Internacional
Zapatero evitó que actuara el juez Garzón
De acuerdo con filtraciones de WikiLeaks, diplomáticos estadounidenses presionaron a funcionarios españoles para frenar procesos judiciales contra Estados Unidos
MADRID, ESPAÑA (01/DIC/2010).- La embajada de Estados Unidos en Madrid desplegó en los últimos años importantes recursos para frenar o boicotear las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares estadounidenses presuntamente involucrados en casos de torturas en Guantánamo, crímenes de guerra en Iraq o secuestros en los vuelos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés).
La legación diplomática estadounidense dejó constancia escrita de esa actividad en algunos de sus miles de documentos secretos, clasificados o reservados. El propio embajador de la Unión Americana en España entre los años 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, nombrado por el Gobierno de George W. Bush, ha dirigido personalmente muchas de las presiones ejercidas sobre el Palacio de la Moncloa o las autoridades judiciales españolas, pero de los informes secretos se desprende que Estados Unidos contó con el apoyo de importantes contactos en España. Todo esto, durante la administración de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español, desde abril de 2004.
Entre los informes, destacan los del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y varios fiscales de la Audiencia Nacional, especialmente su jefe, Javier Zaragoza. “Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sus aliados sobre Estados Unidos”, advirtió Aguirre el 21 de marzo de 2007 a Carles Casajuana, entonces el principal asesor diplomático en La Moncloa, y hoy embajador en Londres.
Ese miércoles, los dos cargos más importantes de la embajada contactaron con autoridades españolas para frenar las críticas a la Casa Blanca en el cuarto aniversario de la invasión de Iraq, como se recoge en los informes “confidenciales” de la legación fechados el 21 y el 23 de marzo de 2007.
El día 20, coincidiendo con manifestaciones en la calle contra la guerra de Iraq, todos los grupos parlamentarios, salvo el del Partido Popular (PP), habían pactado una proposición no de ley para condenar esa guerra “unilateral y al margen de la ONU”.
Ese mismo día, el juez Baltasar Garzón había publicado en el diario “El País”, un artículo en el que abogaba por una investigación judicial sobre esa guerra. “650 mil muertos son un argumento suficiente para que esa investigación se aborde sin más dilación”, argumentaba el magistrado al apuntar una eventual causa contra Bush y Aznar.
La preocupación de la embajada estadounidense por aquel clima político se sumaba a la que tenía en esos meses por la marcha de dos procesos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional y que afectaban a intereses de Estados Unidos: la muerte del español José Couso en Bagdad en abril de 2003 por disparos de un tanque estadounidense, con su correspondiente querella presentada el 29 de mayo de 2003; y el traslado ilegal a Guantánamo de supuestos terroristas en aviones que hicieron escala en España, un caso que llegó a la Audiencia el 12 de junio de 2006.
En ambos casos, los informes secretos muestran que la embajada contó con buena información sobre la marcha de las causas judiciales y con la colaboración de autoridades del Gobierno, así como del fiscal general del Estado y los fiscales Javier Zaragoza y Vicente González Mota.
Para conseguirlo, el embajador y colaboradores suyos presionaron a ministros y responsables de Exteriores o Justicia, visitaron a altos cargos de la Audiencia Nacional en sus propios despachos, se reunieron con jueces y utilizaron las visitas de políticos estadounidenses a España para intentar que los procedimientos judiciales naufragaran.
En otros momentos, y siempre de acuerdo con las versiones recogidas en los informes de la embajada, los fiscales explican a diplomáticos estadounidenses cómo actuar para entorpecer actuaciones de los jueces.
El 14 de abril del año pasado, el fiscal Zaragoza llamó a la embajada para contar que él haría todo lo posible para que el caso de Guantánamo no cayera en manos de Garzón, y sí del juez Ismael Moreno. Zaragoza contó que, si Garzón se empeñaba en quedarse con el caso, él mismo airearía que ese juez optó por no investigar nada al respecto cuando tuvo datos para hacerlo años antes (informe “no clasificado, solo de uso oficial” del 5 de mayo de 2009).
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, aseguró que la jefa de la diplomacia estadounidense, Hillary Clinton, “debería dimitir” si se puede mostrar que fue responsable de ordenar que diplomáticos estadounidenses espiaran en Naciones Unidas.
Interpol emitió una orden internacional de detención, una “notificación roja”, contra Assange por presuntos delitos sexuales.
El País/Agencias
Revelaciones, al día
Paciencia china con Pyongyang
Beijing piensa que Corea del Norte está perdiendo poder estratégico y cree que un día se unirá a sus vecinos surcoreanos. El año pasado, el embajador chino en Kazajistán, Cheng Guoping, reveló que “China espera una reunificación pacífica a largo plazo, pero que espera que los dos países permanezcan separados a corto plazo”.
Democracia en Iraq, olvidada
El presidente egipcio, Hosni Mubarak, aconsejó a Estados Unidos en 2008 “olvidar” la democracia en Iraq. Mubarak hizo estos comentarios en un encuentro con parlamentarios estadounidenses en 2008. “Olvídense de la democracia (en Iraq), los iraquíes son por naturaleza demasiado duros”, declaró, según el cable diplomático.
Karzai perdona a narcos
El presidente afgano, Hamid Karzai, ordenó la liberación sin proceso de decenas de peligrosos criminales y traficantes de droga detenidos por las fuerzas internacionales. La embajada estadounidense afirma que 150 de los 629 prisioneros fueron liberados sin proceso en un periodo de tres años, lo que provocó el reproche hacia Karzai y al fiscal general afgano.
La legación diplomática estadounidense dejó constancia escrita de esa actividad en algunos de sus miles de documentos secretos, clasificados o reservados. El propio embajador de la Unión Americana en España entre los años 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, nombrado por el Gobierno de George W. Bush, ha dirigido personalmente muchas de las presiones ejercidas sobre el Palacio de la Moncloa o las autoridades judiciales españolas, pero de los informes secretos se desprende que Estados Unidos contó con el apoyo de importantes contactos en España. Todo esto, durante la administración de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español, desde abril de 2004.
Entre los informes, destacan los del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y varios fiscales de la Audiencia Nacional, especialmente su jefe, Javier Zaragoza. “Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sus aliados sobre Estados Unidos”, advirtió Aguirre el 21 de marzo de 2007 a Carles Casajuana, entonces el principal asesor diplomático en La Moncloa, y hoy embajador en Londres.
Ese miércoles, los dos cargos más importantes de la embajada contactaron con autoridades españolas para frenar las críticas a la Casa Blanca en el cuarto aniversario de la invasión de Iraq, como se recoge en los informes “confidenciales” de la legación fechados el 21 y el 23 de marzo de 2007.
El día 20, coincidiendo con manifestaciones en la calle contra la guerra de Iraq, todos los grupos parlamentarios, salvo el del Partido Popular (PP), habían pactado una proposición no de ley para condenar esa guerra “unilateral y al margen de la ONU”.
Ese mismo día, el juez Baltasar Garzón había publicado en el diario “El País”, un artículo en el que abogaba por una investigación judicial sobre esa guerra. “650 mil muertos son un argumento suficiente para que esa investigación se aborde sin más dilación”, argumentaba el magistrado al apuntar una eventual causa contra Bush y Aznar.
La preocupación de la embajada estadounidense por aquel clima político se sumaba a la que tenía en esos meses por la marcha de dos procesos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional y que afectaban a intereses de Estados Unidos: la muerte del español José Couso en Bagdad en abril de 2003 por disparos de un tanque estadounidense, con su correspondiente querella presentada el 29 de mayo de 2003; y el traslado ilegal a Guantánamo de supuestos terroristas en aviones que hicieron escala en España, un caso que llegó a la Audiencia el 12 de junio de 2006.
En ambos casos, los informes secretos muestran que la embajada contó con buena información sobre la marcha de las causas judiciales y con la colaboración de autoridades del Gobierno, así como del fiscal general del Estado y los fiscales Javier Zaragoza y Vicente González Mota.
Para conseguirlo, el embajador y colaboradores suyos presionaron a ministros y responsables de Exteriores o Justicia, visitaron a altos cargos de la Audiencia Nacional en sus propios despachos, se reunieron con jueces y utilizaron las visitas de políticos estadounidenses a España para intentar que los procedimientos judiciales naufragaran.
En otros momentos, y siempre de acuerdo con las versiones recogidas en los informes de la embajada, los fiscales explican a diplomáticos estadounidenses cómo actuar para entorpecer actuaciones de los jueces.
El 14 de abril del año pasado, el fiscal Zaragoza llamó a la embajada para contar que él haría todo lo posible para que el caso de Guantánamo no cayera en manos de Garzón, y sí del juez Ismael Moreno. Zaragoza contó que, si Garzón se empeñaba en quedarse con el caso, él mismo airearía que ese juez optó por no investigar nada al respecto cuando tuvo datos para hacerlo años antes (informe “no clasificado, solo de uso oficial” del 5 de mayo de 2009).
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, aseguró que la jefa de la diplomacia estadounidense, Hillary Clinton, “debería dimitir” si se puede mostrar que fue responsable de ordenar que diplomáticos estadounidenses espiaran en Naciones Unidas.
Interpol emitió una orden internacional de detención, una “notificación roja”, contra Assange por presuntos delitos sexuales.
El País/Agencias
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Beijing piensa que Corea del Norte está perdiendo poder estratégico y cree que un día se unirá a sus vecinos surcoreanos. El año pasado, el embajador chino en Kazajistán, Cheng Guoping, reveló que “China espera una reunificación pacífica a largo plazo, pero que espera que los dos países permanezcan separados a corto plazo”.
Democracia en Iraq, olvidada
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