Internacional
Jueza aprueba acuerdo en demanda contra Joe Arpaio
La medida resuelve las acusaciones de que el policía se vengaba de sus detractores y discriminaba a latinos
ARIZONA, ESTADOS UNIDOS (03/SEP/2015).- Una jueza aprobó
un acuerdo propuesto desde hace casi dos meses para poner fin a la demanda del Departamento Federal de Justicia en el que acusaba al jefe de policía del condado de Maricopa, Joe Arpaio, de varias violaciones a los derechos civiles.
La jueza federal de distrito, Roslyn Silver, aprobó el miércoles de manera oficial el acuerdo que resuelve las acusaciones de que el departamento de Arpaio se vengaba de sus detractores, discriminaba a latinos durante las ahora extintas redadas en sitios de trabajo y castigaba a los reos hispanos por hablar en español.
Como parte del acuerdo, la jefatura de policía accedió a establecer políticas que prohíben los actos vengativos y reglas que regirán cualquier redada a lugares de trabajo en caso de que Arpaio decida retomarlas.
El Departamento de Justicia se enfocó en las acusaciones de que la oficina de Arpaio cometía actos vengativos ante jueces y autoridades del condado que enfrentaron al sheriff en disputas políticas y legales entre 2007 y 2010.
La agencia arrestó a dos oficiales del condado y un juez bajo cargos de corrupción, que rápidamente colapsaron en la corte. El condado acordó pagar 8.7 millones de dólares para finalizar demandas de personas que alegan que fueron investigadas por acusaciones fabricadas. Arpaio respondió que intentaba eliminar la corrupción del gobierno del condado.
Arpaio realizó decenas de redadas en lugares de trabajo entre 2008 y 2014, en donde se arrestaron a más de 700 inmigrantes, que fueron acusados de utilizar identificaciones falsas o robadas para obtener empleo.
Hace nueve meses, Arpaio detuvo los operativos de forma voluntaria, poco después de que un juez prohibiera a los funcionarios del gobierno a ejercer dos leyes que eran el sustento legal de las redadas, que representaban el bastión de Arpaio en materia migratoria.
Incluso con el acuerdo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos continúa su disputa legal contra Arpaio. La dependencia federal se unió a una demanda por separado por discriminación racial en contra de la jefatura de policía, por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles.
La jueza federal de distrito, Roslyn Silver, aprobó el miércoles de manera oficial el acuerdo que resuelve las acusaciones de que el departamento de Arpaio se vengaba de sus detractores, discriminaba a latinos durante las ahora extintas redadas en sitios de trabajo y castigaba a los reos hispanos por hablar en español.
Como parte del acuerdo, la jefatura de policía accedió a establecer políticas que prohíben los actos vengativos y reglas que regirán cualquier redada a lugares de trabajo en caso de que Arpaio decida retomarlas.
El Departamento de Justicia se enfocó en las acusaciones de que la oficina de Arpaio cometía actos vengativos ante jueces y autoridades del condado que enfrentaron al sheriff en disputas políticas y legales entre 2007 y 2010.
La agencia arrestó a dos oficiales del condado y un juez bajo cargos de corrupción, que rápidamente colapsaron en la corte. El condado acordó pagar 8.7 millones de dólares para finalizar demandas de personas que alegan que fueron investigadas por acusaciones fabricadas. Arpaio respondió que intentaba eliminar la corrupción del gobierno del condado.
Arpaio realizó decenas de redadas en lugares de trabajo entre 2008 y 2014, en donde se arrestaron a más de 700 inmigrantes, que fueron acusados de utilizar identificaciones falsas o robadas para obtener empleo.
Hace nueve meses, Arpaio detuvo los operativos de forma voluntaria, poco después de que un juez prohibiera a los funcionarios del gobierno a ejercer dos leyes que eran el sustento legal de las redadas, que representaban el bastión de Arpaio en materia migratoria.
Incluso con el acuerdo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos continúa su disputa legal contra Arpaio. La dependencia federal se unió a una demanda por separado por discriminación racial en contra de la jefatura de policía, por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles.
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