo... Incluso si se tratara de un vulgar secuestro —valga, para efectos de inventario, la expresión—, atreverse a asaltar, capturar y retener durante varios días, sin dejar pistas, a un “pez gordo” del tonelaje de Fernández de Ceballos, es, por decir lo menos, un alarde de fuerza y un desplante de audacia de quien lo haya perpetrado. Si es, como apuntan algunas de las inevitables especulaciones, un golpe de la delincuencia organizada, con el ánimo de negociar con la autoridad —siempre a favor de quienes han hecho de la contravención sistemática de la ley no sólo un rentable “modus vivendi” sino una industria floreciente— desde una posición de fuerza, señal, quizá, de que al declarar la “guerra al narcotráfico”, con bombo y platillos, la autoridad sobrestimó sus propios recursos, lo que es malo... o menospreció los del enemigo, lo que sería peor.
—III—
Decía Pedro Ojeda Paullada, procurador general de la República durante el sexenio de Luis Echeverría, a raíz de las exigencias de los secuestradores de algunas figuras públicas —ninguna, por cierto, de la estatura simbólica del personaje de las noticias de los últimos días—, en el contexto de la guerrilla urbana que se convirtió en la piedra por antonomasia en el zapato de la autoridad en ese tiempo, que “El Gobierno no pacta con criminales”.
En efecto: una frase sonora, impactante, rotunda: digna de los bronces. Una frase a la que habría que incorporar, en un momento dado, una salvedad: “El Gobierno no pacta con criminales... a no ser que los criminales demuestren ser ellos quienes tienen la sartén por el mango”.
Síguenos en