Internacional
Menem es condenado a más de cuatro años de prisión
El ex presidente argentino es acusado de organizar pago de sobresueldos ilegales
BUENOS AIRES, ARGENTINA (01/DIC/2015).- La justicia argentina condenó al ex presidente
Carlos Menem (1989-1999) a cuatro años y seis meses de prisión, por organizar el pago de sobresueldos ilegales por alrededor de 500 millones de dólares durante su mandato.
Esta es la segunda condena que recibe el ex mandatario de 85 años de edad, ya que en 2013 la justicia dictó una pena de siete años de cárcel efectiva en su contra por el millonario contrabando de armas a Croacia y Ecuador que realizó a mediados de la década de 1990.
Menem permanece libre gracias a que impugnó el fallo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no resuelve su caso, pero difícilmente iría a prisión porque debido a su avanzada edad tiene el privilegio de cumplir la pena en su casa.
Los problemas judiciales, sin embargo, se le acumulan, ya que está en marcha otro juicio en el que se le acusa de encubrimiento del ataque terrorista más grave de la historia argentina, ocurrido en 1994 en un centro comunitario judío.
Este martes, el tribunal también condenó a los exministros de Economía, Domingo Cavallo, y de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, a más de tres años de prisión por considerarlos "partícipes necesarios" del sistema clandestino de pago de sobresueldos.
La pena contra Menem fue mayor porque los jueces lo consideraron "autor penalmente responsable" de uno de los escándalos más importantes de corrupción durante su gobierno.
Cuando inició el proceso, el juez Jorge Ballesteros denunció que "durante el período el cual el nombrado ejerció la presidencia funcionó en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional un sistema de distribución de dinero".
Los recursos, dijo, se repartieron "entre los funcionarios a cargo de los distintos ministerios y secretarías de Estado, cuya ejecución se efectuaba en un primer momento en las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia y luego en la Jefatura de Gabinete".
La exministra de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, confirmó las sospechas de pagos ilegales existentes durante el gobierno de Menem cuando se le juzgó por enriquecimiento ilícito y justificó su incremento patrimonial en los polémicos sobresueldos.
Esta es la segunda condena que recibe el ex mandatario de 85 años de edad, ya que en 2013 la justicia dictó una pena de siete años de cárcel efectiva en su contra por el millonario contrabando de armas a Croacia y Ecuador que realizó a mediados de la década de 1990.
Menem permanece libre gracias a que impugnó el fallo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no resuelve su caso, pero difícilmente iría a prisión porque debido a su avanzada edad tiene el privilegio de cumplir la pena en su casa.
Los problemas judiciales, sin embargo, se le acumulan, ya que está en marcha otro juicio en el que se le acusa de encubrimiento del ataque terrorista más grave de la historia argentina, ocurrido en 1994 en un centro comunitario judío.
Este martes, el tribunal también condenó a los exministros de Economía, Domingo Cavallo, y de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, a más de tres años de prisión por considerarlos "partícipes necesarios" del sistema clandestino de pago de sobresueldos.
La pena contra Menem fue mayor porque los jueces lo consideraron "autor penalmente responsable" de uno de los escándalos más importantes de corrupción durante su gobierno.
Cuando inició el proceso, el juez Jorge Ballesteros denunció que "durante el período el cual el nombrado ejerció la presidencia funcionó en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional un sistema de distribución de dinero".
Los recursos, dijo, se repartieron "entre los funcionarios a cargo de los distintos ministerios y secretarías de Estado, cuya ejecución se efectuaba en un primer momento en las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia y luego en la Jefatura de Gabinete".
La exministra de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, confirmó las sospechas de pagos ilegales existentes durante el gobierno de Menem cuando se le juzgó por enriquecimiento ilícito y justificó su incremento patrimonial en los polémicos sobresueldos.
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