Internacional
Militares hondureños declaran por expulsión de Zelaya
La Corte Suprema de Justica espera que expliquen el origen el golpe de estado
TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los seis generales de la junta de comandantes de las fuerzas armadas se presentaron el jueves ante un juez por sacar del país en junio de 2009 al derrocado presidente Manuel Zelaya, pero ellos son inocentes, dijo el jueves el abogado de los militares.
Con sus uniformes de gala, los oficiales concurrieron al máximo tribunal en medio de un fuerte resguardo militar y policial, y no dieron declaraciones a los periodistas. Decenas de partidarios de Zelaya los abuchearon en las afueras de la corte.
``Contamos con suficientes evidencias para demostrar la inocencia de nuestros clientes'', dijo a la AP el abogado defensor de los oficiales, Juan Carlos Sánchez. ``Y nuestro pensamiento está orientado a desvanecer jurídicamente los hechos y ellos (los militares) enfrentan el proceso con el fin de desvirtuar los cargos''.
Los imputados son el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez, y los comandantes Luis Prince, de la fuerza aérea; Miguel Angel García, del ejército, y Juan Pablo Rodríguez, de la fuerza naval. También los comandantes Venancio Cervantes, subjefe del Estado Mayor, y Carlos Antonio Cuéllar, inspector de las fuerzas armadas.
Los militares han sido encausados por el Ministerio Público por los delitos de abuso de autoridad y expatriación ilegal, cuya pena es de 3 a 6 años en prisión.
Según el gobierno de facto de Roberto Micheletti, los militares acataron la orden de captura contra Zelaya que en su momento emitió la Corte Suprema por intentar convocar a una constituyente y quedarse en el poder.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza expresó el jueves la esperanza de retomar el diálogo para la reincorporación de Honduras al organismo una vez asuma un nuevo gobierno en el país centroamericano.
Honduras fue suspendida de la OEA tras el golpe de estado a Zelaya el 28 de junio de 2009.
``Tenemos todos esperanzas de que el 27 de enero (cuando asume el presidente electo Porfirio Lobo) podamos retomar el diálogo con Honduras para normalizar la situación'' en la región, declaró tras un encuentro con el presiente Ricardo Martinelli en Panamá.
El mandatario panameño confirmó que irá a la toma de posesión de Lobo. ``La situación en Honduras debe normalizarse una vez que asuma el presidente Lobo'', señaló.
Zelaya fue derrocado y expulsado a Costa Rica por los militares, pero retornó subrepticiamente el 21 de septiembre a Tegucigalpa y se asiló en la embajada de Brasil, donde aún se encuentra.
Vásquez aseguró a periodistas la víspera que ``confiamos en la justicia hondureña porque somos militares, no asesinos. Y, al hacerlo, damos un ejemplo a nuestros subalternos y al pueblo''.
Pero Fredín Fúnez, abogado de los seguidores de Zelaya, dijo el miércoles en rueda de prensa que ``este juicio no es más que un circo porque los comandantes debieron ser acusados por otros delitos como atentar contra la forma democrática de gobierno, traición a la patria, allanamiento de morada y secuestro''.
Con sus uniformes de gala, los oficiales concurrieron al máximo tribunal en medio de un fuerte resguardo militar y policial, y no dieron declaraciones a los periodistas. Decenas de partidarios de Zelaya los abuchearon en las afueras de la corte.
``Contamos con suficientes evidencias para demostrar la inocencia de nuestros clientes'', dijo a la AP el abogado defensor de los oficiales, Juan Carlos Sánchez. ``Y nuestro pensamiento está orientado a desvanecer jurídicamente los hechos y ellos (los militares) enfrentan el proceso con el fin de desvirtuar los cargos''.
Los imputados son el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez, y los comandantes Luis Prince, de la fuerza aérea; Miguel Angel García, del ejército, y Juan Pablo Rodríguez, de la fuerza naval. También los comandantes Venancio Cervantes, subjefe del Estado Mayor, y Carlos Antonio Cuéllar, inspector de las fuerzas armadas.
Los militares han sido encausados por el Ministerio Público por los delitos de abuso de autoridad y expatriación ilegal, cuya pena es de 3 a 6 años en prisión.
Según el gobierno de facto de Roberto Micheletti, los militares acataron la orden de captura contra Zelaya que en su momento emitió la Corte Suprema por intentar convocar a una constituyente y quedarse en el poder.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza expresó el jueves la esperanza de retomar el diálogo para la reincorporación de Honduras al organismo una vez asuma un nuevo gobierno en el país centroamericano.
Honduras fue suspendida de la OEA tras el golpe de estado a Zelaya el 28 de junio de 2009.
``Tenemos todos esperanzas de que el 27 de enero (cuando asume el presidente electo Porfirio Lobo) podamos retomar el diálogo con Honduras para normalizar la situación'' en la región, declaró tras un encuentro con el presiente Ricardo Martinelli en Panamá.
El mandatario panameño confirmó que irá a la toma de posesión de Lobo. ``La situación en Honduras debe normalizarse una vez que asuma el presidente Lobo'', señaló.
Zelaya fue derrocado y expulsado a Costa Rica por los militares, pero retornó subrepticiamente el 21 de septiembre a Tegucigalpa y se asiló en la embajada de Brasil, donde aún se encuentra.
Vásquez aseguró a periodistas la víspera que ``confiamos en la justicia hondureña porque somos militares, no asesinos. Y, al hacerlo, damos un ejemplo a nuestros subalternos y al pueblo''.
Pero Fredín Fúnez, abogado de los seguidores de Zelaya, dijo el miércoles en rueda de prensa que ``este juicio no es más que un circo porque los comandantes debieron ser acusados por otros delitos como atentar contra la forma democrática de gobierno, traición a la patria, allanamiento de morada y secuestro''.
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