Internacional
Los claroscuros de la justicia chilena a 40 años del golpe
El golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende, sucedió hace 40 años
SANTIAGO DE CHILE (09/SEP/2013).- A 40 años del
golpe militar que derrocó al gobierno de
Salvador Allende, Chile avanza en los juicios a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad bajo la dictadura como pocos países en Latinoamérica.
Los tribunales tramitan hoy mil 250 procesos, por los cuales han sido juzgados 911 exagentes, de los que 263 han recibido sentencia condenatoria definitiva y el resto espera aún el resultado del juicio.
Además de Argentina, Chile es el único país de Latinoamérica que mantiene en prisión a los jefes de los organismos represivos bajo la dictadura de Augusto Pinochet: la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que existió hasta fines de 1977, y la Central Nacional de Informaciones (CNI), que la sucedió hasta 1990.
Tanto el general Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA, como el general Hugo Salas Wenzel, último jefe de la CNI, están condenados a presidio perpetuo. También el mayor del Ejército Alvaro Corbalán Castilla, que fue jefe de la CNI en Santiago, cumple cadena perpetua.
Pero a pesar de ello, las organizaciones de derechos humanos se muestran críticas con la actuación del Poder Judicial en estos casos.
Una de las principales críticas es la cantidad de agentes que han recibido bajas penas, que de acuerdo con la legislación procesal penal chilena pueden cumplir en libertad vigilada.
En este contexto, de los 263 condenados con sentencias definitivas, sólo 66 las cumplen con cárcel efectiva, lo que pone de manifiesto que 197 agentes han sido beneficiados con penas menores, que cumplen en libertad.
Familiares de las víctimas denuncian que a menudo se cruzan en plena calle con quienes asesinaron e hicieron desaparecer a sus seres queridos.
Por otra parte, de los 66 agentes que cumplen pena efectiva, al menos 15 reciben beneficios penitenciarios, desde la salida dominical o de fin de semana hasta la salida diaria con retorno a prisión sólo para pernoctar.
Las organizaciones de derechos humanos también critican la lentitud de los procesos, algunos de los cuales se mantienen abiertos desde hace 15 o 20 años.
Esto trae como consecuencia el fallecimiento de enjuiciados sin cumplir pena alguna, lo que acrecienta el sentimiento de impunidad entre los familiares.
Actualmente, sólo treinta jueces se dedican exclusivamente a este tipo de juicios y varios de ellos deben abordar hasta medio centenar de causas a la vez.
Otra queja está relacionada con las cárceles especiales para militares que cometieron delitos de lesa humanidad.
En algunas, como el Penal Cordillera, en las afueras de Santiago de Chile, los condenados habitan en cabañas individuales y cuentan con comodidades de las que no goza el resto de los presos.
Lo mismo ocurre en el penal de Punta Peuco, a 35 kilómetros al norte de Santiago, construido especialmente para que allí cumplieran sus condenas en 1995 Manuel Contreras y su segundo al mando de la DINA, el brigadier Pedro Espinoza.
Ambos fueron sentenciados a ocho y siete años de cárcel respectivamente, por el crimen del excanciller de Salvador Allende, Orlando Letelier y de su asistente la estadounidense Ronnie Moffit, cometido en Washington en 1976.
Punta Peuco alberga actualmente a varias decenas de agentes condenados.
En Chile aún está vigente una Ley de Amnistía decretada por la dictadura el 18 de abril de 1978, que expresamente exculpa a quienes cometieron delitos entre el 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe de Estado, y el 10 de marzo de 1978.
Y a pesar de que desde mediados de los años 90 los tribunales no la aplican, el Parlamento chileno y sus partidos no la han anulado debido a la oposición de la derecha.
Poco después del golpe, el Poder Judicial chileno, a través de la Corte Suprema, reconoció al gobierno de facto, y su presidente en aquel tiempo, Enrique Urrutia Manzano, proclamó que Chile vivía "un Estado de derecho" y se reunió con el dictador Pinochet para expresarle el apoyo institucional.
Israel Bórquez Montero, sucesor de Urrutia al frente del alto tribunal, pronunció unos años después una frase que pasó a la historia: "Me tienen 'curco' (cansado) con los detenidos desaparecidos".
Más de 10 mil recursos de amparo (hábeas corpus) interpuestos por los familiares de los detenidos fueron denegados por la justicia chilena desde los primeros días de la insurrección castrense.
Sólo un recurso de amparo fue acogido, presentado en noviembre de 1976 a favor de Carlos Contreras Maluje, un regidor comunista que, para evitar su arresto, se lanzó bajo las ruedas de un autobús en el centro de Santiago.
A pesar de que estaba malherido, fue detenido mientras gritaba su nombre a los transeúntes. Ello hizo posible el recurso judicial, que no sirvió de nada porque el gobierno militar negó toda colaboración. Contreras Maluje es hasta hoy un detenido desaparecido.
Tras 40 años, el pasado 6 de septiembre, la Corte Suprema de Chile admitió que los tribunales negaron la justicia a los perseguidos, lo que hizo posible la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición de personas.
Según datos oficiales, unos tres mil 200 chilenos fueron asesinados por agentes del Estado durante la dictadura, de los que unos mil 192 están aún desaparecidos, y otros 33 mil sufrieron tortura y cárcel.
Los tribunales tramitan hoy mil 250 procesos, por los cuales han sido juzgados 911 exagentes, de los que 263 han recibido sentencia condenatoria definitiva y el resto espera aún el resultado del juicio.
Además de Argentina, Chile es el único país de Latinoamérica que mantiene en prisión a los jefes de los organismos represivos bajo la dictadura de Augusto Pinochet: la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que existió hasta fines de 1977, y la Central Nacional de Informaciones (CNI), que la sucedió hasta 1990.
Tanto el general Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA, como el general Hugo Salas Wenzel, último jefe de la CNI, están condenados a presidio perpetuo. También el mayor del Ejército Alvaro Corbalán Castilla, que fue jefe de la CNI en Santiago, cumple cadena perpetua.
Pero a pesar de ello, las organizaciones de derechos humanos se muestran críticas con la actuación del Poder Judicial en estos casos.
Una de las principales críticas es la cantidad de agentes que han recibido bajas penas, que de acuerdo con la legislación procesal penal chilena pueden cumplir en libertad vigilada.
En este contexto, de los 263 condenados con sentencias definitivas, sólo 66 las cumplen con cárcel efectiva, lo que pone de manifiesto que 197 agentes han sido beneficiados con penas menores, que cumplen en libertad.
Familiares de las víctimas denuncian que a menudo se cruzan en plena calle con quienes asesinaron e hicieron desaparecer a sus seres queridos.
Por otra parte, de los 66 agentes que cumplen pena efectiva, al menos 15 reciben beneficios penitenciarios, desde la salida dominical o de fin de semana hasta la salida diaria con retorno a prisión sólo para pernoctar.
Las organizaciones de derechos humanos también critican la lentitud de los procesos, algunos de los cuales se mantienen abiertos desde hace 15 o 20 años.
Esto trae como consecuencia el fallecimiento de enjuiciados sin cumplir pena alguna, lo que acrecienta el sentimiento de impunidad entre los familiares.
Actualmente, sólo treinta jueces se dedican exclusivamente a este tipo de juicios y varios de ellos deben abordar hasta medio centenar de causas a la vez.
Otra queja está relacionada con las cárceles especiales para militares que cometieron delitos de lesa humanidad.
En algunas, como el Penal Cordillera, en las afueras de Santiago de Chile, los condenados habitan en cabañas individuales y cuentan con comodidades de las que no goza el resto de los presos.
Lo mismo ocurre en el penal de Punta Peuco, a 35 kilómetros al norte de Santiago, construido especialmente para que allí cumplieran sus condenas en 1995 Manuel Contreras y su segundo al mando de la DINA, el brigadier Pedro Espinoza.
Ambos fueron sentenciados a ocho y siete años de cárcel respectivamente, por el crimen del excanciller de Salvador Allende, Orlando Letelier y de su asistente la estadounidense Ronnie Moffit, cometido en Washington en 1976.
Punta Peuco alberga actualmente a varias decenas de agentes condenados.
En Chile aún está vigente una Ley de Amnistía decretada por la dictadura el 18 de abril de 1978, que expresamente exculpa a quienes cometieron delitos entre el 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe de Estado, y el 10 de marzo de 1978.
Y a pesar de que desde mediados de los años 90 los tribunales no la aplican, el Parlamento chileno y sus partidos no la han anulado debido a la oposición de la derecha.
Poco después del golpe, el Poder Judicial chileno, a través de la Corte Suprema, reconoció al gobierno de facto, y su presidente en aquel tiempo, Enrique Urrutia Manzano, proclamó que Chile vivía "un Estado de derecho" y se reunió con el dictador Pinochet para expresarle el apoyo institucional.
Israel Bórquez Montero, sucesor de Urrutia al frente del alto tribunal, pronunció unos años después una frase que pasó a la historia: "Me tienen 'curco' (cansado) con los detenidos desaparecidos".
Más de 10 mil recursos de amparo (hábeas corpus) interpuestos por los familiares de los detenidos fueron denegados por la justicia chilena desde los primeros días de la insurrección castrense.
Sólo un recurso de amparo fue acogido, presentado en noviembre de 1976 a favor de Carlos Contreras Maluje, un regidor comunista que, para evitar su arresto, se lanzó bajo las ruedas de un autobús en el centro de Santiago.
A pesar de que estaba malherido, fue detenido mientras gritaba su nombre a los transeúntes. Ello hizo posible el recurso judicial, que no sirvió de nada porque el gobierno militar negó toda colaboración. Contreras Maluje es hasta hoy un detenido desaparecido.
Tras 40 años, el pasado 6 de septiembre, la Corte Suprema de Chile admitió que los tribunales negaron la justicia a los perseguidos, lo que hizo posible la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición de personas.
Según datos oficiales, unos tres mil 200 chilenos fueron asesinados por agentes del Estado durante la dictadura, de los que unos mil 192 están aún desaparecidos, y otros 33 mil sufrieron tortura y cárcel.
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