Jalisco
- Lavativa
''¿Con que te molesta la lavativa anual?... ¡Pues te la vamos a aplicar cada tres meses!''
A ver...
Por lo visto, alguien no entendió bien las cosas. Dice el presidente municipal de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval, que “la ciudadanía pide (a los gobernantes) rendición de cuentas”. Explica, a partir de esa lógica, su decisión de rendir un informe sobre los primeros 100 días de su administración. Y promete, en consecuencia, institucionalizar —por el tiempo que dure su mandato, al menos— ese ejercicio. En otras palabras, condena al ciudadano común, en teoría, a soplarse el espectáculo de los informes (más o menos) trimestrales: tres al año —se supone—... independientemente del que, por ley, el gobernante debe rendir a la población a través de la dizque representación popular: el Congreso del Estado.
—II—
De entrada, la premisa mayor del silogismo cojea notoriamente: una cosa es que los ciudadanos quisieran tener la posibilidad de someter al escrutinio público todos los actos del gobernante como tal. Otra muy diferente, que dé por bueno el esquema de montar un escenario, proclamar una lista de las faenas realizadas por las dependencias a su cargo —desde calles barridas hasta jardines regados, pasando por borrachitos detenidos en la vía pública “por faltas a la moral”— y, al cabo, aplaudirse, como “Capulina”, sus propios chistes (generalmente malos, por cierto).
Una cosa es reivindicar, a favor del ciudadano, el derecho a cuestionar la pertinencia de las decisiones del gobernante, y otra llevar a sus paniaguados a servirle de “extras” en un acto de autopromoción. Una cosa es anhelar un mecanismo que garantice —hasta donde es humanamente factible hacerlo— la certeza de que cada peso del erario se ejerce con honradez y en beneficio, ante todo, de la sociedad, y otra convocar a los medios para que difundan masivamente, de manera acrítica, los asuntos que los gobernantes tienen a bien difundir, y no los que quisieran escuchar los gobernados.
—III—
Vaya: una cosa es el derecho del ciudadano común a querer saber en qué gastan su dinero y qué hacen para satisfacer las necesidades y subsanar las carencias —las de la sociedad, no las de ellos— quienes se ostentan como sus gobernantes, y otra muy diferente volver reiterativo el show fastidioso, ampuloso e impopular —amén de ofensivo para la inteligencia del ciudadano común— de los informes anuales, a la usanza tradicional.
Es como si al ciudadano le dijeran: “¿Con que te molesta la lavativa anual?... ¡Pues te la vamos a aplicar cada tres meses!”.
Por lo visto, alguien no entendió bien las cosas. Dice el presidente municipal de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval, que “la ciudadanía pide (a los gobernantes) rendición de cuentas”. Explica, a partir de esa lógica, su decisión de rendir un informe sobre los primeros 100 días de su administración. Y promete, en consecuencia, institucionalizar —por el tiempo que dure su mandato, al menos— ese ejercicio. En otras palabras, condena al ciudadano común, en teoría, a soplarse el espectáculo de los informes (más o menos) trimestrales: tres al año —se supone—... independientemente del que, por ley, el gobernante debe rendir a la población a través de la dizque representación popular: el Congreso del Estado.
—II—
De entrada, la premisa mayor del silogismo cojea notoriamente: una cosa es que los ciudadanos quisieran tener la posibilidad de someter al escrutinio público todos los actos del gobernante como tal. Otra muy diferente, que dé por bueno el esquema de montar un escenario, proclamar una lista de las faenas realizadas por las dependencias a su cargo —desde calles barridas hasta jardines regados, pasando por borrachitos detenidos en la vía pública “por faltas a la moral”— y, al cabo, aplaudirse, como “Capulina”, sus propios chistes (generalmente malos, por cierto).
Una cosa es reivindicar, a favor del ciudadano, el derecho a cuestionar la pertinencia de las decisiones del gobernante, y otra llevar a sus paniaguados a servirle de “extras” en un acto de autopromoción. Una cosa es anhelar un mecanismo que garantice —hasta donde es humanamente factible hacerlo— la certeza de que cada peso del erario se ejerce con honradez y en beneficio, ante todo, de la sociedad, y otra convocar a los medios para que difundan masivamente, de manera acrítica, los asuntos que los gobernantes tienen a bien difundir, y no los que quisieran escuchar los gobernados.
—III—
Vaya: una cosa es el derecho del ciudadano común a querer saber en qué gastan su dinero y qué hacen para satisfacer las necesidades y subsanar las carencias —las de la sociedad, no las de ellos— quienes se ostentan como sus gobernantes, y otra muy diferente volver reiterativo el show fastidioso, ampuloso e impopular —amén de ofensivo para la inteligencia del ciudadano común— de los informes anuales, a la usanza tradicional.
Es como si al ciudadano le dijeran: “¿Con que te molesta la lavativa anual?... ¡Pues te la vamos a aplicar cada tres meses!”.
Síguenos en