Internacional
Nueve militares de Pinochet son condenados a prisión
Los militares retirados fueron encontrados culpables por los 26 prisioneros políticos fusilados en 1973 durante la dictadura de Augusto Pinochet
SANTIAGO DE CHILE, CHILE (23/JUN/2015).- Un juez especial chileno condenó hoy a 9 exoficiales del Ejército por exhumaciones ilegales de 26 prisioneros políticos que fueron fusilados en la ciudad de Calama, al norte de Chile, en octubre de 1973 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.
Los militares retirados Carlos Minoletti, Julio Salazar y Luis Aracena, fueron condenados a 5 años y un día de prisión, mientras que Manuel Aguirre, Sergio López, Hugo Carrasco, Wilson Pacheco y Pedro Gutiérrez recibieron 3 años de presidio, y Héctor Iturra 541 días, este último con el beneficio de remisión condicional de la pena, que le permite cumplirla en libertad.
"Las víctimas fueron primeramente privadas de la vida por ajusticiamiento, para luego ser enterradas, ocultándose toda información sobre el lugar en que se habían depositado los restos, siendo estos posteriormente desenterrados, sin respetarse las normas legales, sanitarias y reglamentarias sobre exhumaciones, para hacerlos desaparecer seguidamente", indica la sentencia.
El juez Leopoldo Llanos también determinó que el Estado chileno deberá pagar una indemnización total de 20 mil millones de pesos chilenos (unos 32 mil dólares) a familiares de las víctimas.
Esta sentencia se enmarca en uno de los episodios de la llamada "Caravana de la muerte", una comitiva que recorrió Chile tras el golpe de Estado de 1973, asesinando a cerca de un centenar de presos políticos.
El grupo estaba al mando del general Sergio Arellano Stark, investido como "delegado del comandante en jefe", es decir, de Augusto Pinochet (1973-1990) y en cada ciudad por la que pasó sus integrantes sacaban a grupos de presos políticos y los asesinaban en lugares despoblados.
En 1978, tras el hallazgo de una quincena de cadáveres de presos asesinados cerca de Santiago, Pinochet ordenó la operación "Retiro de Televisores", que consistió en la exhumación clandestina de centenares de cadáveres que fueron introducidos en sacos atados a trozos de rieles y lanzados al mar.
El Juez Leopoldo Llanos, condenó a seis altos mandos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet, por el secuestro calificado (desaparición) de tres dirigentes del Partido Comunista (PC) chileno.
El general retirado Manuel Contreras, exjefe de la DINA, el brigadier Pedro Espinoza y los excoroneles Carlos López, Rolf Wenderoth, Ricardo Lawrence y Juan Morales fueron condenados a 15 años y un día de presidio como autores de los tres delitos.
Contreras suma condenas por más de 500 años de prisión tras ser sentenciado en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.
José Corvalán, Jorge Salgado y Pedro Silva, dirigentes del PC, fueron detenidos el 9 de agosto de 1976 y luego trasladados al centro de detención clandestina "Villa Grimaldi", sin que se volviera a saber algo de ellos.
En el aspecto civil, el juez Llanos ordenó el pago de una indemnización total de 700 mil millones de pesos chilenos (cerca de un millón de dólares) a familiares de las víctimas.
Durante la dictadura de Pinochet, según informes oficiales, unos tres mil 200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que mil 192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y unos 33 mil fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
Los militares retirados Carlos Minoletti, Julio Salazar y Luis Aracena, fueron condenados a 5 años y un día de prisión, mientras que Manuel Aguirre, Sergio López, Hugo Carrasco, Wilson Pacheco y Pedro Gutiérrez recibieron 3 años de presidio, y Héctor Iturra 541 días, este último con el beneficio de remisión condicional de la pena, que le permite cumplirla en libertad.
"Las víctimas fueron primeramente privadas de la vida por ajusticiamiento, para luego ser enterradas, ocultándose toda información sobre el lugar en que se habían depositado los restos, siendo estos posteriormente desenterrados, sin respetarse las normas legales, sanitarias y reglamentarias sobre exhumaciones, para hacerlos desaparecer seguidamente", indica la sentencia.
El juez Leopoldo Llanos también determinó que el Estado chileno deberá pagar una indemnización total de 20 mil millones de pesos chilenos (unos 32 mil dólares) a familiares de las víctimas.
Esta sentencia se enmarca en uno de los episodios de la llamada "Caravana de la muerte", una comitiva que recorrió Chile tras el golpe de Estado de 1973, asesinando a cerca de un centenar de presos políticos.
El grupo estaba al mando del general Sergio Arellano Stark, investido como "delegado del comandante en jefe", es decir, de Augusto Pinochet (1973-1990) y en cada ciudad por la que pasó sus integrantes sacaban a grupos de presos políticos y los asesinaban en lugares despoblados.
En 1978, tras el hallazgo de una quincena de cadáveres de presos asesinados cerca de Santiago, Pinochet ordenó la operación "Retiro de Televisores", que consistió en la exhumación clandestina de centenares de cadáveres que fueron introducidos en sacos atados a trozos de rieles y lanzados al mar.
El Juez Leopoldo Llanos, condenó a seis altos mandos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet, por el secuestro calificado (desaparición) de tres dirigentes del Partido Comunista (PC) chileno.
El general retirado Manuel Contreras, exjefe de la DINA, el brigadier Pedro Espinoza y los excoroneles Carlos López, Rolf Wenderoth, Ricardo Lawrence y Juan Morales fueron condenados a 15 años y un día de presidio como autores de los tres delitos.
Contreras suma condenas por más de 500 años de prisión tras ser sentenciado en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.
José Corvalán, Jorge Salgado y Pedro Silva, dirigentes del PC, fueron detenidos el 9 de agosto de 1976 y luego trasladados al centro de detención clandestina "Villa Grimaldi", sin que se volviera a saber algo de ellos.
En el aspecto civil, el juez Llanos ordenó el pago de una indemnización total de 700 mil millones de pesos chilenos (cerca de un millón de dólares) a familiares de las víctimas.
Durante la dictadura de Pinochet, según informes oficiales, unos tres mil 200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que mil 192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y unos 33 mil fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
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