Internacional
Zelaya fue corresponsable del golpe de Estado hondureño de 2009
El ex presidente le ofreció la presidencia de la futura Asamblea Nacional Constituyente al entonces titular del Congreso Nacional, Roberto Micheletti
TEGUCIGALPA, HONDURAS (07/JUL/2011).- La Comisión de la Verdad señaló hoy que el ex presidente Manuel Zelaya fue corresponsable del Golpe de Estado que sufrió el 28 de junio de 2009.
Dicha comisión, coordinada por el guatemalteco Eduardo Stein, es parte del Acuerdo Tegucigalpa-San José firmado el 30 de octubre del mismo año entre los negociadores de Zelaya y del gobierno, con la presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
Este informe se rindió hoy en Tegucigalpa sobre los hechos ocurridos el 28 de junio de 2009 (antes y después). Contó con la presencia del presidente de Honduras, Porfirio Lobo, y del secretario general de la OEA, además del cuerpo diplomático, y miembros del gabinete de gobierno.
El reporte "Para que los hechos no se repitan" indicó que la convocatoria del entonces presidente Zelaya a realizar la consulta denominada "Cuarta Urna", programada para el 28 de junio, fue el detonante de la crisis.
Ese día, se iba a realizar una consulta a nivel nacional, encaminada a instalar una Asamblea Nacional Constituyente, que iba a redactar una nueva Constitución, ya que la actual prohíbe la reelección presidencial.
Esa encuesta 'marcó el elemento definitivo de confrontación que tuvo su desenlace en la captura por orden judicial' de Zelaya, 'después su expulsión a San José, Costa Rica, ejecutándose de esta forma el golpe de Estado contra el Poder Ejecutivo", precisó la Comisión de la Verdad.
Señaló que Zelaya, para poder hacer dicha consulta, solicitó primero apoyo de los partidos tradicionales Liberal y Nacional, e incluso le ofreció la presidencia de la futura Asamblea Nacional Constituyente al entonces titular del Congreso Nacional, Roberto Micheletti.
Dicha consulta ya había sido declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Publico, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Supremo Electoral.
"Ningún ciudadano, independientemente de su investidura, está por encima de la ley, la igualdad ante la ley es una condición indispensable de la democracia y del fortalecimiento del Estado de Derecho", señaló el informe.
Destacó también que el Congreso no tiene atribuciones para destituir al presidente de la República, ni para nombrar su sustituto, tal como lo hizo el poder Legislativo en junio de 2009.
El Congreso Nacional, el 28 de junio de ese año, sólo leyó una supuesta carta renuncia de Zelaya, los congresistas no objetaron nada, luego nombraron como presidente de facto a Micheletti, quien era hasta entonces presidente del parlamento.
"La Constitución de Honduras carece de procedimiento claro para resolver los conflictos entre los poderes del Estado y de cómo resolver cuando un presidente o un alto funcionario debe ser sometido a una investigación", apuntó el reporte.
Admitió que ya la crisis estaba al rojo vivo, desde enero de ese año, cuando al elegir a los miembros de la CSJ, funcionarios del Ejecutivo llegaron al parlamento amenazando disolver ese poder del Estado si no nombraban a abogados de su confianza.
"Encontramos que se produjo una injerencia en las competencias de los poderes del Estado más visible, aunque no única del poder Ejecutivo hacia los demás poderes del Estado", mencionó el informe.
Señaló que Zelaya, las Fuerzas Armadas y su alta jerarquía fueron beneficiadas al margen de los reglamentos de la institución con recursos presupuestarios adicionales.
El impacto del golpe de Estado sobre la economía hondureña fue de pérdidas por alrededor de mil 90 millones de dolares, citó el informe.
La Comisión de la Verdad advirtió que el Estado de Honduras debe indemnizar a todas las personas que fueron reprimidas luego de la caída de Zelaya.
Dicha comisión, coordinada por el guatemalteco Eduardo Stein, es parte del Acuerdo Tegucigalpa-San José firmado el 30 de octubre del mismo año entre los negociadores de Zelaya y del gobierno, con la presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
Este informe se rindió hoy en Tegucigalpa sobre los hechos ocurridos el 28 de junio de 2009 (antes y después). Contó con la presencia del presidente de Honduras, Porfirio Lobo, y del secretario general de la OEA, además del cuerpo diplomático, y miembros del gabinete de gobierno.
El reporte "Para que los hechos no se repitan" indicó que la convocatoria del entonces presidente Zelaya a realizar la consulta denominada "Cuarta Urna", programada para el 28 de junio, fue el detonante de la crisis.
Ese día, se iba a realizar una consulta a nivel nacional, encaminada a instalar una Asamblea Nacional Constituyente, que iba a redactar una nueva Constitución, ya que la actual prohíbe la reelección presidencial.
Esa encuesta 'marcó el elemento definitivo de confrontación que tuvo su desenlace en la captura por orden judicial' de Zelaya, 'después su expulsión a San José, Costa Rica, ejecutándose de esta forma el golpe de Estado contra el Poder Ejecutivo", precisó la Comisión de la Verdad.
Señaló que Zelaya, para poder hacer dicha consulta, solicitó primero apoyo de los partidos tradicionales Liberal y Nacional, e incluso le ofreció la presidencia de la futura Asamblea Nacional Constituyente al entonces titular del Congreso Nacional, Roberto Micheletti.
Dicha consulta ya había sido declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Publico, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Supremo Electoral.
"Ningún ciudadano, independientemente de su investidura, está por encima de la ley, la igualdad ante la ley es una condición indispensable de la democracia y del fortalecimiento del Estado de Derecho", señaló el informe.
Destacó también que el Congreso no tiene atribuciones para destituir al presidente de la República, ni para nombrar su sustituto, tal como lo hizo el poder Legislativo en junio de 2009.
El Congreso Nacional, el 28 de junio de ese año, sólo leyó una supuesta carta renuncia de Zelaya, los congresistas no objetaron nada, luego nombraron como presidente de facto a Micheletti, quien era hasta entonces presidente del parlamento.
"La Constitución de Honduras carece de procedimiento claro para resolver los conflictos entre los poderes del Estado y de cómo resolver cuando un presidente o un alto funcionario debe ser sometido a una investigación", apuntó el reporte.
Admitió que ya la crisis estaba al rojo vivo, desde enero de ese año, cuando al elegir a los miembros de la CSJ, funcionarios del Ejecutivo llegaron al parlamento amenazando disolver ese poder del Estado si no nombraban a abogados de su confianza.
"Encontramos que se produjo una injerencia en las competencias de los poderes del Estado más visible, aunque no única del poder Ejecutivo hacia los demás poderes del Estado", mencionó el informe.
Señaló que Zelaya, las Fuerzas Armadas y su alta jerarquía fueron beneficiadas al margen de los reglamentos de la institución con recursos presupuestarios adicionales.
El impacto del golpe de Estado sobre la economía hondureña fue de pérdidas por alrededor de mil 90 millones de dolares, citó el informe.
La Comisión de la Verdad advirtió que el Estado de Honduras debe indemnizar a todas las personas que fueron reprimidas luego de la caída de Zelaya.
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