Internacional
La UE critica acciones sistemáticas de Rumania contra democracia
La comisión estima que su vecino, Bulgaria, debe aun realizar esfuerzos en materia de lucha contra la corrupción y la independencia de los jueces
BRUSELAS, BÉLGICA (18/JUL/2012).- La Comisión Europea criticó con dureza el miércoles las "acciones sistemáticas" del gobierno rumano contra el Estado de derecho y lo conminó a cesarlas rápidamente, en un informe que Bucarest denunció como un rebasamiento de las atribuciones de la Unión Europea (UE).
El informe señala algunos progresos desde hace cinco años pero denuncia sobre todo "el carácter sistemático de varias acciones" recientes que dañan el Estado de derecho y la independencia de la justicia en Rumania.
La comisión estima al mismo tiempo que su vecino, Bulgaria, debe aun realizar esfuerzos en materia de lucha contra la corrupción y la independencia de los jueces. Una constatación que, aunque sin un vínculo oficial, amenaza con retrasar una vez más la perspectiva de adhesión de estos dos ex países comunistas al espacio Schengen, cinco años después de su ingreso en la UE.
Bruselas señala que la mayoría de centro izquierda en el poder en Bucarest no dudó, para destituir al presidente de centro derecha Traian Basescu, en cuestionar las decisiones judiciales, dañar a la Corte Constitucional, evitar los procedimientos establecidos, y que llegaron incluso a "suprimir todo contrapoder democrático clave".
Tantas desviaciones que no pueden explicarse únicamente por la "polarización" excesiva de la vida política rumana y que echan, según Bruselas, dudas sobre la "comprensión" misma del gobierno de "lo que significa un Estado de derecho en un sistema democrático pluralista".
Según la comisión, Rumania "necesita restaurar el respeto del Estado de derecho", como se comprometió su primer ministro Victor Ponta.
Ponta terminó de entregar el martes una serie de compromisos escritos que "si se implementan como fue anunciado" satisfarán el conjunto de las demandas que le había presentado la semana pasada la UE cuando fue invitado por Bruselas a explicarse ante los responsable comunitarios.
Según una fuente europea Ponta prometió que haría adoptar por el Parlamento una legislación que respete "precisamente y enteramente" las demandas de la Corte Constitucional, y que abrogue las cuestionadas ordenanzas urgentes que limitan los poderes de esta Corte.
La "aplicación efectiva y rápida (de estos compromisos) será crucial", estimó la comisión. Un nuevo informe está previsto para fin de año que dirá "si las inquietudes sobre el Estado de derecho y la independencia del Poder Judicial fueron tratadas y si los controles democráticos fueron restablecidos".
El lunes, el presidente interino Crin Antonescu se plegó a regañadientes a las directivas de la Corte Constitucional y de la Comisión al promulgar una ley instaurando un piso mínimo de participación de más de 50% para que el referendo organizado a fin de este mes sobre la destitución del presidente Traian Basescu sea válido.
Poco antes del inicio de una sesión del Parlamento rumano en la que deben validar la ley, Ponta aseguró el miércoles en Bucarest que el texto sería "aplicado en el referendo del 29 de julio".
El informe señala algunos progresos desde hace cinco años pero denuncia sobre todo "el carácter sistemático de varias acciones" recientes que dañan el Estado de derecho y la independencia de la justicia en Rumania.
La comisión estima al mismo tiempo que su vecino, Bulgaria, debe aun realizar esfuerzos en materia de lucha contra la corrupción y la independencia de los jueces. Una constatación que, aunque sin un vínculo oficial, amenaza con retrasar una vez más la perspectiva de adhesión de estos dos ex países comunistas al espacio Schengen, cinco años después de su ingreso en la UE.
Bruselas señala que la mayoría de centro izquierda en el poder en Bucarest no dudó, para destituir al presidente de centro derecha Traian Basescu, en cuestionar las decisiones judiciales, dañar a la Corte Constitucional, evitar los procedimientos establecidos, y que llegaron incluso a "suprimir todo contrapoder democrático clave".
Tantas desviaciones que no pueden explicarse únicamente por la "polarización" excesiva de la vida política rumana y que echan, según Bruselas, dudas sobre la "comprensión" misma del gobierno de "lo que significa un Estado de derecho en un sistema democrático pluralista".
Según la comisión, Rumania "necesita restaurar el respeto del Estado de derecho", como se comprometió su primer ministro Victor Ponta.
Ponta terminó de entregar el martes una serie de compromisos escritos que "si se implementan como fue anunciado" satisfarán el conjunto de las demandas que le había presentado la semana pasada la UE cuando fue invitado por Bruselas a explicarse ante los responsable comunitarios.
Según una fuente europea Ponta prometió que haría adoptar por el Parlamento una legislación que respete "precisamente y enteramente" las demandas de la Corte Constitucional, y que abrogue las cuestionadas ordenanzas urgentes que limitan los poderes de esta Corte.
La "aplicación efectiva y rápida (de estos compromisos) será crucial", estimó la comisión. Un nuevo informe está previsto para fin de año que dirá "si las inquietudes sobre el Estado de derecho y la independencia del Poder Judicial fueron tratadas y si los controles democráticos fueron restablecidos".
El lunes, el presidente interino Crin Antonescu se plegó a regañadientes a las directivas de la Corte Constitucional y de la Comisión al promulgar una ley instaurando un piso mínimo de participación de más de 50% para que el referendo organizado a fin de este mes sobre la destitución del presidente Traian Basescu sea válido.
Poco antes del inicio de una sesión del Parlamento rumano en la que deben validar la ley, Ponta aseguró el miércoles en Bucarest que el texto sería "aplicado en el referendo del 29 de julio".
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