Rodrigo Duterte podría ser acusado ante corte internacional
El presidente filipino enfrenta una denuncia por homicidios y delitos de lesa humanidad por su política antidrogas
MANILA, FILIPINAS (16/MAY/2017).- El presidente filipino Rodrigo Duterte reconoció el martes que las denuncias de que su guerra contra las drogas ha provocado matanzas extrajudiciales podrían llegar a la Corte Penal Internacional, después de que fracasó en la Cámara de Representantes un intento de someterlo a juicio político.
“Sí, puede hacerlo. Es libre de hacerlo. Esto es una democracia”, dijo Duterte en respuesta a un legislador que dijo estar estudiando la posibilidad de denunciar al mandatario ante la corte en La Haya, Holanda.
La denuncia, que fue desestimada por una comisión de la cámara baja el lunes, acusó a Duterte de homicidios y delitos de lesa humanidad por una política de estado por la cual policías y personas que hicieron justicia por cuenta propia mataron extrajudicialmente a más de ocho mil presuntos consumidores y vendedores de drogas. También se le acusó de corrupción, enriquecimiento infundado y una “posición derrotista” frente a China en los diferendos territoriales en el Mar del Sur de China.
“Es verdad que hay muertos: ¿existe una guerra contra la droga en la que no matan a nadie?”, dijo Duterte. “Pero no de la clase y el tipo de la que me acusaron, que incluyó la orden de matar a un menor”.
Era previsible que la denuncia del representante Gary Alejando sería desestimada por una cámara dominada por aliados de Duterte. Pero los detractores del presidente esperan que refuerce una demanda iniciada en su contra por un abogado filipino ante la CPI al demostrar el fracaso de los intentos en el país por frenar las presuntas matanzas extrajudiciales.
Tras la desestimación de la denuncia presentada en marzo, no puede haber nuevos intentos de iniciar juicio político a Duterte antes de transcurrido un año.
Desde que asumió en junio, su guerra contra la droga ha causado entre siete mil y nueve mil muertos entre presuntos traficantes y adictos, según grupos defensores de los derechos humanos. El gobierno respondió el 2 de mayo con datos según los cuales casi cuatro mil 600 personas han muerto en operaciones antidrogas de la policía y en homicidios relacionados con la droga.