Internacional
Menores vinculados a crimen organizado son 'víctimas': CIDH
Para la comisión, los estados deben partir de la premisa que estos menores provienen de situaciones de privación de derechos y vulnerabilidad
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (06/ABR/2016).- Los países americanos, y en especial sus órganos represivos, deben considerar como "víctimas" a los menores de edad vinculados con organizaciones criminales o grupos violentos, sugirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (
CIDH) en un informe divulgado este miércoles.
De acuerdo con el documento "Violencia, niñez y crimen organizado", la CIDH exhortó a sus países miembros a "considerar a los niños, niñas y adolescentes principalmente como víctimas de los grupos delictivos, quienes son utilizados y explotados para sus objetivos criminales".
Para la CIDH, los Estados deben partir de la premisa que "los niños y adolescentes que se integran en estructuras delictivas provienen de situaciones de privación de derechos y vulnerabilidad".
Esos menores de edad, señaló la entidad, "representan uno de los grupos más afectados por diversas formas de violencia y vulneraciones a sus derechos, así como por el actuar del crimen organizado y por las políticas de seguridad ciudadana de carácter represivas".
El informe de 245 páginas constata con "profunda preocupación" que menores de edad expuestos a este contexto "sufren situaciones de violencia, abuso y negligencia en sus hogares, comunidades y escuela, por parte de adultos, de sus pares e incluso de la policía".
Según la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos ( OEA), esos niños, niñas y adolescentes "son utilizados y explotados por los adultos para una amplia gama de acciones dentro de estructuras criminales que funcionan con amenazas y violencia".
De acuerdo con el extenso documento, en general los adolescentes (y en particular los varones, pobres y negros) son percibidos "como victimarios y como responsables por el clima de inseguridad", una percepción que deja a esos grupos expuestos a la acción represiva de los órganos del Estado.
En materia de seguridad ciudadana priman "políticas fuertemente centradas en los aspectos de carácter coercitivo por las fuerzas de seguridad y represión punitiva", en un marco generalizado de "progresiva militarización" de esas iniciativas de seguridad en centros urbanos, según el documento.
De acuerdo con el documento "Violencia, niñez y crimen organizado", la CIDH exhortó a sus países miembros a "considerar a los niños, niñas y adolescentes principalmente como víctimas de los grupos delictivos, quienes son utilizados y explotados para sus objetivos criminales".
Para la CIDH, los Estados deben partir de la premisa que "los niños y adolescentes que se integran en estructuras delictivas provienen de situaciones de privación de derechos y vulnerabilidad".
Esos menores de edad, señaló la entidad, "representan uno de los grupos más afectados por diversas formas de violencia y vulneraciones a sus derechos, así como por el actuar del crimen organizado y por las políticas de seguridad ciudadana de carácter represivas".
El informe de 245 páginas constata con "profunda preocupación" que menores de edad expuestos a este contexto "sufren situaciones de violencia, abuso y negligencia en sus hogares, comunidades y escuela, por parte de adultos, de sus pares e incluso de la policía".
Según la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos ( OEA), esos niños, niñas y adolescentes "son utilizados y explotados por los adultos para una amplia gama de acciones dentro de estructuras criminales que funcionan con amenazas y violencia".
De acuerdo con el extenso documento, en general los adolescentes (y en particular los varones, pobres y negros) son percibidos "como victimarios y como responsables por el clima de inseguridad", una percepción que deja a esos grupos expuestos a la acción represiva de los órganos del Estado.
En materia de seguridad ciudadana priman "políticas fuertemente centradas en los aspectos de carácter coercitivo por las fuerzas de seguridad y represión punitiva", en un marco generalizado de "progresiva militarización" de esas iniciativas de seguridad en centros urbanos, según el documento.
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