Jalisco
— Al limbo
Los candidatos a cargos de elección popular son capaces, incluso, de firmar su propia sentencia de muerte
En tiempos de hacer méritos (“de vender su pan”, diría la abuela), los candidatos a cargos de elección popular son capaces, incluso, de firmar su propia sentencia de muerte, si ese “compromiso” les significa, ya de perdido, un voto.
—II—
Mire usted...
En las campañas previas a las elecciones locales del año pasado, dos fueron las quejas ciudadanas más recurrentes: una, lo escandalosamente oneroso del aparato gubernamental; otra, lo ofensivamente costoso de las propias campañas... “Sensibles” a ambas demandas (“Quien no los conozca, que los compre”, acotaría nuevamente la abuela), cuyo común denominador es la impotencia del ciudadano común ante la discrecionalidad (“desfachatez”, corregiría la susodicha) con que los usufructuarios del poder determinan “prioridades” y gastan el dinero del pueblo, los candidatos a diputados prometen que modificarán las leyes; que reducirán al mínimo —dos meses, digamos...— el período de campañas; que establecerán limitaciones drásticas, para que aquéllas sean más propositivas y menos promocionales; menos frívolas y más sustanciosas; menos denigrantes para la clase política y más respetuosas de la inteligencia del elector; prometen que tomarán medidas drásticas para acabar con las “guerras de lodo”...
Prometen que, “si el voto del pueblo los favorece”, pugnarán por el adelgazamiento del obeso —e ineficiente, por tanto— aparato burocrático y por la eliminación de cargos públicos que se limitan a ser mal disfrazadas canonjías o recompensas...
—III—
Serían sorpresivas, en ese orden de ideas, las iniciativas de reformas a la Constitución y a la Ley Electoral, propuestas por la diputada Rocío Corona en el Congreso local: entre otras, la reducción del número de diputados y regidores, con el consiguiente ahorro de una buena cantidad de millones de pesos al año en sueldos y prestaciones, y el consiguiente beneficio de la ciudadanía, si se logra que esa economía se aplique directamente a servicios públicos; la obligación de los funcionarios a cumplir con su encomienda hasta el último día... o a separarse de sus cargos en cuanto se conviertan en candidatos a ocupar otros.
Sería sorpresivo, si no se tratara, más bien, de una muestra fehaciente de la honrosa excepción de congruencia con el compromiso con el pueblo, que confirma la ominosa regla de anteponer los intereses personales y de grupo a las legítimas demandas ciudadanas... Y sería sorpresivo, sobre todo, si no se conociera de antemano el triste destino de sus encomiables propuestas: el limbo de las iniciativas fallidas. (Para decirlo sin eufemismos: el cesto de la basura).
—II—
Mire usted...
En las campañas previas a las elecciones locales del año pasado, dos fueron las quejas ciudadanas más recurrentes: una, lo escandalosamente oneroso del aparato gubernamental; otra, lo ofensivamente costoso de las propias campañas... “Sensibles” a ambas demandas (“Quien no los conozca, que los compre”, acotaría nuevamente la abuela), cuyo común denominador es la impotencia del ciudadano común ante la discrecionalidad (“desfachatez”, corregiría la susodicha) con que los usufructuarios del poder determinan “prioridades” y gastan el dinero del pueblo, los candidatos a diputados prometen que modificarán las leyes; que reducirán al mínimo —dos meses, digamos...— el período de campañas; que establecerán limitaciones drásticas, para que aquéllas sean más propositivas y menos promocionales; menos frívolas y más sustanciosas; menos denigrantes para la clase política y más respetuosas de la inteligencia del elector; prometen que tomarán medidas drásticas para acabar con las “guerras de lodo”...
Prometen que, “si el voto del pueblo los favorece”, pugnarán por el adelgazamiento del obeso —e ineficiente, por tanto— aparato burocrático y por la eliminación de cargos públicos que se limitan a ser mal disfrazadas canonjías o recompensas...
—III—
Serían sorpresivas, en ese orden de ideas, las iniciativas de reformas a la Constitución y a la Ley Electoral, propuestas por la diputada Rocío Corona en el Congreso local: entre otras, la reducción del número de diputados y regidores, con el consiguiente ahorro de una buena cantidad de millones de pesos al año en sueldos y prestaciones, y el consiguiente beneficio de la ciudadanía, si se logra que esa economía se aplique directamente a servicios públicos; la obligación de los funcionarios a cumplir con su encomienda hasta el último día... o a separarse de sus cargos en cuanto se conviertan en candidatos a ocupar otros.
Sería sorpresivo, si no se tratara, más bien, de una muestra fehaciente de la honrosa excepción de congruencia con el compromiso con el pueblo, que confirma la ominosa regla de anteponer los intereses personales y de grupo a las legítimas demandas ciudadanas... Y sería sorpresivo, sobre todo, si no se conociera de antemano el triste destino de sus encomiables propuestas: el limbo de las iniciativas fallidas. (Para decirlo sin eufemismos: el cesto de la basura).
Síguenos en