Internacional
Magistrado retira investigación sobre Lula a juez del caso Petrobras
El Supremo Tribunal ordena que la causa contra el ex mandatario retorne a la máxima corte
BRASILIA, BRASIL (22/MAR/2016).- Un magistrado del Supremo Tribunal Federal
de Brasil retiró la investigación que pesa sobre el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva al juez Sergio Moro, quien conduce el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, y ordenó que la misma retorne a la máxima corte.
El magistrado Teori Zavascki, relator del caso Petrobras en el supremo, aceptó también una solicitud presentada por el Gobierno que apuntó irregularidad en la divulgación de las escuchas telefónicas de conversaciones entre Lula y su sucesora y ahijada política, Dilma Rousseff.
No obstante, la decisión de Zavascki no deroga la determinación de su colega del supremo Gilmar Mendes que el último viernes suspendió el nombramiento de Lula como ministro de Presidencia, un cargo que le concedería fuero privilegiado.
El ex mandatario tiene varias causas abiertas en su contra y la Fiscalía de Sao Paulo pidió su prisión preventiva tras acusarlo formalmente de delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos.
Zavascki otorgó, igualmente, un plazo de diez días para que Moro presente ante el supremo un informe del caso y explique por qué autorizó la divulgación de las escuchas telefónicas de Lula y que involucraron a la presidenta Rousseff.
En su decisión, el magistrado apuntó que la ley prohíbe "expresamente la divulgación de cualquier conversación interceptada" y determina la "inutilización de las grabaciones que no interesen a la investigación criminal".
"No hay cómo concebir, por lo tanto, la divulgación pública de las conversaciones del modo cómo se operó", agregó la justificación de Zavascki.
Horas antes, otra magistrada del supremo había rechazado un recurso presentado por Lula en el que solicitaba la validación de su nombramiento como ministro, con lo que el político deberá esperar por la decisión del pleno de esta corte, que después del receso por la Semana Santa deberá volverse a reunir el 30 de marzo.
Lula había solicitado que el Supremo anulara la decisión cautelar de Mendes.
La magistrada Rosa Weber alegó que el caso es "delicado" y "complejo" y había determinado que el asunto fuera retomado por Moro, mientras que el también magistrado del supremo Luiz Fux negó igualmente hoy otro pedido del Gobierno para que anulara la decisión de Mendes.
Rousseff le dio a Lula el Ministerio de la Presidencia, la cartera más importante de su Gobierno, el pasado miércoles, aunque al día siguiente el nombramiento quedó en suspenso por una cascada de demandas ante los tribunales.
Mendes argumentó que esa decisión de Rousseff se realizó "claramente" con el propósito de "impedir" un posible arresto de Lula por las causas por las que está siendo investigado.
La Fiscalía acusó a Lula formalmente de los delitos de lavado de dinero y falsificación por supuestamente haber ocultado que es dueño de un apartamento de lujo en un edificio de una constructora implicada en las corruptelas del caso Petrobras.
Con el retorno del caso al supremo, Lula escapa de Moro, el juez responsable de haber aplicado 93 condenas en los últimos dos años a implicados en el caso Petrobras y quien también ordenó que el exgobernante fuera conducido por policías para ser interrogado en una comisaría de Sao Paulo el pasado 4 de marzo.
El magistrado Teori Zavascki, relator del caso Petrobras en el supremo, aceptó también una solicitud presentada por el Gobierno que apuntó irregularidad en la divulgación de las escuchas telefónicas de conversaciones entre Lula y su sucesora y ahijada política, Dilma Rousseff.
No obstante, la decisión de Zavascki no deroga la determinación de su colega del supremo Gilmar Mendes que el último viernes suspendió el nombramiento de Lula como ministro de Presidencia, un cargo que le concedería fuero privilegiado.
El ex mandatario tiene varias causas abiertas en su contra y la Fiscalía de Sao Paulo pidió su prisión preventiva tras acusarlo formalmente de delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos.
Zavascki otorgó, igualmente, un plazo de diez días para que Moro presente ante el supremo un informe del caso y explique por qué autorizó la divulgación de las escuchas telefónicas de Lula y que involucraron a la presidenta Rousseff.
En su decisión, el magistrado apuntó que la ley prohíbe "expresamente la divulgación de cualquier conversación interceptada" y determina la "inutilización de las grabaciones que no interesen a la investigación criminal".
"No hay cómo concebir, por lo tanto, la divulgación pública de las conversaciones del modo cómo se operó", agregó la justificación de Zavascki.
Horas antes, otra magistrada del supremo había rechazado un recurso presentado por Lula en el que solicitaba la validación de su nombramiento como ministro, con lo que el político deberá esperar por la decisión del pleno de esta corte, que después del receso por la Semana Santa deberá volverse a reunir el 30 de marzo.
Lula había solicitado que el Supremo anulara la decisión cautelar de Mendes.
La magistrada Rosa Weber alegó que el caso es "delicado" y "complejo" y había determinado que el asunto fuera retomado por Moro, mientras que el también magistrado del supremo Luiz Fux negó igualmente hoy otro pedido del Gobierno para que anulara la decisión de Mendes.
Rousseff le dio a Lula el Ministerio de la Presidencia, la cartera más importante de su Gobierno, el pasado miércoles, aunque al día siguiente el nombramiento quedó en suspenso por una cascada de demandas ante los tribunales.
Mendes argumentó que esa decisión de Rousseff se realizó "claramente" con el propósito de "impedir" un posible arresto de Lula por las causas por las que está siendo investigado.
La Fiscalía acusó a Lula formalmente de los delitos de lavado de dinero y falsificación por supuestamente haber ocultado que es dueño de un apartamento de lujo en un edificio de una constructora implicada en las corruptelas del caso Petrobras.
Con el retorno del caso al supremo, Lula escapa de Moro, el juez responsable de haber aplicado 93 condenas en los últimos dos años a implicados en el caso Petrobras y quien también ordenó que el exgobernante fuera conducido por policías para ser interrogado en una comisaría de Sao Paulo el pasado 4 de marzo.
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