Internacional
Piñera rechaza indulto a represores de dictadura
La petición pretendía indultar a los violadores de derechos humanos durante la dictadura
SANTIAGO DE CHILE, CHILE (25/JUL/2010).- El presidente
Sebastián Piñera rechazó la
petición de las iglesias católica y evangélica de indultar a los violadores de derechos humanos; sólo perdonará a reos comunes, pero en forma muy restrictiva y caso a caso.
El mandatario también informó en un mensaje transmitido el domingo por televisión que se permitirá a los reos extranjeros que cumplan el resto de sus condenas en sus países de origen.
La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, dijo el domingo que el anuncio de Piñera “es positivo”, pero que desean conocer los exactos alcances del anuncio.
Piñera señaló que el debate suscitado ante las propuestas de las iglesias indicó que los indultos por violaciones a los derechos humanos “siguen generando tensiones y divisiones entre los chilenos y que muchas veces han reabierto viejas heridas y rencores del pasado”, en alusión a la dictadura del general Augusto (1973-1990).
“He llegado al convencimiento que no es ni prudente ni conveniente, en los actuales tiempos y circunstancias, promover una nueva ley de indulto general”, anunció.
Anticipó que usará su facultad presidencial de indulto particular, “pero en forma muy prudente y muy restrictiva, analizando con mucho cuidado, caso a caso, las consideraciones de carácter humanitario”.
El mandatario señaló que “quedarán excluidos de estos beneficios aquellos condenados por delitos especialmente graves, como lo son los delitos de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, homicidio, hechos de sangre, violaciones o abusos contra menores”.
Entre las consideraciones para indultar están la edad avanzada, enfermedades terminales y otras razones humanitarias que no especificó.
Se comprometió a construir más y mejores cárceles. Los reos comunes son poco más de 50 mil.
Karina Fernández, abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, precisó que de unos 700 militares enjuiciados por abusos, 220 están condenados, de los cuales 144 reciben beneficios carcelarios y sólo 64 cumplen su castigo en prisión.
García, de la AFDD, agregó que el anuncio presidencial es “positivo en el sentido de que aparentemente quedarían excluidos los violadores a los derechos humanos”.
Pero recordó que en Chile el delito de lesa humanidad no está tipificado legalmente, por lo que “nos preocupa de que finalmente los condenados por distintas tipificaciones, pero que corresponden a violadores a los derechos humanos, puedan entrar en alguna categoría que los haga susceptibles de ser indultados”.
Las peticiones de indultos formuladas la semana última se hicieron con ocasión del bicentenario de la independencia, en septiembre.
La jerarquía católica incluyó a los represores, lo que desató una fuerte resistencia de los familiares de las víctimas de la dictadura, más de tres mil opositores muertos y desaparecidos, y de la oposición de centroizquierda.
Mientras los delincuentes comunes viven hacinados, los represores en dos penales exclusivos para ellos, cuentan con piezas individuales, comedores, cocinas equipadas, nutricionista, personal que les cocina, comedores independientes, enfermería, canchas de fútbol y tenis, según un reciente informe de la fiscalía de la Corte Suprema.
El mandatario también informó en un mensaje transmitido el domingo por televisión que se permitirá a los reos extranjeros que cumplan el resto de sus condenas en sus países de origen.
La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, dijo el domingo que el anuncio de Piñera “es positivo”, pero que desean conocer los exactos alcances del anuncio.
Piñera señaló que el debate suscitado ante las propuestas de las iglesias indicó que los indultos por violaciones a los derechos humanos “siguen generando tensiones y divisiones entre los chilenos y que muchas veces han reabierto viejas heridas y rencores del pasado”, en alusión a la dictadura del general Augusto (1973-1990).
“He llegado al convencimiento que no es ni prudente ni conveniente, en los actuales tiempos y circunstancias, promover una nueva ley de indulto general”, anunció.
Anticipó que usará su facultad presidencial de indulto particular, “pero en forma muy prudente y muy restrictiva, analizando con mucho cuidado, caso a caso, las consideraciones de carácter humanitario”.
El mandatario señaló que “quedarán excluidos de estos beneficios aquellos condenados por delitos especialmente graves, como lo son los delitos de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, homicidio, hechos de sangre, violaciones o abusos contra menores”.
Entre las consideraciones para indultar están la edad avanzada, enfermedades terminales y otras razones humanitarias que no especificó.
Se comprometió a construir más y mejores cárceles. Los reos comunes son poco más de 50 mil.
Karina Fernández, abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, precisó que de unos 700 militares enjuiciados por abusos, 220 están condenados, de los cuales 144 reciben beneficios carcelarios y sólo 64 cumplen su castigo en prisión.
García, de la AFDD, agregó que el anuncio presidencial es “positivo en el sentido de que aparentemente quedarían excluidos los violadores a los derechos humanos”.
Pero recordó que en Chile el delito de lesa humanidad no está tipificado legalmente, por lo que “nos preocupa de que finalmente los condenados por distintas tipificaciones, pero que corresponden a violadores a los derechos humanos, puedan entrar en alguna categoría que los haga susceptibles de ser indultados”.
Las peticiones de indultos formuladas la semana última se hicieron con ocasión del bicentenario de la independencia, en septiembre.
La jerarquía católica incluyó a los represores, lo que desató una fuerte resistencia de los familiares de las víctimas de la dictadura, más de tres mil opositores muertos y desaparecidos, y de la oposición de centroizquierda.
Mientras los delincuentes comunes viven hacinados, los represores en dos penales exclusivos para ellos, cuentan con piezas individuales, comedores, cocinas equipadas, nutricionista, personal que les cocina, comedores independientes, enfermería, canchas de fútbol y tenis, según un reciente informe de la fiscalía de la Corte Suprema.
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