Internacional
Retiran inmunidad a magistrado de Guatemala por corrupción
Douglas Charchal habría recibido cerca de 24.5 millones de dólares a cambio de un contrato
GUATEMALA, GUATEMALA (10/MAY/2016).- El Congreso de
Guatemala votó a favor de suspender el derecho de antejuicio del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal, implicado en un caso de corrupción.
El Congreso Nacional (unicameral, 158 diputados) aprobó la iniciativa para retirar la inmunidad al magistrado a fin de someterlo a la justicia por el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
TCQ es una empresa de capital español que consiguió un usufructo por 25 años para ampliar y operar las instalaciones del Puerto Quetzal, el mayor de Guatemala y que concentra el 65 por ciento del total del comercio del país.
Por acusaciones de que el usufructo se logró con base en un contrato irregular están detenidas 12 personas, incluidas el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
Una investigación del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) determinó que el contrato de las obras del Puerto Quetzal se consiguió con sobornos.
El magistrado Charchal se habría beneficiado con el cobro de sobornos por facilitar los trámites legales para concretar el contrato de TCQ entre el gobierno de Pérez Molina y los empresarios españoles.
Charchal, quien ha negado las acusaciones de corrupción, anunció la víspera -en una anticipación del fallo adverso de los diputados- que pediría un permiso sin goce de sueldo de dos meses para solventar su situación legal.
El MP y la CICIG, dependencia de las Naciones Unidas que colabora en Guatemala en la lucha contra el crimen organizado, solicitaron el mes pasado el antejuicio contra el magistrado Charchal.
La CSJ declaró con lugar la solicitud en contra del magistrado y la turnó al Congreso, que formó una comisión pesquisidora de diputados de diferentes partidos que el sábado anterior aprobó el retiro de la inmunidad.
El pleno del Congreso estudió la iniciativa y, luego de evaluar el dictamen de la comisión pesquisidora, este martes emitió su resolución con 136 votos -de un total de 158- en favor de retirar la inmunidad al magistrado Charchal para que se someta a la justicia.
Según la investigación del MP y de la CICIG, el magistrado Charchal fue parte de la estructura de corrupción que concedió el contrato irregular de TCQ, a cambió del pago de sobornos de 24.5 millones de dólares.
El entonces presidente Pérez Molina y la vicemandataria Baldetti, acusados de encabezar la red de corrupción, se habrían beneficiado con la mayor parte del monto millonario en dólares del soborno pagado por los empresarios españoles de TCQ.
El caso se fundamenta en el testimonio de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Baldetti, hombre clave en la estructura de corrupción de TCQ, quien es "colaborador eficaz" -testigo protegido- del MP.
Pérez Molina y Baldetti enfrentan con TCQ el segundo caso por corrupción. Están en prisión provisional desde hace ocho meses por un escándalo de corrupción en la autoridad recaudadora de impuestos.
El caso denominado La Línea se refiere a un grupo criminal y de corrupción responsable de defraudación fiscal que operaba desde la autoridad recaudadora de impuestos.
El MP y la CICIG investigaron y desarticularon el grupo de La Línea, un escándalo que obligó a renunciar al presidente Pérez Molina y a la exvicepresidenta Baldetti, enviados a prisión provisional en septiembre y agosto de 2015, respectivamente.
El Congreso Nacional (unicameral, 158 diputados) aprobó la iniciativa para retirar la inmunidad al magistrado a fin de someterlo a la justicia por el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
TCQ es una empresa de capital español que consiguió un usufructo por 25 años para ampliar y operar las instalaciones del Puerto Quetzal, el mayor de Guatemala y que concentra el 65 por ciento del total del comercio del país.
Por acusaciones de que el usufructo se logró con base en un contrato irregular están detenidas 12 personas, incluidas el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
Una investigación del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) determinó que el contrato de las obras del Puerto Quetzal se consiguió con sobornos.
El magistrado Charchal se habría beneficiado con el cobro de sobornos por facilitar los trámites legales para concretar el contrato de TCQ entre el gobierno de Pérez Molina y los empresarios españoles.
Charchal, quien ha negado las acusaciones de corrupción, anunció la víspera -en una anticipación del fallo adverso de los diputados- que pediría un permiso sin goce de sueldo de dos meses para solventar su situación legal.
El MP y la CICIG, dependencia de las Naciones Unidas que colabora en Guatemala en la lucha contra el crimen organizado, solicitaron el mes pasado el antejuicio contra el magistrado Charchal.
La CSJ declaró con lugar la solicitud en contra del magistrado y la turnó al Congreso, que formó una comisión pesquisidora de diputados de diferentes partidos que el sábado anterior aprobó el retiro de la inmunidad.
El pleno del Congreso estudió la iniciativa y, luego de evaluar el dictamen de la comisión pesquisidora, este martes emitió su resolución con 136 votos -de un total de 158- en favor de retirar la inmunidad al magistrado Charchal para que se someta a la justicia.
Según la investigación del MP y de la CICIG, el magistrado Charchal fue parte de la estructura de corrupción que concedió el contrato irregular de TCQ, a cambió del pago de sobornos de 24.5 millones de dólares.
El entonces presidente Pérez Molina y la vicemandataria Baldetti, acusados de encabezar la red de corrupción, se habrían beneficiado con la mayor parte del monto millonario en dólares del soborno pagado por los empresarios españoles de TCQ.
El caso se fundamenta en el testimonio de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Baldetti, hombre clave en la estructura de corrupción de TCQ, quien es "colaborador eficaz" -testigo protegido- del MP.
Pérez Molina y Baldetti enfrentan con TCQ el segundo caso por corrupción. Están en prisión provisional desde hace ocho meses por un escándalo de corrupción en la autoridad recaudadora de impuestos.
El caso denominado La Línea se refiere a un grupo criminal y de corrupción responsable de defraudación fiscal que operaba desde la autoridad recaudadora de impuestos.
El MP y la CICIG investigaron y desarticularon el grupo de La Línea, un escándalo que obligó a renunciar al presidente Pérez Molina y a la exvicepresidenta Baldetti, enviados a prisión provisional en septiembre y agosto de 2015, respectivamente.
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