Internacional
Justicia electoral de Brasil investigará campaña de Dilma Rousseff
Opositores del gobierno acusan que varias empresas relacionadas con el fraude de Petrobras financiaron esta campaña
BRASILIA, BRASIL (06/OCT/2015).- La justicia electoral de Brasil aprobó este martes reabrir una investigación sobre la campaña presidencial de
Dilma Rousseff por el presunto uso de fondos desviados del fraude a
Petrobras, una decisión que tiene el potencial para anular su mandato.
La demanda es una de las cinco presentadas por el opositor partido socialdemócrata (PSDB, centro) derrotado en los comicios de octubre del 2014 por apenas tres puntos porcentuales, que afirma que la fórmula Rousseff (Partido de los Trabajadores, izquierda) y Michel Temer (PMDB, centro) financió su carrera al Palacio de Planalto con donaciones de empresas involucradas en un gigantesco esquema de corrupción en la estatal Petrobras.
Por cinco votos contra dos, los ministros revirtieron este martes una decisión de la magistrada Maria Thereza de Assis Moura, que en febrero había pedido el archivo de la demanda por considerar que las pruebas eran "frágiles".
El PSDB acusa a las agrupaciones de Rousseff y de Michel Temer de "abuso de poder económico y fraude, con la realización de gastos de campaña y valor que sobrepasó el límite informado y financiación de campaña mediante donaciones oficiales de empresas contratadas por Petrobras como parte de la distribución de sobornos".
El partido, que llevó como candidato al actual senador Aecio Neves, plantea además que hubo "manipulación en la divulgación de indicadores socioeconómicos -un abuso acumulado con la perpetración de fraude-, uso indebido de predios y equipamiento público para realizar actos propios de campaña, y publicidad institucional en época de veda".
Es la primera vez que la justicia electoral abre una investigación de este tipo contra un presidente en funciones, dijeron fuentes del Tribunal Superior Electoral. El mecanismo, previsto en la Constitución, puede concluir con la anulación de su mandato y un nuevo llamado a elecciones.
Rousseff lidia con varios frentes que podrían justificar un juicio político e interrumpir prematuramente su mandato iniciado en enero.
Además de ser acusada de usar recursos públicos para su campaña, la mandataria es cuestionada por solventar programas sociales a través de entidades financieras públicas, lo que está prohibido por ley.
Sofocada por la recesión económica, con un Congreso fragmentado y un apoyo popular de apenas 10%, Rousseff lucha para restaurar la gobernabilidad y conseguir aprobar un paquete de ajuste fiscal que le permita reordenar las cuentas públicas.
La demanda es una de las cinco presentadas por el opositor partido socialdemócrata (PSDB, centro) derrotado en los comicios de octubre del 2014 por apenas tres puntos porcentuales, que afirma que la fórmula Rousseff (Partido de los Trabajadores, izquierda) y Michel Temer (PMDB, centro) financió su carrera al Palacio de Planalto con donaciones de empresas involucradas en un gigantesco esquema de corrupción en la estatal Petrobras.
Por cinco votos contra dos, los ministros revirtieron este martes una decisión de la magistrada Maria Thereza de Assis Moura, que en febrero había pedido el archivo de la demanda por considerar que las pruebas eran "frágiles".
El PSDB acusa a las agrupaciones de Rousseff y de Michel Temer de "abuso de poder económico y fraude, con la realización de gastos de campaña y valor que sobrepasó el límite informado y financiación de campaña mediante donaciones oficiales de empresas contratadas por Petrobras como parte de la distribución de sobornos".
El partido, que llevó como candidato al actual senador Aecio Neves, plantea además que hubo "manipulación en la divulgación de indicadores socioeconómicos -un abuso acumulado con la perpetración de fraude-, uso indebido de predios y equipamiento público para realizar actos propios de campaña, y publicidad institucional en época de veda".
Es la primera vez que la justicia electoral abre una investigación de este tipo contra un presidente en funciones, dijeron fuentes del Tribunal Superior Electoral. El mecanismo, previsto en la Constitución, puede concluir con la anulación de su mandato y un nuevo llamado a elecciones.
Rousseff lidia con varios frentes que podrían justificar un juicio político e interrumpir prematuramente su mandato iniciado en enero.
Además de ser acusada de usar recursos públicos para su campaña, la mandataria es cuestionada por solventar programas sociales a través de entidades financieras públicas, lo que está prohibido por ley.
Sofocada por la recesión económica, con un Congreso fragmentado y un apoyo popular de apenas 10%, Rousseff lucha para restaurar la gobernabilidad y conseguir aprobar un paquete de ajuste fiscal que le permita reordenar las cuentas públicas.
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