Internacional
Parlamento de Túnez se reunirá para discutir extradición de Al Mahumdi
Los 73 parlamentarios publicaron un comunicado que presentarán una moción para retirar la confianza al Gobierno dirigido por el islamista moderado Hamadi Yabali y se discutirá la polémica extradición del ex primer ministro libio, Al Bagdadi al Mahmoudi
TÚNEZ (26/JUN/2012).- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente tunecina, Mustafá Ben Yafar, convocó hoy una reunión extraordinaria para el próximo viernes en la que se discutirá la polémica extradición del ex primer ministro libio, Al Bagdadi al Mahmoudi, que ha desatado una crisis política en el país.
Así lo anunció el propio Ben Yafar durante la sesión parlamentaria, abandonada por 73 diputados para mostrar su desacuerdo con la decisión de que no se incluyera en el orden del día el caso de Al Mahmudi, entregado a las autoridades libias el pasado domingo.
Los 73 parlamentarios, entre los que se encontraban varios diputados de la alianza gubernamental, publicaron un comunicado en el que declararon que presentarán una moción para retirar la confianza al Gobierno dirigido por el islamista moderado Hamadi Yabali.
La entrega a Libia por parte de las autoridades tunecinas de quien fuera el último primer ministro del coronel Muamar el Gadafi, provocó las críticas del presidente tunecino, Monsef Marzuki, que consideró que se realizado sin su aprobación.
Para el presidente, la extradición, que calificó de ilegítima, ha puesto "punto final al espíritu de consenso que prevalecía en el seno del tripartito", alianza de los tres partidos que integran el Gobierno y que se repartieron las tres presidencias del país.
El ministro tunecino de Justicia, Nuredín el Behiry, respondió este martes a las críticas de Marzuki, al asegurar que la decisión "fue tomada por la justicia en base a una presunción de culpabilidad y no por consideraciones políticas".
Según declaraciones del ministro difundidas este martes por la agencia de noticias tunecina TAP, el Gobierno transfirió el expediente de Al Mahmudi a la justicia "que confirmó su implicación en asesinatos, secuestros, violaciones, desvío de bienes públicos e incitación al odio".
El ministro tunecino de Derechos Humanos, Samir Dilu, también apoyó la extradición, que ha causado la primera crisis de Gobierno tras elecciones de octubre, al afirmar que había sido una "operación técnica y puramente administrativa".
Por otro lado, y en línea con el presidente tunecino, varias asociaciones de derechos humanos nacionales e internacionales criticaron la extradición.
En su opinión, "no se han respetado las convenciones internacionales contra la tortura y los derechos de los demandantes de asilo político firmados por Túnez", según declaró a Efe el experto en derecho internacional Abdelwahab El Hani.
Así lo anunció el propio Ben Yafar durante la sesión parlamentaria, abandonada por 73 diputados para mostrar su desacuerdo con la decisión de que no se incluyera en el orden del día el caso de Al Mahmudi, entregado a las autoridades libias el pasado domingo.
Los 73 parlamentarios, entre los que se encontraban varios diputados de la alianza gubernamental, publicaron un comunicado en el que declararon que presentarán una moción para retirar la confianza al Gobierno dirigido por el islamista moderado Hamadi Yabali.
La entrega a Libia por parte de las autoridades tunecinas de quien fuera el último primer ministro del coronel Muamar el Gadafi, provocó las críticas del presidente tunecino, Monsef Marzuki, que consideró que se realizado sin su aprobación.
Para el presidente, la extradición, que calificó de ilegítima, ha puesto "punto final al espíritu de consenso que prevalecía en el seno del tripartito", alianza de los tres partidos que integran el Gobierno y que se repartieron las tres presidencias del país.
El ministro tunecino de Justicia, Nuredín el Behiry, respondió este martes a las críticas de Marzuki, al asegurar que la decisión "fue tomada por la justicia en base a una presunción de culpabilidad y no por consideraciones políticas".
Según declaraciones del ministro difundidas este martes por la agencia de noticias tunecina TAP, el Gobierno transfirió el expediente de Al Mahmudi a la justicia "que confirmó su implicación en asesinatos, secuestros, violaciones, desvío de bienes públicos e incitación al odio".
El ministro tunecino de Derechos Humanos, Samir Dilu, también apoyó la extradición, que ha causado la primera crisis de Gobierno tras elecciones de octubre, al afirmar que había sido una "operación técnica y puramente administrativa".
Por otro lado, y en línea con el presidente tunecino, varias asociaciones de derechos humanos nacionales e internacionales criticaron la extradición.
En su opinión, "no se han respetado las convenciones internacionales contra la tortura y los derechos de los demandantes de asilo político firmados por Túnez", según declaró a Efe el experto en derecho internacional Abdelwahab El Hani.
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