Internacional
Justicia chilena confirma suicidio de Salvador Allende
Un equipo multidisciplinario de peritos concluyó en julio de 2011 que la causa de muerte se debió a una lesión perforante de la cabeza por proyectil de arma de fuego de alta velocidad
SANTIAGO, CHILE (11/SEP/2012).- La confirmación judicial de que la muerte del presidente Salvador Allende fue un suicidio y algunos incidentes aislados marcaron hoy en Chile la conmemoración del 39 aniversario del golpe militar de Augusto Pinochet.
El Gobierno, el primero de tendencia conservadora que hay en el país desde 1990, no ha celebrado actos conmemorativos, como sí hacían los anteriores gobiernos de centroizquierda, y ha llamado a los ciudadanos a recordar esta fecha en paz.
Sin embargo, la jornada comenzó con algunos incidentes aislados.
En el distrito de San Bernardo, al sur de la capital, grupos de encapuchados levantaron una barricada e intentaron atacar una comisaría de Carabineros, hechos por los que fueron detenidas tres personas.
Además, algunos jóvenes encendieron barricadas y cortaron la avenida "11 de septiembre", en el distrito de Providencia. La policía desalojó un liceo cercano que había sido ocupado la víspera y detuvo a diez personas, nueve de ellas alumnos del centro.
La fecha fue recordada con homenajes a las víctimas de la dictadura pinochetista, como el realizado ante el monumento a Salvador Allende que se erige frente al Palacio de la Moneda con presencia de familiares del presidente derrocado y representantes de grupos de izquierda, incluido los partidos Comunista y Socialista.
"Mi abuelo fue un hombre coherente con sus ideales, luchó siempre por una sociedad más justa y creo que ese legado está más vigente que nunca", manifestó allí la socialista Maya Fernández Allende, nieta del presidente.
"Hoy en día son los movimientos sociales, los estudiantes, que han recogido la bandera de lucha para terminar con la desigualdad en nuestro país", dijo Fernández, que aspira a ocupar la alcaldía del municipio de Ñuñoa en las elecciones del 28 de octubre.
En coincidencia con el aniversario, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la decisión de cerrar la investigación judicial, tomada a fines de 2011 por el juez Mario Carroza, tras haber confirmado que Allende se quitó la vida durante el bombardeo de La Moneda, tal como señalaba la versión más aceptada hasta ahora.
La indagatoria se abrió tras la presentación en 2011, por parte de la Fiscalía, de 726 querellas por casos de violaciones a los derechos humanos que nunca antes habían sido investigados, e incluyó la exhumación de los restos del mandatario socialista.
Un equipo multidisciplinario de peritos concluyó en julio de 2011 que la causa de muerte se debió a una "lesión perforante de la cabeza por proyectil de arma de fuego de alta velocidad a contacto", lo que en medicina legal puede ser atribuible al suicidio.
"La familia se siente contenta de que el Poder Judicial haya podido reafirmar lo que de alguna forma sabíamos, pero esta vez científicamente", declaró la senadora Isabel Allende junto al monumento de su padre.
En el Congreso, en tanto, un diputado de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente, Ignacio Urrutia, tildó de "cobarde" a Allende.
"¿A los cobardes que se suicidaron ese día también le vamos a rendir homenaje? ¿Al cobarde que se suicidó ese día también?", espetó mientras se mantenía un minuto de silencio en memoria de los fallecidos el 11 de septiembre de 1973.
Para hoy está también prevista la celebración de "velatones" (encendido de velas) en diversos puntos emblemáticos como el Estadio Nacional, el edificio número 38 de la calle Londres o en Villa Grimaldi, todos antiguos centros de reclusión o tortura.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, señaló que "los pueblos que olvidan tienen el riesgo de volver a repetirlo" y pidió que los violadores de derechos humanos no mueran "en la impunidad".
Según las últimas cifras conocidas, 76 agentes de la dictadura han sido condenados por violaciones a los derechos humanos, de los que 67 están efectivamente en prisión, aunque estas son especiales y cuentan con muchas más comodidades que las cárceles comunes.
Entre 1973 y 1990, los años en que Pinochet estuvo al frente del país, unas 3 mil 200 personas fallecieron, de las que un millar siguen desaparecidas, y otras 38 mil fueron torturadas o sufrieron prisión política o tortura, según los registros oficiales.
El Gobierno, el primero de tendencia conservadora que hay en el país desde 1990, no ha celebrado actos conmemorativos, como sí hacían los anteriores gobiernos de centroizquierda, y ha llamado a los ciudadanos a recordar esta fecha en paz.
Sin embargo, la jornada comenzó con algunos incidentes aislados.
En el distrito de San Bernardo, al sur de la capital, grupos de encapuchados levantaron una barricada e intentaron atacar una comisaría de Carabineros, hechos por los que fueron detenidas tres personas.
Además, algunos jóvenes encendieron barricadas y cortaron la avenida "11 de septiembre", en el distrito de Providencia. La policía desalojó un liceo cercano que había sido ocupado la víspera y detuvo a diez personas, nueve de ellas alumnos del centro.
La fecha fue recordada con homenajes a las víctimas de la dictadura pinochetista, como el realizado ante el monumento a Salvador Allende que se erige frente al Palacio de la Moneda con presencia de familiares del presidente derrocado y representantes de grupos de izquierda, incluido los partidos Comunista y Socialista.
"Mi abuelo fue un hombre coherente con sus ideales, luchó siempre por una sociedad más justa y creo que ese legado está más vigente que nunca", manifestó allí la socialista Maya Fernández Allende, nieta del presidente.
"Hoy en día son los movimientos sociales, los estudiantes, que han recogido la bandera de lucha para terminar con la desigualdad en nuestro país", dijo Fernández, que aspira a ocupar la alcaldía del municipio de Ñuñoa en las elecciones del 28 de octubre.
En coincidencia con el aniversario, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la decisión de cerrar la investigación judicial, tomada a fines de 2011 por el juez Mario Carroza, tras haber confirmado que Allende se quitó la vida durante el bombardeo de La Moneda, tal como señalaba la versión más aceptada hasta ahora.
La indagatoria se abrió tras la presentación en 2011, por parte de la Fiscalía, de 726 querellas por casos de violaciones a los derechos humanos que nunca antes habían sido investigados, e incluyó la exhumación de los restos del mandatario socialista.
Un equipo multidisciplinario de peritos concluyó en julio de 2011 que la causa de muerte se debió a una "lesión perforante de la cabeza por proyectil de arma de fuego de alta velocidad a contacto", lo que en medicina legal puede ser atribuible al suicidio.
"La familia se siente contenta de que el Poder Judicial haya podido reafirmar lo que de alguna forma sabíamos, pero esta vez científicamente", declaró la senadora Isabel Allende junto al monumento de su padre.
En el Congreso, en tanto, un diputado de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente, Ignacio Urrutia, tildó de "cobarde" a Allende.
"¿A los cobardes que se suicidaron ese día también le vamos a rendir homenaje? ¿Al cobarde que se suicidó ese día también?", espetó mientras se mantenía un minuto de silencio en memoria de los fallecidos el 11 de septiembre de 1973.
Para hoy está también prevista la celebración de "velatones" (encendido de velas) en diversos puntos emblemáticos como el Estadio Nacional, el edificio número 38 de la calle Londres o en Villa Grimaldi, todos antiguos centros de reclusión o tortura.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, señaló que "los pueblos que olvidan tienen el riesgo de volver a repetirlo" y pidió que los violadores de derechos humanos no mueran "en la impunidad".
Según las últimas cifras conocidas, 76 agentes de la dictadura han sido condenados por violaciones a los derechos humanos, de los que 67 están efectivamente en prisión, aunque estas son especiales y cuentan con muchas más comodidades que las cárceles comunes.
Entre 1973 y 1990, los años en que Pinochet estuvo al frente del país, unas 3 mil 200 personas fallecieron, de las que un millar siguen desaparecidas, y otras 38 mil fueron torturadas o sufrieron prisión política o tortura, según los registros oficiales.
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