Internacional
Rousseff veta parte de la ley forestal
La decisión de la presidenta brasileña frustra a ecologistas que en medio mundo le exigían rechazar por completo el proyecto
BRASILIA, BRASIL (25/MAY/2012).- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, vetó hoy parcialmente el polémico Código Forestal, una ley de suelos que muchos tildan de "amenaza" al medio ambiente, y frustró así a ecologistas que en medio mundo le exigían rechazar por completo el proyecto.
Rousseff, según informaron fuentes oficiales, vetó 12 de los 84 artículos del proyecto, entre ellos uno que proponía amnistiar a los hacendados que, durante las últimas décadas y en contra de las leyes actuales, desforestaron donde estaba prohibido y mantienen en esas zonas degradadas una intensa actividad agropecuaria.
"No habrá amnistía para nadie", garantizó la ministra del Medio Ambiente, Isabella Teixeira, al anunciar la decisión de la jefa de Estado en una rueda de prensa en la que también participaron los titulares de Agricultura, Jorge Mendes Ribeiro, y Desarrollo Agrario, Gilberto José Vargas.
Otro de los artículos vetados planteaba una reducción de las zonas protegidas a la vera de los ríos, que hoy suponen una franja de 30 metros a cada lado y, según el texto aprobado por el Congreso pasarían a ser de 15 metros.
Para evitar lagunas legales, algunos de los artículos vetados serán sustituidos por decretos provisionales que serán dictados el lunes próximo y estarán en vigor hasta que el Congreso concluya los debates sobre la decisión presidencial, que puede llegar a ser alterada en las Cámaras.
Según Teixeira, la decisión del Gobierno fue guiada por la firme convicción de que es necesario fortalecer la "preservación" de los ecosistemas y, al mismo tiempo, impulsar la "producción sustentable" en la agricultura, que es uno de los puntales de la economía del país.
El ministro Vargas explicó que, además de vetar 12 artículos, Rousseff introdujo 32 modificaciones en partes del texto a fin de proteger a los pequeños productores rurales, que tendrán menores responsabilidades en la recuperación de las tierras ya degradadas.
En ese sentido, indicó que la pequeña agricultura ya opera en su gran mayoría con prácticas sustentables y que es responsable por el 70 por ciento de los alimentos que se consumen en el país.
"Estas reglas preservarán la posibilidad de Brasil de garantizar la seguridad alimentaria de su población y reforzar su papel como uno de los principales suministradores mundiales de alimentos", declaró Vargas.
Si bien los grupos defensores del medio ambiente tenían entre los principales blancos de sus críticas los artículos sobre la amnistía y la protección en las orillas de los ríos, tras conocerse los vetos reiteraron que otros aspectos del texto promoverán una expansión de la actividad agropecuaria en zonas sensibles, como la Amazonía.
"Ahora sólo queda presionar por una ley de 'deforestación cero'", afirmó a través de la red social Twuitter el grupo Greenpeace, en su primera reacción a los vetos anunciados por el Gobierno.
Greenpeace, junto con otras organizaciones ecologistas, como el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), había mantenido durante los últimos meses campañas globales bajo el lema "Veta todo Dilma", que finalmente han resultado infructuosas.
"¿Qué habrá entendido la presidenta Rousseff por todo", interrogó Greenpeace, y recordó que la jefa de Estado recibió este jueves un documento con dos millones de firmas a favor del veto integral.
Otro grupo que manifestó su decepción con la decisión fue SOS Medio Ambiente, que acusó a la presidenta de "lavarse las manos" y "frustrar la expectativa popular" con un veto parcial que devuelve el texto al Congreso.
De ese modo, debido a los tiempos burocráticos del Parlamento, la definición queda para después de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sustentable Río+20, que se celebrará en junio próximo en Río de Janeiro, ante la cual Brasil "no podrá presentar nada", indicó esa organización.
SOS Mata Atlántica, otro de las más activos grupos ecologistas brasileños, se sumó a las críticas y afirmó que el país "está hoy más de luto que nunca por sus bosques".
En un comunicado, esa organización sostuvo que el veto parcial "desagrada e ignora a cerca del 80 por ciento de la población del país", que en una reciente encuesta realizada por la firma Datafolha se declaró en contra del proyecto aprobado por el Congreso.
Rousseff, según informaron fuentes oficiales, vetó 12 de los 84 artículos del proyecto, entre ellos uno que proponía amnistiar a los hacendados que, durante las últimas décadas y en contra de las leyes actuales, desforestaron donde estaba prohibido y mantienen en esas zonas degradadas una intensa actividad agropecuaria.
"No habrá amnistía para nadie", garantizó la ministra del Medio Ambiente, Isabella Teixeira, al anunciar la decisión de la jefa de Estado en una rueda de prensa en la que también participaron los titulares de Agricultura, Jorge Mendes Ribeiro, y Desarrollo Agrario, Gilberto José Vargas.
Otro de los artículos vetados planteaba una reducción de las zonas protegidas a la vera de los ríos, que hoy suponen una franja de 30 metros a cada lado y, según el texto aprobado por el Congreso pasarían a ser de 15 metros.
Para evitar lagunas legales, algunos de los artículos vetados serán sustituidos por decretos provisionales que serán dictados el lunes próximo y estarán en vigor hasta que el Congreso concluya los debates sobre la decisión presidencial, que puede llegar a ser alterada en las Cámaras.
Según Teixeira, la decisión del Gobierno fue guiada por la firme convicción de que es necesario fortalecer la "preservación" de los ecosistemas y, al mismo tiempo, impulsar la "producción sustentable" en la agricultura, que es uno de los puntales de la economía del país.
El ministro Vargas explicó que, además de vetar 12 artículos, Rousseff introdujo 32 modificaciones en partes del texto a fin de proteger a los pequeños productores rurales, que tendrán menores responsabilidades en la recuperación de las tierras ya degradadas.
En ese sentido, indicó que la pequeña agricultura ya opera en su gran mayoría con prácticas sustentables y que es responsable por el 70 por ciento de los alimentos que se consumen en el país.
"Estas reglas preservarán la posibilidad de Brasil de garantizar la seguridad alimentaria de su población y reforzar su papel como uno de los principales suministradores mundiales de alimentos", declaró Vargas.
Si bien los grupos defensores del medio ambiente tenían entre los principales blancos de sus críticas los artículos sobre la amnistía y la protección en las orillas de los ríos, tras conocerse los vetos reiteraron que otros aspectos del texto promoverán una expansión de la actividad agropecuaria en zonas sensibles, como la Amazonía.
"Ahora sólo queda presionar por una ley de 'deforestación cero'", afirmó a través de la red social Twuitter el grupo Greenpeace, en su primera reacción a los vetos anunciados por el Gobierno.
Greenpeace, junto con otras organizaciones ecologistas, como el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), había mantenido durante los últimos meses campañas globales bajo el lema "Veta todo Dilma", que finalmente han resultado infructuosas.
"¿Qué habrá entendido la presidenta Rousseff por todo", interrogó Greenpeace, y recordó que la jefa de Estado recibió este jueves un documento con dos millones de firmas a favor del veto integral.
Otro grupo que manifestó su decepción con la decisión fue SOS Medio Ambiente, que acusó a la presidenta de "lavarse las manos" y "frustrar la expectativa popular" con un veto parcial que devuelve el texto al Congreso.
De ese modo, debido a los tiempos burocráticos del Parlamento, la definición queda para después de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sustentable Río+20, que se celebrará en junio próximo en Río de Janeiro, ante la cual Brasil "no podrá presentar nada", indicó esa organización.
SOS Mata Atlántica, otro de las más activos grupos ecologistas brasileños, se sumó a las críticas y afirmó que el país "está hoy más de luto que nunca por sus bosques".
En un comunicado, esa organización sostuvo que el veto parcial "desagrada e ignora a cerca del 80 por ciento de la población del país", que en una reciente encuesta realizada por la firma Datafolha se declaró en contra del proyecto aprobado por el Congreso.
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