Internacional
La Justicia filipina permite a Arroyo cumplir su arresto en el hospital
Se recupera de una operación de la columna vertebral, sin necesidad de que la trasladen por el momento a ninguna dependencia policial
MANILA, FILIPINAS (20/NOV/2011).- La Justicia
filipina aprobó hoy mantener el arresto de la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo dentro de la clínica en la que permanece bajo custodia policial desde que el viernes fue acusada de fraude electoral, según fuentes judiciales.
El juez Jesús Mupas, del tribunal regional del distrito de Pasay, en Manila, permitió que Arroyo cumpla temporalmente su detención en la clínica de Saint Luke, en la que se recupera de una operación de la columna vertebral, sin necesidad de que la trasladen por el momento a ninguna dependencia policial, declaró el portavoz del tribunal, Joel Pelicano.
Uno de los abogados de Arroyo, Jose Flaminiano, había presentado una moción solicitando su permanencia en el exclusivo hospital por "razones humanitarias".
Los abogados de Arroyo también han recurrido la acusación formulada el viernes por la Comisión Electoral y las investigaciones previas coordinadas con el Departamento de Justicia porque consideran que el comité que las dirigió es anticonstitucional.
El equipo de la exmandataria tiene sus esperanzas puestas en el Tribunal Supremo, donde Arroyo aún cuenta con aliados, lo ocho magistrados que nombró antes de acabar su mandato, el 30 de junio de 2010.
El Supremo ya declaró en 2010 inconstitucional la iniciativa de la Comisión de la Verdad, creada por el Gobierno para acelerar los procedimientos contra Arroyo y su gabinete, y hace una semana autorizó que Arroyo viajase al extranjero contra el criterio del Ejecutivo.
Los letrados de la expresidenta también han presentado un recurso arguyendo que debería ser la corte anticorrupción la que se ocupe de un asunto de fraude electoral, y no un tribunal ordinario, según dijo hoy Raul Lambino, uno de sus abogados.
Lambino aseguró que la salud de la expresidenta, que se había resentido con los últimos acontecimientos, ha mejorado "relativamente" y recalcó que ayer comió toda la cena y fue capaz de salir de su habitación.
La Comisión Electoral acusó formalmente a Arroyo de fraude en las elecciones legislativas de 2007 el viernes pasado y con estos cargos se emitió la orden de detención el mismo día.
La exjefa del Estado tiene abiertos en su contra otros seis procesos judiciales, uno de ellos por el contrato que firmó en 2007 con la empresa de comunicaciones china ZTE para la construcción de una red nacional de internet de alta velocidad, que presuntamente estaba sobrevalorado en 200 millones de dólares (148 millones de euros), de los 329 millones del presupuesto total.
Asimismo, está acusada de fraude fiscal en la venta de los terrenos de un antiguo aeropuerto a una empresa privada y de financiar las campañas electorales en 2004 y 2007 con fondos públicos.
Su marido, el empresario Jose Miguel Arroyo, también es investigado en varios casos, como en la venta que hizo a la Policía de unos helicópteros de segunda mano que cobró como si fuesen nuevos.
Hasta el momento, ninguna de las imputaciones contra la expresidenta y su esposo han sido probadas en un tribunal de justicia.
El juez Jesús Mupas, del tribunal regional del distrito de Pasay, en Manila, permitió que Arroyo cumpla temporalmente su detención en la clínica de Saint Luke, en la que se recupera de una operación de la columna vertebral, sin necesidad de que la trasladen por el momento a ninguna dependencia policial, declaró el portavoz del tribunal, Joel Pelicano.
Uno de los abogados de Arroyo, Jose Flaminiano, había presentado una moción solicitando su permanencia en el exclusivo hospital por "razones humanitarias".
Los abogados de Arroyo también han recurrido la acusación formulada el viernes por la Comisión Electoral y las investigaciones previas coordinadas con el Departamento de Justicia porque consideran que el comité que las dirigió es anticonstitucional.
El equipo de la exmandataria tiene sus esperanzas puestas en el Tribunal Supremo, donde Arroyo aún cuenta con aliados, lo ocho magistrados que nombró antes de acabar su mandato, el 30 de junio de 2010.
El Supremo ya declaró en 2010 inconstitucional la iniciativa de la Comisión de la Verdad, creada por el Gobierno para acelerar los procedimientos contra Arroyo y su gabinete, y hace una semana autorizó que Arroyo viajase al extranjero contra el criterio del Ejecutivo.
Los letrados de la expresidenta también han presentado un recurso arguyendo que debería ser la corte anticorrupción la que se ocupe de un asunto de fraude electoral, y no un tribunal ordinario, según dijo hoy Raul Lambino, uno de sus abogados.
Lambino aseguró que la salud de la expresidenta, que se había resentido con los últimos acontecimientos, ha mejorado "relativamente" y recalcó que ayer comió toda la cena y fue capaz de salir de su habitación.
La Comisión Electoral acusó formalmente a Arroyo de fraude en las elecciones legislativas de 2007 el viernes pasado y con estos cargos se emitió la orden de detención el mismo día.
La exjefa del Estado tiene abiertos en su contra otros seis procesos judiciales, uno de ellos por el contrato que firmó en 2007 con la empresa de comunicaciones china ZTE para la construcción de una red nacional de internet de alta velocidad, que presuntamente estaba sobrevalorado en 200 millones de dólares (148 millones de euros), de los 329 millones del presupuesto total.
Asimismo, está acusada de fraude fiscal en la venta de los terrenos de un antiguo aeropuerto a una empresa privada y de financiar las campañas electorales en 2004 y 2007 con fondos públicos.
Su marido, el empresario Jose Miguel Arroyo, también es investigado en varios casos, como en la venta que hizo a la Policía de unos helicópteros de segunda mano que cobró como si fuesen nuevos.
Hasta el momento, ninguna de las imputaciones contra la expresidenta y su esposo han sido probadas en un tribunal de justicia.
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