Internacional
Juez ordena a sheriff Arpaio suspender redadas a inmigrantes
Prohíbe procesar a cualquiera que fuera detenido por usar identidad robada para trabajar
PHOENIX, ESTADOS UNIDOS (06/ENE/2015).- Un juez federal emitió una medida cautelar que impide al sheriff del condado de Maricopa,
Joe Arpaio, aplicar dos leyes estatales que hacen que sea delito grave para
inmigrantes indocumentados utilizar identidades robadas para obtener trabajo.
La orden emitida este lunes por el juez federal David Campbell, también prohíbe al procurador de distrito del condado de Maricopa, Bill Montgomery, procesar a cualquier inmigrante que fuera detenido por esas causas.
La disposición del juez impide esencialmente a Arpaio continuar realizando sus controversiales redadas en sitios de trabajo para detener a indocumentados.
Al emitir su orden, el juez Campbell dijo que las dos leyes estatales que criminalizan el acto de robo de identidad con el fin de obtener un empleo, y establecen el delito de conspiración para cometer contrabando a quien paga a un traficante, son probablemente anticonstitucionales porque están precedidas por la ley federal.
Arpaio, quien se ha distinguido por su combate a la inmigración ilegal, se ha valido de estas dos leyes estatales para detener a cientos de indocumentados bajo los cargos de robo de identidad y de conspirar consigo mismo para contrabandearse a través de la frontera.
Utilizando ambas leyes, Arpaio condujo desde 2007 a la fecha, unas 80 redadas y arrestó a 790 trabajadores carentes de documentos migratorios, según estadísticas difundidas por la propia Oficina del Sheriff.
Muchos de los inmigrantes detenidos fueron entregados a las autoridades federales de inmigración y deportados. Sus procesos judiciales en Estados Unidos impiden a muchos de ellos cualquier posibilidad de poder regresar alguna vez al país legalmente.
La medida cautelar emitida por el juez Campbell, se desprende de una demanda interpuesta contra Arpaio en junio pasado por una coalición de organizaciones civiles, para forzar al sheriff a poner fin a las redadas en los centros de trabajo.
La demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el grupo pro inmigrante "Puente Arizona", cuestiona la forma en que el sheriff utiliza las leyes estatales contra la inmigración indocumentada para efectuar operativos en sitios de trabajo.
La demanda argumenta que las dos leyes estatales utilizadas por Arpaio, al tiempo que pretende hacer cumplir todas las variedades de robo de identidad, son mecanismos velados utilizados para promover una amplia agenda anti-inmigrante.
El dictamen sobre la demanda esta aún pendiente. Sin embargo, Arpaio ya había anunciado en diciembre pasado que planeaba desmantelar su unidad de inspección en sitios de trabajo a finales de enero o principios de febrero, una vez que se completara la investigación en curso.
La orden emitida este lunes por el juez federal David Campbell, también prohíbe al procurador de distrito del condado de Maricopa, Bill Montgomery, procesar a cualquier inmigrante que fuera detenido por esas causas.
La disposición del juez impide esencialmente a Arpaio continuar realizando sus controversiales redadas en sitios de trabajo para detener a indocumentados.
Al emitir su orden, el juez Campbell dijo que las dos leyes estatales que criminalizan el acto de robo de identidad con el fin de obtener un empleo, y establecen el delito de conspiración para cometer contrabando a quien paga a un traficante, son probablemente anticonstitucionales porque están precedidas por la ley federal.
Arpaio, quien se ha distinguido por su combate a la inmigración ilegal, se ha valido de estas dos leyes estatales para detener a cientos de indocumentados bajo los cargos de robo de identidad y de conspirar consigo mismo para contrabandearse a través de la frontera.
Utilizando ambas leyes, Arpaio condujo desde 2007 a la fecha, unas 80 redadas y arrestó a 790 trabajadores carentes de documentos migratorios, según estadísticas difundidas por la propia Oficina del Sheriff.
Muchos de los inmigrantes detenidos fueron entregados a las autoridades federales de inmigración y deportados. Sus procesos judiciales en Estados Unidos impiden a muchos de ellos cualquier posibilidad de poder regresar alguna vez al país legalmente.
La medida cautelar emitida por el juez Campbell, se desprende de una demanda interpuesta contra Arpaio en junio pasado por una coalición de organizaciones civiles, para forzar al sheriff a poner fin a las redadas en los centros de trabajo.
La demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el grupo pro inmigrante "Puente Arizona", cuestiona la forma en que el sheriff utiliza las leyes estatales contra la inmigración indocumentada para efectuar operativos en sitios de trabajo.
La demanda argumenta que las dos leyes estatales utilizadas por Arpaio, al tiempo que pretende hacer cumplir todas las variedades de robo de identidad, son mecanismos velados utilizados para promover una amplia agenda anti-inmigrante.
El dictamen sobre la demanda esta aún pendiente. Sin embargo, Arpaio ya había anunciado en diciembre pasado que planeaba desmantelar su unidad de inspección en sitios de trabajo a finales de enero o principios de febrero, una vez que se completara la investigación en curso.
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