Internacional
Micheletti revocaría visas a diplomáticos de EU en Honduras
“El gobierno se reserva el derecho de aplicar reciprocidad en la cancelación de visas del personal diplomático o consular de Estados Unidos”
TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente interino
Roberto Micheletti advirtió el viernes que podría revocar las visas a los diplomáticos de Estados Unidos en Honduras, tal como Washington hizo con cuatro funcionarios hondureños del gobierno de facto.
En un comunicado, la cancillería dijo que el “gobierno se reserva el derecho de aplicar reciprocidad en la cancelación de visas del personal diplomático o consular de Estados Unidos en Tegucigalpa, sin ninguna exclusión''.
Señaló que los funcionarios hondureños a los que se canceló las visas “no incurrieron en delitos de corrupción, terrorismo, narcotráfico, malversación de fondos públicos... y los afectados pueden ejercer acciones impugnativas ante las instancias judiciales de Estados Unidos de conformidad con su legislación (de ese país)''.
Mientras la Corte Suprema criticó la decisión de Washington de cancelar la visa de entrada a Estados Unidos a su magistrado Tomás Arita, liberal, medida que consideró “con el ánimo de ejercer presiones sobre actuaciones legítimamente enmarcadas en la ley y la independencia de los jueces''. Arita firmó la orden para arrestar el 28 de junio al derrocado presidente Manuel Zelaya.
El gobierno estadounidense canceló asimismo las visas del ministro de Defensa, Adolfo Sevilla, del comisionado de derechos humanos, Ramón Custodio, y del presidente del Congreso, Alfredo Saavedra.
Micheletti dijo que no permitirá el retorno de Zelaya y criticó al embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, por reunirse el jueves con el mandatario derrocado en Managua.
“Repito con claridad que si hay una solución que contemple mi retiro (del cargo), lo haré con todo gusto, pero tampoco Zelaya regresará a Honduras como gobernante... y él puede venir a los tribunales, que lo esperan, pero bajo ninguna circunstancia lo dejaremos tomar posesión del gobierno'', dijo el mandatario designado la noche del jueves.
“El embajador (Llorens) cometió un grave error... y ese es un acto de intromisión'' en los asuntos internos hondureños, señaló.
El juez penalista de Tegucigalpa Humberto Palacios ordenó a la policía arrestar a Zelaya donde lo encuentre y a tres funcionarios de su gobierno por falsificar documentos públicos, fraude y abuso de autoridad al contratar propaganda en enero por dos millones de dólares en medios locales sin fundamento legal y ante un estado inexistente de emergencia. Por esos delitos Zelaya podría estar al menos once años en prisión.
Así, el derrocado presidente enfrenta ahora siete cargos. Los otros cuatro son traición a la patria, atentar contra la forma de gobierno democrático, abuso de autoridad y usurpar funciones públicas, que en conjunto significarían 25 años en la cárcel.
En Nicaragua, el presidente depuesto advirtió con un recrudecimiento de la violencia en Honduras.
“O se revierte el golpe o viene la violencia generalizada'', afirmó al oficialista Canal 4. “Los pueblos tienen derecho a la insurrección, tal es el caso de los hondureños que son reprimidos brutalmente''.
Una persona resultó herida el viernes cuando la policía desalojó con gases lacrimógenos a manifestantes que bloqueaban la carretera Panamericana en Santa Rosa de Copán, a unos 300 kilómetros al oeste de la capital. Hay un número no determinado de detenidos.
Un enfrentamiento entre seguidores de Zelaya y la policía dejó el jueves 26 lesionados y 88 detenidos. El gobernante fue depuesto por un golpe militar el 28 de junio y el congreso designó a Micheletti.
Micheletti advirtió el jueves que “si en un momento determinado (Zelaya) se sale de esa montaña (de Nicaragua, donde anunció que se prepara para reasumir el poder) donde hace de guerrillero, y no sigue pensando en la presidencia, buscaría una tercería para que no haya más problemas porque quiero paz y tranquilidad en mi país''.
La tercería sería el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera.
En un comunicado, la cancillería dijo que el “gobierno se reserva el derecho de aplicar reciprocidad en la cancelación de visas del personal diplomático o consular de Estados Unidos en Tegucigalpa, sin ninguna exclusión''.
Señaló que los funcionarios hondureños a los que se canceló las visas “no incurrieron en delitos de corrupción, terrorismo, narcotráfico, malversación de fondos públicos... y los afectados pueden ejercer acciones impugnativas ante las instancias judiciales de Estados Unidos de conformidad con su legislación (de ese país)''.
Mientras la Corte Suprema criticó la decisión de Washington de cancelar la visa de entrada a Estados Unidos a su magistrado Tomás Arita, liberal, medida que consideró “con el ánimo de ejercer presiones sobre actuaciones legítimamente enmarcadas en la ley y la independencia de los jueces''. Arita firmó la orden para arrestar el 28 de junio al derrocado presidente Manuel Zelaya.
El gobierno estadounidense canceló asimismo las visas del ministro de Defensa, Adolfo Sevilla, del comisionado de derechos humanos, Ramón Custodio, y del presidente del Congreso, Alfredo Saavedra.
Micheletti dijo que no permitirá el retorno de Zelaya y criticó al embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, por reunirse el jueves con el mandatario derrocado en Managua.
“Repito con claridad que si hay una solución que contemple mi retiro (del cargo), lo haré con todo gusto, pero tampoco Zelaya regresará a Honduras como gobernante... y él puede venir a los tribunales, que lo esperan, pero bajo ninguna circunstancia lo dejaremos tomar posesión del gobierno'', dijo el mandatario designado la noche del jueves.
“El embajador (Llorens) cometió un grave error... y ese es un acto de intromisión'' en los asuntos internos hondureños, señaló.
El juez penalista de Tegucigalpa Humberto Palacios ordenó a la policía arrestar a Zelaya donde lo encuentre y a tres funcionarios de su gobierno por falsificar documentos públicos, fraude y abuso de autoridad al contratar propaganda en enero por dos millones de dólares en medios locales sin fundamento legal y ante un estado inexistente de emergencia. Por esos delitos Zelaya podría estar al menos once años en prisión.
Así, el derrocado presidente enfrenta ahora siete cargos. Los otros cuatro son traición a la patria, atentar contra la forma de gobierno democrático, abuso de autoridad y usurpar funciones públicas, que en conjunto significarían 25 años en la cárcel.
En Nicaragua, el presidente depuesto advirtió con un recrudecimiento de la violencia en Honduras.
“O se revierte el golpe o viene la violencia generalizada'', afirmó al oficialista Canal 4. “Los pueblos tienen derecho a la insurrección, tal es el caso de los hondureños que son reprimidos brutalmente''.
Una persona resultó herida el viernes cuando la policía desalojó con gases lacrimógenos a manifestantes que bloqueaban la carretera Panamericana en Santa Rosa de Copán, a unos 300 kilómetros al oeste de la capital. Hay un número no determinado de detenidos.
Un enfrentamiento entre seguidores de Zelaya y la policía dejó el jueves 26 lesionados y 88 detenidos. El gobernante fue depuesto por un golpe militar el 28 de junio y el congreso designó a Micheletti.
Micheletti advirtió el jueves que “si en un momento determinado (Zelaya) se sale de esa montaña (de Nicaragua, donde anunció que se prepara para reasumir el poder) donde hace de guerrillero, y no sigue pensando en la presidencia, buscaría una tercería para que no haya más problemas porque quiero paz y tranquilidad en mi país''.
La tercería sería el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera.
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