Internacional
Reporteros Sin Fronteras ve riesgos de debilitamiento de CIDH
El próximo viernes, los cancilleres de la OEA deben aprobar resolución que concluya dos años de trabajos para reformar la CIDH
CIUDAD DE MÉXICO (20/MAR/2013).- Reporteros Sin Fronteras aguarda con preocupación el resultado de la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ve serios riesgos de que concluya con un debilitamiento del organismo, dijo en México el jefe de su despacho para las Américas, Benoit Hervieu.
Ese debilitamiento "desgraciadamente creo que sí puede suceder. La presión es fuerte, tengo fuentes dentro de la Relatoría (de libertad de expresión) y la OEA que dicen que sí, que realmente por parte de los políticos, de los gobiernos sí hay una presión fuerte. Sería un paso atrás", dijo Hervieu en una entrevista el miércoles.
El próximo viernes los cancilleres de los 34 países activos de la Organización de Estados Americanos (OEA) deben aprobar, en Washington, una resolución que concluya los dos años de trabajos para reformar la CIDH, un proceso que ha provocado críticas de numerosas organizaciones no gubernamentales que advierten contra la posibilidad de que sean socavadas las atribuciones de la Comisión.
Varios países, especialmente Ecuador, que se le ha enfrentado en el pasado, critican que la Relatoría de la libertad de expresión de la CIDH sea actualmente la que cuenta con mayores recursos. La Comisión recibe donaciones de países de fuera de la región toda vez que no le alcanza el presupuesto que le otorga la OEA.
Para Hervieu, se trata de un "un margen de maniobra financiera que también puede garantizar su independencia frente a los gobiernos que hacen parte de la OEA".
"Los gobiernos que impulsan esas reformas para debilitar la relatoría deberían escuchar no solamente a los periodistas atacados o a las víctimas, sino también a muchos movimientos sociales en América Latina que protestan contra esta reforma", agregó.
El sistema interamericano de Derechos Humanos "por supuesto no es perfecto, nada lo es", pero cuenta con unos "mecanismos que forzaban a los gobiernos a rendir cuentas públicamente a otros", defendió el representante para las Américas de la ONG, con base principal en París.
Una reunión preparatoria del encuentro de cancilleres terminó el martes sin acuerdo sobre la reforma, que ha sido impulsada por países como Ecuador, Venezuela y Nicaragua, muy críticos con la CIDH, a la que acusan de ser parcial en su contra.
La Relatoría de libertad de expresión ha criticado repetidamente el acoso a los medios de comunicación en Ecuador y Venezuela, lo que despierta gran irritación en esos dos gobiernos.
La SIP expresa a líderes de Latinoamérica su preocupación
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jaime Mantilla, envío hoy una carta a 19 mandatarios de América en la que expresa su gran preocupación por la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya discusión final será el viernes en Washington.
En la carta, dirigida también a 33 diplomáticos del continente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la SIP asegura que "estará vigilante ante cualquier iniciativa para debilitar en sus competencias" a la Relatoría para la Libertad de Expresión y a su órgano de adscripción, la CIDH.
Montilla, en nombre de los editores y periodistas afiliados a la SIP, muestra su alarma por el "comportamiento de algunos gobernantes de la región interesados en consolidar regímenes negados a la separación de poderes, la libre iniciativa de las personas, la fluidez de la opinión pública como elemento de control de las instituciones del Estado y la transparencia".
Un comportamiento que promueve, denuncia el texto, "hegemonías de comunicación del Estado y persiguen a la prensa y al periodismo independiente o crítico".
Los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba) han dejado claro desde hace tiempo que no están conformes con la CIDH tal como funciona actualmente.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, el uruguayo Claudio Paolillo, aseguró ese martes que dicha reforma es una iniciativa encabezada por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, para "debilitar" y "ahogar" económicamente al CIDH.
La reforma daría a Correa y los gobernantes que la promueven la "potestad de violar los derechos humanos dentro de sus países sin que nadie desde afuera les señale los desvíos o violaciones flagrantes de los derechos humanos y la libertad de expresión", resaltó Paolillo, director del semanario Búsqueda.
En la carta remitida por la SIP a los gobernantes y diplomáticos de la región se destaca también que "tales gobernantes buscan condicionar sus apoyos políticos y financieros a la OEA y sus órganos" y transformarlos en "vehículos de mera promoción de derechos" humanos.
El objetivo final de la reforma promovida por los países de la Alba no sería otro que "afectar al patrimonio ético e intelectual democrático que le sirve como cimiento a todo el sistema interamericano de protección de los derechos humanos", concluye la carta.
Por ello, la SIP reitera que tanto la Relatoría para la Libertad de Expresión como la CIDH son "bastiones fundamentales para la defensa de la democracia como derecho de los pueblos y la libertad de expresión" que hay que defender de ataques.
La carta fue dirigida a los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, y al primer ministro de Canadá.
También fue remitida a diplomáticos ante la OEA de Antigua, Argentina, Bahamas, Barbuda, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, EE.UU., Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Con información de AFP y EFE
Ese debilitamiento "desgraciadamente creo que sí puede suceder. La presión es fuerte, tengo fuentes dentro de la Relatoría (de libertad de expresión) y la OEA que dicen que sí, que realmente por parte de los políticos, de los gobiernos sí hay una presión fuerte. Sería un paso atrás", dijo Hervieu en una entrevista el miércoles.
El próximo viernes los cancilleres de los 34 países activos de la Organización de Estados Americanos (OEA) deben aprobar, en Washington, una resolución que concluya los dos años de trabajos para reformar la CIDH, un proceso que ha provocado críticas de numerosas organizaciones no gubernamentales que advierten contra la posibilidad de que sean socavadas las atribuciones de la Comisión.
Varios países, especialmente Ecuador, que se le ha enfrentado en el pasado, critican que la Relatoría de la libertad de expresión de la CIDH sea actualmente la que cuenta con mayores recursos. La Comisión recibe donaciones de países de fuera de la región toda vez que no le alcanza el presupuesto que le otorga la OEA.
Para Hervieu, se trata de un "un margen de maniobra financiera que también puede garantizar su independencia frente a los gobiernos que hacen parte de la OEA".
"Los gobiernos que impulsan esas reformas para debilitar la relatoría deberían escuchar no solamente a los periodistas atacados o a las víctimas, sino también a muchos movimientos sociales en América Latina que protestan contra esta reforma", agregó.
El sistema interamericano de Derechos Humanos "por supuesto no es perfecto, nada lo es", pero cuenta con unos "mecanismos que forzaban a los gobiernos a rendir cuentas públicamente a otros", defendió el representante para las Américas de la ONG, con base principal en París.
Una reunión preparatoria del encuentro de cancilleres terminó el martes sin acuerdo sobre la reforma, que ha sido impulsada por países como Ecuador, Venezuela y Nicaragua, muy críticos con la CIDH, a la que acusan de ser parcial en su contra.
La Relatoría de libertad de expresión ha criticado repetidamente el acoso a los medios de comunicación en Ecuador y Venezuela, lo que despierta gran irritación en esos dos gobiernos.
La SIP expresa a líderes de Latinoamérica su preocupación
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jaime Mantilla, envío hoy una carta a 19 mandatarios de América en la que expresa su gran preocupación por la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya discusión final será el viernes en Washington.
En la carta, dirigida también a 33 diplomáticos del continente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la SIP asegura que "estará vigilante ante cualquier iniciativa para debilitar en sus competencias" a la Relatoría para la Libertad de Expresión y a su órgano de adscripción, la CIDH.
Montilla, en nombre de los editores y periodistas afiliados a la SIP, muestra su alarma por el "comportamiento de algunos gobernantes de la región interesados en consolidar regímenes negados a la separación de poderes, la libre iniciativa de las personas, la fluidez de la opinión pública como elemento de control de las instituciones del Estado y la transparencia".
Un comportamiento que promueve, denuncia el texto, "hegemonías de comunicación del Estado y persiguen a la prensa y al periodismo independiente o crítico".
Los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba) han dejado claro desde hace tiempo que no están conformes con la CIDH tal como funciona actualmente.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, el uruguayo Claudio Paolillo, aseguró ese martes que dicha reforma es una iniciativa encabezada por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, para "debilitar" y "ahogar" económicamente al CIDH.
La reforma daría a Correa y los gobernantes que la promueven la "potestad de violar los derechos humanos dentro de sus países sin que nadie desde afuera les señale los desvíos o violaciones flagrantes de los derechos humanos y la libertad de expresión", resaltó Paolillo, director del semanario Búsqueda.
En la carta remitida por la SIP a los gobernantes y diplomáticos de la región se destaca también que "tales gobernantes buscan condicionar sus apoyos políticos y financieros a la OEA y sus órganos" y transformarlos en "vehículos de mera promoción de derechos" humanos.
El objetivo final de la reforma promovida por los países de la Alba no sería otro que "afectar al patrimonio ético e intelectual democrático que le sirve como cimiento a todo el sistema interamericano de protección de los derechos humanos", concluye la carta.
Por ello, la SIP reitera que tanto la Relatoría para la Libertad de Expresión como la CIDH son "bastiones fundamentales para la defensa de la democracia como derecho de los pueblos y la libertad de expresión" que hay que defender de ataques.
La carta fue dirigida a los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, y al primer ministro de Canadá.
También fue remitida a diplomáticos ante la OEA de Antigua, Argentina, Bahamas, Barbuda, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, EE.UU., Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Con información de AFP y EFE
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